Educación sexual y anticonceptivos: próximos objetivos de los “provida” en EE. UU.

El 24 de junio de 2022, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos revocó el fallo de Roe vs. Wade y puso fin a las protecciones del aborto en el país, las expertas que consultamos sobre lo que significaba esa decisión coincidían en una cosa: ese era apenas el inicio. Los sectores más conservadores no se detendrían hasta tener un control mucho mayor sobre las libertades de la mujer y la autonomía sobre su cuerpo. Y tenían razón. Gabriela Benazar Acosta, oficial de prensa de Planned Parenthood Federation of America, hablaba, por ejemplo, de los planes para prohibir las pastillas anticonceptivas e incluso el uso del condón. ¿Qué ha pasado desde entonces y a dónde pretenden llegar?

El 24 de junio de 2022, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos revocó el fallo de Roe vs. Wade y puso fin a las protecciones del aborto en el país, las expertas que consultamos sobre lo que significaba esa decisión coincidían en una cosa: ese era apenas el inicio. Los sectores más conservadores no se detendrían hasta tener un control mucho mayor sobre las libertades de la mujer y la autonomía sobre su cuerpo. Y tenían razón. Gabriela Benazar Acosta, oficial de prensa de Planned Parenthood Federation of America, hablaba, por ejemplo, de los planes para prohibir las pastillas anticonceptivas e incluso el uso del condón. ¿Qué ha pasado desde entonces y a dónde pretenden llegar?

Lo primero es entender que, con el fin de Roe, Estados Unidos quedó dividido en tres categorías de estados. Eso es muy perjudicial, pues como dice Heidi Fantasia, profesora asociada de enfermería en la UMass Lowell, crea un sistema desigual y “exacerba aún más las disparidades en salud… Para las mujeres, recibir atención de salud reproductiva dependerá en gran medida del lugar donde vivan”, reprochó. Y es que ha quedado todo un mosaico de leyes que confunden a la población, y que, como dice Fantasia, aumentan las brechas entre la comunidad, siendo las afroamericanas y las latinas las más afectadas.

Por un lado, tenemos a los estados progresistas, como Nueva Jersey, que no solo protegieron el acceso al aborto, sino que también buscaron facilitar el acceso para mujeres de otros estados, financiando viajes y protegiendo a los médicos de demandas. Luego están los intermedios, donde si bien no hay una prohibición total, hay un alto riesgo de que la haya pronto. Esto dependerá de cómo se mueva el electorado en los próximos comicios. Es el caso de Pensilvania, por ejemplo.

Tenemos a los estados más conservadores, como Texas, Louisiana, Mississippi u Oklahoma, los cuales prohibieron el aborto a partir de las seis semanas de gestión ante la caída de Roe. Muy pocas mujeres podrían saber que están embarazadas en esta pequeña ventana de tiempo. Ya son 24 estados los que han adoptado medidas similares. Llama la atención que estos estados más restrictivos son, además, donde menos atención de maternidad hay, según un análisis de Stacker.com. Faltan centros de atención o proveedores obstétricos, lo que aumenta las probabilidades de mortalidad materna. El sur es un desierto de atención obstétrica.

Pero en estos lugares no solo han sido las prohibiciones, sino el cómo se llevan a cabo. ¿Cómo hacer que se cumplan las nuevas restricciones? Texas, por ejemplo, tiene una “ley de cazarrecompensas”, o SB8, que avivó a la ciudadanía a informar sobre cualquier persona sospechosa de estar involucrada en un aborto -incluyendo doctores-, sin excepciones para casos de violación o incesto. En otros lugares, como Oklahoma, se han usado los datos digitales de las mujeres, como su historial de búsqueda, sus chats privados y sus extractos bancarios, para obtener evidencia y construir casos por presuntos abortos ilegales.

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En cada área, las mujeres están siendo asediadas. Los republicanos buscan blindar su histórico golpe. Pero como dijo Benazar: derrocar Roe no era el objetivo final. Estas son algunas de las nuevas fronteras en la lucha contra la autonomía y la libertad femeninas. En Texas, Jonathan Mitchell, el abogado responsable de diseñar la estrategia para la mencionada “ley de cazarrecompensas”, está buscando aplicar su mismo plan para retirar libros que aborden temas como el aborto y la sexualidad de las bibliotecas locales y distritos escolares. En Idaho ya se vio algo por el estilo. La Universidad de Idaho emitió un memorando en el que advirtió al personal de no hablar sobre la interrupción del embarazo o sería sancionado. Los grupos conservadores quieren borrar todo rastro de información sobre el aborto.

Hay una preocupación especial dentro de la comunidad médica. Tess Andrews, estudiante de psicología y neurociencia en Michigan, dice que estos temas son tratados con delicadeza o son evitados. Según la Universidad de Stanford, la mitad de las facultades de medicina no incluyen capacitación o formación sobre el aborto, a pesar de ser un procedimiento común; solo ofrecen una conferencia. Hay varios esfuerzos legislativos para frenar la formación en esta área, siendo los más notables en Ohio.

Otro campo de batalla son las cadenas de farmacias en el país, como CVS, y la mifepristona, una píldora abortiva que fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos como un método seguro y eficaz para interrumpir un embarazo temprano. La píldora, que debe ser combinada con el misoprostol, ha sido la vía de escape para que miles de mujeres puedan abortar en estados donde hay restricción, ya que solo necesitan acceso al medicamento y una guía de telemedicina. Por eso los fiscales y jueces de 20 estados republicanos le han declarado una guerra en los tribunales a esta medicación. El Instituto Guttmacher rastreó 118 restricciones a estos medicamentos en 2022, en 22 estados conservadores. Lo que buscan los grupos antiaborto es negarles el acceso a la píldora a las mujeres y evitar que los medicamentos puedan atravesar las fronteras de sus estados a través de las faramacias de cadena. La otra vía de escape ha sido viajar a otro estado para poder abortar.

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Como observamos en el mapa, los estados vecinos de los que prohibieron el aborto experimentaron un aumento de estos procedimientos tras la caída de Roe, lo que ha sobrecargado sus sistemas de atención como se había previsto. Los conservadores también quieren acabar con esto y han aprobado leyes para criminalizar a quienes obtengan abortos en otros estados. A su vez, los demócratas aprueban leyes para proteger a las mujeres que viajan a los estados liberales en búsqueda de un aborto. Este choque de reglas, que genera confusión, ha sumergido al país en un escenario similar al que se vio previo a la Guerra Civil, cuando estados del norte y el sur entraron en conflicto por la Ley de Esclavos Fugitivos y se acabó la “cortesía”, la idea de que los estados respetaran las leyes de otros estados. Las reglas sobre el aborto diferentes en los estados están causando conflictos que podrían desembocar en la Corte Suprema, que tendrá que elegir un lado u otro, aumentando la polarización.

Pero la batalla más importante es contra los anticonceptivos. Los republicanos no solo quieren criminalizar el aborto en el país, sino acabar con las opciones para prevenir embarazos en primer lugar. Desde 1965, gracias al fallo en el caso Griswold vs. Connecticut, los estadounidenses pueden comprar condones y usar anticonceptivos sin interferencia del gobierno. El juez de la Corte Suprema Clarence Thomas quiere revisar el caso para cambiar el estado sobre el acceso a la anticoncepción. Los intentos de restringir las pastillas ya están en marcha en Idaho y Texas.

Hay otras batallas en curso, como la del estatus legal de un feto. ¿Debería ser considerado una persona constitucional? Los republicanos buscan que así sea. Dicha consideración abriría una caja de Pandora. Si el Congreso aprueba una ley que dice que un feto es una persona, o la Corte Suprema señala que es una persona constitucional, hay una cascada de preguntas: “¿los individuos serían nueve meses mayores al nacer? ¿Cómo afectaría esto las leyes sobre votar, beber, obtener licencias de conducir o calificar para el Seguro Social o la jubilación? ¿O qué hay de las leyes de edad de consentimiento para el matrimonio o el sexo? ¿Cómo podría afectar la responsabilidad penal de los menores que son juzgados como adultos?”, se pregunta David Schultz, profesor de derecho en la U. de Hamline.

Estas son las instancias hacia donde se dirige la lucha por los derechos reproductivos, pero la defensa de los anticonceptivos promete ser la pelea más intensa en este ámbito de cara a las elecciones en 2024. ¿La razón? Los legisladores republicanos que buscan dinero para sus campañas esperan ganarse el apoyo de los grupos antiaborto, como Susan B. Anthony Pro-Life America, que la tienen en lo más alto de su lista de prioridades. “Si eres republicano, quieres que te vean como pro-vida, y el grupo de Susan B. Anthony ayuda a definir quién es pro-vida”.

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