Las cifras de deportaciones realizadas por Estados Unidos son cada vez más preocupantes. A finales de diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, en inglés) informó que en los últimos ocho meses se deportaron 430.000 migrantes indocumentados, superando así los registros de cada año fiscal desde 2015 a 2019.
“Si un no ciudadano llega y no tiene base legal para permanecer en los Estados Unidos, será procesado y expulsado rápidamente, de conformidad con la ley estadounidense”, advirtió el DHS.
La publicación de estos datos se da en un momento en el que el DHS, en conjunto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), están organizando vuelos de deportación con mayor frecuencia hacia países de Centroamérica y a Colombia, Ecuador y Venezuela.
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Desde el pasado 5 de octubre, cuando se reanudaron los vuelos de deportación hacia Caracas, Estados Unidos ha facilitado al menos 10 vuelos de deportación, lo que expone la gravedad del problema. En solo las últimas dos semanas de diciembre de 2023, las agencias estadounidenses organizaron más de 30 vuelos de deportación que llevaron a casa a cerca de 5.000 personas.
El aumento del número de vuelos empezó desde el pasado 12 de mayo, cuando dejó de implementarse el Título 42, una medida que permitía la expulsión en caliente de los indocumentados por razones sanitarias. Sin embargo, la crisis se agudizó en el último trimestre de 2023. Del total de expulsados en los últimos ocho meses (482.000), más de 100.000 fueron deportados en los últimos dos meses.
La gran mayoría de las personas migrantes expulsadas cruzaron la frontera suroeste. Sin embargo, también se han registrado deportaciones de ciudadanos que se encontraban en el interior del país. Entre los lugares desde donde se han presentado más deportaciones destacan Miami, San Francisco, Chicago y Nueva York y New Orleans, que no son ciudades fronterizas.
Entre los deportados se encontraban adultos solteros y familias que no tenían bases legales para quedarse en el país. Sobre las nacionalidades de las personas expulsadas, el informe destaca en los primeros lugares a ciudadanos de Guatemala, Honduras, México, Colombia, Haití y Ecuador, además del caso particular de Venezuela.
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El DHS dice que, de acuerdo con la práctica habitual, “Estados Unidos garantiza que todos los no ciudadanos sin base legal para permanecer el país sean examinados adecuadamente para determinar si tienen reclamaciones de protección válidas y suspensión de expulsión de conformidad con nuestras leyes y las obligaciones internacionales de Estados Unidos”.
“Los no ciudadanos colocados en procedimientos de deportación presentan sus reclamos de alivio o protección de la deportación ante jueces de inmigración en los tribunales de inmigración, que son administrados por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia. Por razones de seguridad operativa, ICE no confirma ni discute operaciones de transporte futuras o pendientes”, señala el DHS.
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