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La Cancillería colombiana destacó “el compromiso conjunto entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico”, a propósito de la publicación este mes de marzo del Informe anual de la Estrategia Internacional para el Control de Estupefacientes, a cargo del Departamento de Estado.
La cartera liderada por Laura Sarabia destacó el “récord histórico en interdicción de cocaína en 2024, que presentó un aumento del 14 % frente al 2023, además de un crecimiento en la incautación de precursores químicos”, datos destacados en el informe estadounidense.
“Esto refleja el resultado de los esfuerzos bilaterales en el marco de las diversas instancias de diálogo político, el trabajo permanente entre las entidades y agencias de ambos países y el renovado compromiso con un enfoque holístico para abordar la producción y el tráfico de cocaína”, dijo la Cancillería.
¿Qué dice el informe de Estados Unidos?
En efecto, el informe del Departamento de Estado destaca que Colombia, al que sigue calificando como el principal productor y exportador mundial de cocaína, “estableció récords de incautaciones de cocaína en 2023 y, según cifras del Ministerio de Defensa, superó esas estadísticas en 2024”. En total, “las incautaciones colombianas de cocaína y base de cocaína sumaron 846 toneladas métricas en 2023, un 10 % más que en 2022”.
No obstante, también menciona que, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en un informe publicado en octubre de 2024, el cultivo de coca en Colombia aumentó un 10 % entre 2022 y 2023, pasando de 230.000 hectáreas a 253 000.
“Aunque esta cifra absoluta es un récord, también representa una desaceleración continua en el crecimiento del cultivo de coca en comparación con un aumento del 43 % de 2020 a 2021 y del 13 % de 2021 a 2022”, dice el documento.
Washington resume que “el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia siguen financiando economías criminales y desestabilizando comunidades debido, en parte, a la falta de desarrollo rural y seguridad”.
Anota que, “a pesar de las interdicciones sin precedentes, Colombia necesita controlar el cultivo de coca y la producción de cocaína mediante una expansión drástica de la inversión en zonas rurales para lograr una transición sostenible de los agricultores hacia cultivos legales y mediante un aumento de la erradicación efectiva”.
En momentos de incertidumbre por los recortes a la cooperación internacional hechos por Washington, así como el futuro de la certificación de Colombia en la lucha antidrogas que Estados Unidos deberá informar el próximo mes de septiembre, el Departamento de Estado reconoce que “la cooperación con apoyo estadounidense en materia de seguridad, como la construcción de comisarías en zonas rurales, y en materia de desarrollo, como la titulación de tierras, ha contribuido a reducir la violencia en zonas prioritarias”.
Sin embargo, a pesar de lo anterior, “los narcotraficantes siguen amenazando la autoridad del Estado y controlando algunas zonas. Con base en el desempeño actual, los programas colombianos de sustitución voluntaria de cultivos y desarrollo rural requieren un mayor compromiso del gobierno para lograr reducciones en el cultivo de coca”.
En su comunicado, la Cancillería también celebró que Estados Unidos “acogió con satisfacción la Política Nacional de Drogas 2023-2033 de Colombia ‘Sembrando vida, desterramos el narcotráfico’ e instó a Colombia a acelerar su aplicación, incluyendo los esfuerzos de erradicación”.
El informe se limita a señalar que “como parte de su política nacional antidrogas de septiembre de 2023, el Gobierno de Colombia se propone reducir el cultivo de coca en un 40 % y facilitar la transición de 50.000 pequeños cocaleros a medios de vida lícitos para el final del mandato del presidente Petro en agosto de 2026”.
Destacó que, como parte de este esfuerzo, en junio de 2024, “el gobierno colombiano lanzó, junto con Estados Unidos, la ‘Misión Cauca’ para financiar nuevas iniciativas de seguridad y desarrollo en una región asolada por el narcotráfico y la violencia asociada. El 13 de octubre de 2024, como continuación del enfoque en el Cauca, el presidente Petro envió 1.400 militares y policías colombianos a El Plateado, Cauca, para enfrentarse a la Organización Terrorista Extranjera Ejército del Pueblo (FARC-EP), designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera”.
El departamento concluye afirmando que el gobierno colombiano, “como política, no fomenta ni facilita la producción ni la distribución de drogas ilícitas, ni participa en el blanqueo de capitales provenientes de la venta de estas. Sin embargo, los flujos financieros ilícitos derivados del crimen organizado, el narcotráfico, el blanqueo de capitales y la minería ilegal alimentan la corrupción en Colombia”.
Detalla que “los casos de soborno que involucran a altos funcionarios continúan. La Fiscalía General de la Nación procesó a funcionarios públicos por corrupción relacionada con el narcotráfico, lo que resultó en condenas, y las unidades de asuntos internos del gobierno colombiano investigaron la corrupción relacionada con el narcotráfico, lo que en ocasiones resultó en despidos y procesos penales”.
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