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El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, anunció medidas contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y el exministro de Planificación Federal Julio de Vido por su “participación en importantes actos de corrupción durante su mandato público”. Tanto Kirchner como De Vido no podrán ingresar a territorio estadounidense, al igual que sus familiares más cercanos.
“Abusaron de sus posiciones al orquestar y beneficiarse financieramente de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas, resultando en millones de dólares robados al gobierno argentino”, afirmó Rubio en un comunicado.
El jefe de la diplomacia estadounidense recordó que “múltiples tribunales” han condenado a ambos por corrupción, “socavando la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro de Argentina”.
“Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público para beneficio propio. Estas sanciones reafirman nuestro compromiso de combatir la corrupción global, incluso en las más altas esferas del gobierno”, concluyó Rubio.
¿De qué se le acusa a Cristina Fernández?
Cristina Fernández de Kirchner enfrenta múltiples acusaciones judiciales en Argentina. La más destacada es la causa “Vialidad”, donde fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la concesión de obras viales al empresario Lázaro Báez durante su mandato y el de Néstor Kirchner (2003-2007).
En noviembre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó un fallo en su contra, condenándola a seis años de prisión e inhabilitación política. Sin embargo, debido a su edad, no cumpliría la pena en prisión en caso de que la Corte Suprema ratifique la sentencia.
Con esta medida, Kirchner y De Vido se suman a la lista de figuras políticas sancionadas por Estados Unidos bajo el artículo 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado. Esta legislación permite prohibir el ingreso a EE. UU. de funcionarios extranjeros implicados en actos de corrupción o en violaciones graves de derechos humanos.
Rubio enfatizó que Washington “continuará promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público en beneficio propio” y reafirmó su compromiso con la lucha contra la corrupción a nivel global, incluso en los más altos niveles de gobierno.
Las sanciones impuestas a la expresidenta y al exministro han generado reacciones diversas en Argentina. Desde el oficialismo, sectores cercanos a Javier Milei han celebrado la decisión como una prueba más de la corrupción en el kirchnerismo. Por su parte, dirigentes peronistas han calificado la medida como una intervención externa en la política argentina.
Kirchner, de 72 años, es una de las principales figuras de la oposición a Milei y lidera el Partido Justicialista. Sus seguidores han denunciado lo que consideran una persecución política tanto dentro como fuera del país. En tanto, De Vido, quien ocupó la cartera de Planificación durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ha reiterado su inocencia en varias oportunidades.
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