Parece un “castigo”, dice Fernando Muirragui con los ojos enrojecidos por el humo que inunda a Quito, al hacer un recuento de las penurias que atraviesa Ecuador. Acostumbrado a ir de tumbo en tumbo, el país encara su peor sequía en 61 años, apagones e incendios forestales. La capital se declaró en situación de emergencia debido a los 27 incendios forestales que ardieron el martes, algunos de los cuales se mantienen y cubren la ciudad de humo y cenizas.
“Ayer esto era una locura, era un infierno (...). Esto es un desastre”, dijo a la AFP Rolando Marcillo, de 60 años, dueño de una carpintería en el barrio Bellavista, en el este de la ciudad. Allí, los vecinos gritaban desesperados pidiendo agua tras la reactivación de las llamas. Los problemas “se nos han ido juntando. La (falta de) luz, pasable, aguantamos algo, pero lo de los incendios es el colmo”, agregó.
El fuego amenazó modestas y exclusivas zonas residenciales, y continuaba dando trabajo a unos 2.000 bomberos, militares, policías, socorristas y civiles que unen esfuerzos para transportar las mangueras y rastrillar el suelo en busca de focos. Algunos vecinos usan mascarillas para protegerse del humo y había varias aves de corral muertas, constataron periodistas de la AFP.
A Muirragui, de 56 años, la secuencia de desgracias le “parece como un castigo”. Su casa se salvó de las llamas, pero otra cercana fue consumida por completo. Ante la llegada de la prensa al barrio Bellavista, uno de los focos de incendio, un vecino reclamó: “No necesitamos fotos, necesitamos manos”. Una persona fue detenida como sospechosa de encender el fuego.
Cortes de luz y precios “exorbitantes” en Ecuador
La llamada “crisis hídrica” ha llevado al Gobierno a declarar en alerta roja a 20 de las 24 provincias de Ecuador, que este año ha registrado 3.300 incendios forestales, los cuales han dejado 14 heridos y casi 800 personas afectadas, según la Secretaría de Riesgos.
La sequía desde hace tres meses ha reducido a mínimos históricos los embalses de las hidroeléctricas, que cubren un 70 % de la demanda nacional, y obligó a nuevos racionamientos de energía, esta vez de hasta 12 horas por día. Por cada hora de corte de luz, Ecuador pierde US$12 millones, según el sector empresarial.
A los apagones se suman la falta de agua potable y la especulación de precios, que están empezando a crecer por los trastornos que la sequía genera en la producción agrícola. “Todo está subiendo”, dijo Consuelo, un ama de casa que evita dar su apellido por temor a la inseguridad causada por la violencia de las bandas del narcotráfico, otra de las crisis nacionales. “En las fruterías, la funda de verduras todavía cuesta un dólar, pero vienen menos tomates, menos cebollas, menos pimientos, y los vendedores creen que no nos damos cuenta”, agregó la exprofesora de 59 años.
Unas 40.000 hectáreas de cultivos ya se han visto afectadas por la sequía y el fuego, según el ministro de Agricultura, Danilo Palacios. La reducción de la cosecha de maíz, utilizado para alimentar aves de corral, podría empujar el precio de la cubeta de 30 huevos a niveles “exorbitantes”, como 10 dólares, frente a los 4 dólares actuales, de acuerdo con gremios productivos.
La inseguridad también es un problema en Ecuador
Ante los apagones, los comerciantes “estamos pidiendo menos a los proveedores de productos perecibles como carnes”, ya que “no se pueden almacenar por el peligro de que se echen a perder”, indicó Ana Topón, de 77 años y propietaria de una despensa en el centro histórico de Quito.
Pese al riesgo por los incendios cercanos y la contaminación del aire por el humo, a Muirragui le preocupa dejar su casa y ser víctima de la criminalidad. “No hay cómo abandonar las cosas porque la delincuencia aprovecha que no hay nadie” para robar, señaló.
La capital ecuatoriana también ha sufrido con balaceras los últimos días, por choques entre grupos narco. Un ataque armado contra personas que se encontraban en una peluquería dejó cinco muertos y un herido el pasado viernes. Ecuador, con 17 millones de habitantes, registró en 2023 un récord de 47 homicidios por cada 100.000 personas, frente a la tasa de 6 de 2018.
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