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Estados Unidos actualizó su listado de “corruptos y antidemocráticos”, o Lista Engel, con 60 nombres de funcionarios o exfuncionarios de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua a quienes se les prohíbe entrar en el país.
En este listado, que el Departamento de Estado elabora anualmente y presenta al Congreso, se identifica a las personas que “a sabiendas se han involucrado en actos que socavan los procesos o instituciones democráticos, en actos de corrupción o han obstruido investigaciones”. Se encuentran nombres de seis salvadoreños, 23 nicaragüenses, 15 hondureños y 16 guatemaltecos.
El gobierno del presidente Joe Biden los acusa de múltiples delitos, desde obstrucción a la justicia hasta narcotráfico. De hecho, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, extraditado y que está siendo juzgado por tráfico de droga, formó parte de la lista en su día.
Estos individuos “debilitan la capacidad de los gobiernos de la región para responder a las necesidades de sus ciudadanos, contribuyendo a la migración irregular y desestabilizando sociedades”, afirma el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, en un comunicado.
La Casa Blanca considera la corrupción como un flagelo que carcome las sociedades en general y uno de los factores de la inmigración, su gran problema en la frontera sur, a donde llegan olas de migrantes, muchos de ellos del Triángulo Norte.
Los ciudadanos centroamericanos “merecen y esperan gobiernos que respeten sus derechos humanos, respeten el estado de derecho y creen las condiciones para que las personas y las comunidades prosperen”, recalcó este miércoles Blinken. De hecho, los cuatro países de la lista quedaron excluidos de la Cumbre de la Democracia celebrada por Biden en diciembre.
Nicaragua no figuraba en la lista de 2021, pero integra la de este año con 23 nombres de fiscales y jueces a los que Estados Unidos acusa de haber condenado por cargos falsos a líderes prodemocracia que combaten al mandatario Daniel Ortega, cuya reelección no reconoce por considerarla fraudulenta.
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Entre otros destacan los fiscales nicaragüenses Marling de Jesús Castro Rodríguez, Yubelca del Carmen Pérez Alvarado, Jorge Luis Arias Jarquín y Andrea del Carmen Salas, además de Perla de los Ángeles Baca, de Chinandega, y Luis Alberto Mena Gámez, de Nueva Segovia.
En Guatemala, la lista incluye a personas que han contribuido a procesar a funcionarios de justicia, una de las críticas recurrentes de Washington al gobierno guatemalteco. Entre otros nombres figuran los jueces del Tribunal Supremo, Nery Osvaldo Medina Méndez y Vitalina Orellana y Orellana, y el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Jose Rafael Curruchiche. También el exministro de Comunicación e Infraestructura, José Luis Benito.
En cuanto a Honduras, Washington apunta sobre todo a exfuncionarios de gobiernos anteriores como el exministro de Sanidad Javier Rodolfo Pastor Vásquez o el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos “El Tigre” Bonilla. También la integran el diputado Edgardo Antonio Casaña y el vicepresidente del Congreso, Rasel Antonio Tomé Flores.
Por último, Washington acusa a políticos salvadoreños cercanos al presidente Nayib Bukele, como el secretario de prensa José Ernesto Sanabria y el diputado Christian Reynaldo Guevara Guadron, o el consejero legal de la presidencia, Francisco Javier Argueta Gómez.
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