EE. UU. aprieta, pero no ahorca: el regreso de sanciones a Venezuela, explicado

El miércoles, Estados Unidos comunicó la decisión de no renovar la Licencia 44, la cual expiraba a medianoche y por la que se habían relajado las sanciones contra Venezuela para que el país caribeño pudiera vender su petróleo y utilizar su sistema financiero para pagar y cobrar deudas. No fue una sorpresa. “Era lo esperado, que la licencia fuese revocada”, sentencia el economista Asdrúbal Oliveros, director de la empresa Ecoanalítica.

El miércoles, Estados Unidos comunicó la decisión de no renovar la Licencia 44, la cual expiraba a medianoche y por la que se habían relajado las sanciones contra Venezuela para que el país caribeño pudiera vender su petróleo y utilizar su sistema financiero para pagar y cobrar deudas. No fue una sorpresa. “Era lo esperado, que la licencia fuese revocada”, sentencia el economista Asdrúbal Oliveros, director de la empresa Ecoanalítica.

Washington había advertido que si el gobierno de Nicolás Maduro no facilitaba un proceso electoral transparente y libre, como se pactó en el Acuerdo de Barbados de 2023, la licencia concedida no iba a continuar. Hay razones de peso para considerar que la decisión de EE. UU. fue consecuente, considerando que el gobierno Maduro incumplió con lo acordado. Y no se trata solo de las muy controvertidas trabas a las inscripciones de campañas de la oposición, de las que se ha hecho mucho eco en los medios.

Para no ir tan lejos, el registro electoral de votantes ha sido una tortura para la ciudadanía: el lapso fue extremadamente corto -el Consejo Nacional Electoral dio menos de 30 días, y el proceso inició con retraso de una semana-, se denunciaron maltratos y los apagones en varias zonas demoraron pasos claves, como la toma de huellas, y se instaló la menor cantidad de puntos de registro de los tres últimos procesos electorales, según el Observatorio Electoral Venezolano. La organización Voto Joven señaló que se necesitaban entre 1.500 a 3.000 puntos, y solo se facilitaron 315 centros. “No se abrió el proceso democrático”, concluyó Washington en pocas palabras.

Sin embargo, el regreso de sanciones no es tan rígido como han apreciado algunas figuras políticas, como la senadora Paloma Valencia, o como intenta comunicar el mismo Maduro, según los expertos. Washington, en efecto, no renovó la Licencia 44, pero a su vez expidió la Licencia 44A para darles 45 días a aquellas empresas que hicieron negocios con PDVSA en estos seis meses, y que así terminen sus negocios y se evite un efecto no deseado en otros países.

“Esos 45 días dan espacio para la negociación e incluso más allá de ese plazo, porque, al final, Estados Unidos tiene la capacidad de relajar o reforzar el esquema de sanciones en función de cómo va avanzando la dinámica con Venezuela. El otro punto es que Washington se mostró dispuesto a otorgar licencias individuales a diferentes empresas para operar en Venezuela (revisando caso por caso). Son dos elementos claves. Para Colombia, por ejemplo, eso quiere decir que se restringen las operaciones con Venezuela, pero como todavía se pueden obtener licencias individuales, Ecopetrol todavía tiene posibilidades de negociación con Caracas, aunque son más engorrosas que antes”, dice Oliveros.

En palabras coloquiales, Estados Unidos apretó, pero no ahorcó el diálogo con Venezuela. El principal objetivo era volver a obligar a Maduro a sentarse en la mesa para negociar, luego de la arremetida de este contra la oposición, a través de bloqueos y arrestos en todo el país. Y es que, aunque se creía que Washington se había quedado sin cartas de negociación con la entrega de Álex Saab, todavía hay elementos que permiten disuadir a Maduro.

“El tema que más le afecta a él ahorita es que estaban usando la Licencia 44 para exportar petróleo a India, que era su mayor comprador. Con las licencias especiales que se podrían solicitar para operar en Venezuela, que permitirían negociar de manera individual y anónima, y así hacer tratos con India, esto le da otra ficha al Departamento de Estado para negociar”, explica el periodista venezolano Carlos Rodríguez López, estudiante de ciencias políticas en la Universidad Internacional de Florida.

Del lado de Maduro, las cartas de negociación son mucho más amplias. Como recuerda Rodríguez, “si algo tiene es margen para negociar, porque no hay Estado de derecho, ya que lo tiene secuestrado. No hay independencia de poderes que le impida tomar una decisión sobre, por ejemplo, ampliar las fechas de inscripción”. Para Rodríguez, no obstante, “hay cosas que se tienen que dar incluso antes de negociar, como muestra de buena voluntad, porque el chavismo ha roto todos los acuerdos hasta ahora, como el de Barbados”. ¿Qué puede ofrecer Maduro?

“Por un lado, tiene la liberación de presos políticos, que no le cuesta nada a él y le ayuda bastante a Joe Biden para mostrarle avances al Senado, donde enfrenta duras críticas. También podría permitir la sustitución de candidatos, como la de Enrique Márquez o Manuel Rosales, por Corina Yoris. Y otro factor es facilitar la votación en el exterior. Aunque en otros países no importa mucho, acá estamos hablando de casi seis millones de personas afuera”, afirma Rodríguez.

La importancia de esto último se evidencia en el caso de Ecuador, donde Maduro decidió cerrar su embajada y consulados, justificándose en el enfrentamiento que tienen los gobiernos del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Esta decisión dificulta el voto de cientos de miles de personas. A la pregunta de si la ventana de 45 días para negociar es muy corta para una acción significativa, considerando que quedan solo tres meses para las elecciones, los expertos consultados responden que no. Este plazo, señalan, podría ampliarse dependiendo de la voluntad que tenga Maduro para negociar y la urgencia que tenga para hacer negocios con países como India.

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