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En las elecciones de medio término del 8 de noviembre en Estados Unidos, no solo se votó por nuevos gobernadores y congresistas, sino también, en algunos estados, sobre asuntos internos. Los estados de Alabama, Oregón, Tennessee, Luisiana y Vermont refrendaron sobre la eliminación en sus constituciones estatales de una excepción legal que permitía la esclavitud como forma de castigo y que aún tenía vigencia.
Tras la votación del martes, en Alabama, Oregón, Tennessee y Vermont quedó totalmente prohibida la esclavitud en todas sus formas. Pero en Luisiana la votación fue negativa e incluso el autor inicial de la propuesta de votación, el representante a la cámara demócrata Edmond Jordan, pidió a los votantes que votaran contra la propuesta. ¿Por qué?
En Luisiana refrendarían 8 enmiendas para reformar la constitución estatal. La enmienda 7 buscaba prohibir la esclavitud y el trabajo forzado. Sin embargo, el representante Jordan, abogado de derechos civiles, consideró que durante los debates, el lenguaje con el que se había redactado la enmienda quedaría en últimas permitiendo todavía el trabajo forzado y legalizando de nuevo la esclavitud.
La Constitución de Luisiana dice: “La esclavitud y la servidumbre involuntaria están prohibidas, excepto en el caso de que sea un castigo por un delito”. La enmienda habría cambiado eso a: “La esclavitud y la servidumbre involuntaria están prohibidas, pero esto no se aplica a la administración legal de la justicia penal”.
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La organización sin ánimo de lucro Council for a Better Louisiana también instó a los votantes a rechazar la propuesta y dijo que la Enmienda 7 es “un ejemplo de por qué es tan importante hacer un uso preciso del lenguaje cuando se presentan enmiendas constitucionales”.
De otro lado, en el estado de Tennessee, todas las formas de esclavitud quedaron definitivamente abolidas con el 79,54 % de los votos, según cifras de la secretaría de estado. Ahora la constitución dice: “La esclavitud y la servidumbre involuntaria están prohibidas para siempre. Nada en esta sección prohibirá que un recluso trabaje cuando haya sido debidamente condenado por un delito”.
En el estado de Alabama se eliminó la excepción constitucional para la esclavitud y se agregó una sección sobre el trabajo de los convictos, similar a la añadida en Tennessee.
Vermont, que en 1777 fue el primer estado de los Estados Unidos en prohibir la esclavitud, aún permitía el trabajo forzado “para el pago de deudas, daños, multas, costos o similares”, según se establecía en su constitución. Ahora, ese apartado reza: “La esclavitud y la servidumbre por contrato en cualquier forma están prohibidas”. La medida fue aprobada con el 89 % de los votos.
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En cambio, en el estado de Oregón, los márgenes fueron significativamente más estrechos: el 54 % de los votantes estuvo de acuerdo con derogar la excepción de la esclavitud. Más de 600.000 personas votaron en contra. Aún así, ahora la constitución de Oregón prohibirá la esclavitud y el trabajo forzado como castigos penales. Además, se añadió una sección que autoriza a un tribunal o a una agencia de libertad condicional a impartir alternativas al encarcelamiento como parte de una condena.
¿No estaba ya prohibida la esclavitud?
No exactamente. Los resultados fueron celebrados entre activistas del aún vivo movimiento contra la esclavitud. Puede resultar difícil de creer que la esclavitud siga existiendo en Estados Unidos 159 años después de la Proclamación de emancipación, un decreto presidencial emitido por Abraham Lincoln para liberar a los esclavos del sur del país y darles estatus de ciudadanos. Sin embargo, casi 20 estados tienen excepciones en sus constituciones que la permiten a modo de castigo.
Inclusive, la Constitución de los Estados Unidos tiene una excepción: la enmienda 13. Fue un ajuste que se hizo a la Constitución estadounidense en 1865, tres años después de la proclamación de emancipación y pocos meses antes de que finalizara la guerra civil. En esa guerra, también llamada Guerra de Secesión, precisamente el país se dividía entre unionistas, bando de los estados del norte, liderado por republicanos favorables a prohibir la esclavitud, y confederados, demócratas de los estados del sur quienes querían que el modelo esclavista continuara y se expandiera.
La enmienda 13 traduce: “Ni en los Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción habrá esclavitud ni trabajo forzado, excepto como castigo de un delito del que el responsable haya quedado debidamente convicto”.
En la actualidad, la excepción de la esclavitud continúa permitiendo la explotación de las personas encarceladas como mano de obra barata. El documental 13th, de la cineasta estadounidense Ava DuVernay y nominado a un premio Oscar, aborda esta problemática. La investigación señala que los estados que en su momento fueron confederados, entre los que precisamente están Alabama, Luisiana y Tennessee, encontraron formas de mantener la dinámica de la esclavitud luego de la Guerra Civil gracias a la excepción de la Enmienda 13.
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Fue en esos estados donde tuvieron vigencia las leyes ‘Jim Crow’, donde se segregaba a las personas negras y se les criminalizaba por acciones como no cederle un asiento en un bus a una persona blanca, hablar demasiado alto o no ceder el paso en la acera. Aunque esas leyes se abolieron del todo en 1965, activistas contra el racismo todavía denuncian que la policía estadounidense persigue de manera desigual a las personas negras.
Prueba de esto no solo son los cada vez más notables casos de brutalidad policial dirigidos particularmente a personas negras, sino que, la mayoría de la población encarcelada en Estados Unidos está conformada por afrodescendientes (38 %), pese a que son minoría en el país (12 %). Así lo confirmó una investigación del Pew Research Center en 2020.
Pero el fenómeno va más allá: los datos de encarcelamiento federal y estatal del Departamento de Justicia de EE. UU. muestran que, entre 1975 y 2019, la población carcelaria se disparó: de 240.593 pasó a 1,43 millones de estadounidenses. Entre ellos, alrededor de 1 de cada 5 personas fue encarcelada por un delito relacionado con drogas: una consecuencia directa de la denominada ‘guerra contra las drogas’. Y, precisamente, la amplia mayoría de personas capturadas por delitos como producción o comercio de drogas son negras, tal como se evidencia en los datos desagregados de la misma fuente y recopilados por la AP.
Tras la aprobación de penas más severas por posesión de drogas, la tasa de encarcelamiento de negros en Estados Unidos se disparó de 598 por cada 100.000 personas en los años 70, a 1808 en los 2000. En ese mismo período, el promedio para la población latina aumentó de 208 por cada 100.000 habitantes a 615. En contraste, la tasa de encarcelamiento de blancos aumentó de manera menos precipitada: pasó de 103 por cada 100.000 personas a 242.
Así, como si fuera un déjà vu del siglo XIX, todavía hay afroamericanos encarcelados recogiendo cultivos en las plantaciones de todo el país sin recibir ningún pago. De este tipo de trabajo puede disponer tanto el sector público como el privado.
En resumen: en Estados Unidos la esclavitud sigue vigente en algunos estados como castigo penal, y a quienes más afecta es a la población negra.
¿Servirá de algo?
Votaciones similares a la de 2022 ocurrieron en 2020 en Nebraska y Utah. La decisión tomada en las urnas es un avance, pero no implica la eliminación inmediata de la esclavitud en las prisiones.
El representante a la Cámara por el partido Republicano del estado de Luisiana Alan Seabaugh señaló que la enmienda sería “meramente simbólica” y que “no traería ningún efecto”. Esto porque, en la práctica, no se obliga a los sistemas legales de los estados a cambiar el funcionamiento del sistema penitenciario en tanto desde la Constitución nacional hay una excepción vigente que permite la esclavitud.
De hecho, en febrero de 2022, dos prisioneros presentaron una demanda contra el estado de Colorado alegando que se les obligó a trabajar a pesar de sus condiciones de salud y, al hacerlo, se violó la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzado ya establecida en la constitución de ese estado.
Sin embargo, la senadora demócrata de Tennessee, Raumesh Akbari, afirmó que estas votaciones son “un paso importante”, pues pueden invitar a impugnaciones legales sobre la práctica de obligar a los reclusos a trabajar bajo la amenaza de sanciones o pérdida de privilegios.
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