Ecuador suspende perfilamiento genético de reos tras denuncia de El País

Ecuador suspendió temporalmente la toma de muestras genéticas a presos, luego de la denuncia que realizó El País de España el pasado fin de semana. En exclusiva, el diario español informó que los reos estaban siendo sometidos a un hisopado bucal bajo presión con el que se estaría realizando un perfilamiento genético sin su consentimiento.

Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), sí se estaban recolectando los datos de estas personas, pero esto se hizo a “modo de censo” para evitar suplantación de identidad de los presos.

“Desde el pasado 21 de febrero de 2024, este servicio nacional realiza el censo penitenciario en 16 Centros de Privación de Libertado (CPL) del país. Este proceso servirá para actualizar la información de las personas privadas de la libertad”, manifestó el SNAI en un comunicado.

El censo inició en la cárcel de Riomba y de Cotopaxi con el apoyo del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ecuador. Más adelante, el proceso se etendió a la Penitenciaría del Litoral y a la prisión de Guayas. Todas estas han sido escenario de motines en los últimos años.

También se tomaron fotografías de tatuajes y cicatrices, así como el registro de huellas dactilares e iris de los ojos de los presos. La información era recopilada en el Sistema Informático Penitenciario de Ecuador (SIP) y se hizo con el consentimiento de los reos, según el SNAI.

Sin embargo, según El País, la instrucción que se les dio a los presos de no consultar a sus abogados y ocultarles el derecho a negarse a tomar estas muestras sembró dudas sobre los fines del proceso de toma de muestras. Como señalan los periodistas Juan Diego Quesada y Carolina Mella, “si bien las muestras de ADN que se les está extrayendo a los internos pueden servir para crear una base de datos que facilite el reconocimiento en caso de masacres, para el control de suplantación de identidad, también pueden ser usados para involucrarlos en crímenes que vayan a cometer en el futuro o que ya hayan perpetrado en el pasado”.

“Por ejemplo, un preso condenado por homicidio que preste su material genético podría encontrarse con que esas muestras coinciden con las que se recogieron en un caso de violación”, destacan en el medio español.

Para el Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH), que monitorea la situación de las cárceles de Ecuador, este procedimiento está “violando el derecho a la salud, esos datos sensibles deben estar bajo absoluta reserva y ser consentida, y proporcionada de forma voluntaria”.

Según Prensa Latina, el gobierno de Daniel Noboa habría aprovechado el régimen de excepción que se declaró para enfrentar el conflicto armado interno para adelantar este registro genético. La oficina de la Presidencia de Ecuador no ha emitido declaraciones sobre esta polémica.

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Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), sí se estaban recolectando los datos de estas personas, pero esto se hizo a “modo de censo” para evitar suplantación de identidad de los presos.

“Desde el pasado 21 de febrero de 2024, este servicio nacional realiza el censo penitenciario en 16 Centros de Privación de Libertado (CPL) del país. Este proceso servirá para actualizar la información de las personas privadas de la libertad”, manifestó el SNAI en un comunicado.

El censo inició en la cárcel de Riomba y de Cotopaxi con el apoyo del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ecuador. Más adelante, el proceso se etendió a la Penitenciaría del Litoral y a la prisión de Guayas. Todas estas han sido escenario de motines en los últimos años.

También se tomaron fotografías de tatuajes y cicatrices, así como el registro de huellas dactilares e iris de los ojos de los presos. La información era recopilada en el Sistema Informático Penitenciario de Ecuador (SIP) y se hizo con el consentimiento de los reos, según el SNAI.

Sin embargo, según El País, la instrucción que se les dio a los presos de no consultar a sus abogados y ocultarles el derecho a negarse a tomar estas muestras sembró dudas sobre los fines del proceso de toma de muestras. Como señalan los periodistas Juan Diego Quesada y Carolina Mella, “si bien las muestras de ADN que se les está extrayendo a los internos pueden servir para crear una base de datos que facilite el reconocimiento en caso de masacres, para el control de suplantación de identidad, también pueden ser usados para involucrarlos en crímenes que vayan a cometer en el futuro o que ya hayan perpetrado en el pasado”.

“Por ejemplo, un preso condenado por homicidio que preste su material genético podría encontrarse con que esas muestras coinciden con las que se recogieron en un caso de violación”, destacan en el medio español.

Para el Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH), que monitorea la situación de las cárceles de Ecuador, este procedimiento está “violando el derecho a la salud, esos datos sensibles deben estar bajo absoluta reserva y ser consentida, y proporcionada de forma voluntaria”.

Según Prensa Latina, el gobierno de Daniel Noboa habría aprovechado el régimen de excepción que se declaró para enfrentar el conflicto armado interno para adelantar este registro genético. La oficina de la Presidencia de Ecuador no ha emitido declaraciones sobre esta polémica.

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