EE. UU. tiene un gran problema con sus “documentos clasificados”, se lo explicamos

La lista de funcionarios y exfuncionarios del gobierno estadounidense que han sido acusados de guardar documentos clasificados en sus casas continúa creciendo: primero fue el expresidente republicano, Donald Trump, luego fue el actual presidente demócrata, Joe Biden, y ahora el FBI reportó que Mike Pence, la fórmula vicepresidencial de Trump, también tenía papeles clasificados como “secretos” en su hogar.

La lista de funcionarios y exfuncionarios del gobierno estadounidense que han sido acusados de guardar documentos clasificados en sus casas continúa creciendo: primero fue el expresidente republicano, Donald Trump, luego fue el actual presidente demócrata, Joe Biden, y ahora el FBI reportó que Mike Pence, la fórmula vicepresidencial de Trump, también tenía papeles clasificados como “secretos” en su hogar.

“Evidentemente, todo el mundo en el gobierno de Estados Unidos tiene documentos clasificados en sus casas. Esto nunca solía pasar. Los vicepresidentes anteriores tenían otros métodos para deshacerse de este tipo de cosas. Al Gore habría reciclado inmediatamente los documentos y Dick Cheney les habría disparado”, bromeó Stephen Colbert, en su programa Late Show.

Secretos nucleares, nombres de espías, cables diplomáticos: en todo el mundo, los gobiernos tienen cuidado de no revelar información que pueda comprometer su seguridad, la de sus agentes o sus relaciones con otros estados. Pero estos últimos hallazgos sobre los residentes de la Casa Blanca han reavivado en el país las dinámicas de esta práctica de clasificación de documentos como “secretos”.

¿Por qué ha sido tan escandaloso el descubrimiento sobre Trump, Biden y Pence?

En 1974, luego de su renuncia tras el escándalo de Watergate, el expresidente Richard Nixon se llevó consigo a su residencia en California las infames grabaciones que lo dilapidaron políticamente. El Congreso no tenía para ese momento control sobre ese material y metía que pudiera ser destruido, así que se aprobó la Ley de Registros Presidenciales años después para evitar un episodio similar. Desde entonces, las reglas para los inquilinos de la Casa Blanca han sido diferentes.

“Todos los registros de los presidentes y su personal, cuando dejan el cargo, se convierten en registros presidenciales que van a los Archivos Nacionales. El dueño de estos documentos es el pueblo estadounidense”, explica Jason R. Baron, quien trabajó en los Archivos Nacionales por 13 años, a la NPR.

Las nuevas reglas incluyen a todo el material presidencial, desde notas de rutina hasta los documentos ultrasecretos de seguridad nacional, como resalta Baron. Los casos expuestos son muy diferentes: por un lado, los equipos de Biden y Pence parecen haber cometido errores con aparente honestidad y se llevaron solo un puñado de documentos sin darse cuenta, según dicen. Tan pronto como supieron lo que tenían en sus manos, los dos decidieron colaborar con los Archivos Nacionales y las autoridades para devolverlos e investigar ese “descuido”.

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Para los expertos en el manejo de documentos clasificados, este no es un argumento muy loco, y esa es la razón que llevó a Cameron Joseph, periodista de Vice, a decir que este escándalo es “más tonto de lo que pensamos”. Según le explicó Jeffrey Fields, exfuncionario del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado, a Joseph, hay tanta información clasificada circulando todos los días que parece inevitable que sucedan errores. El problema, entonces, parece ser que hay demasiadas cosas que se clasifican innecesariamente.

“Cada vez más de lo que se clasifica son cosas como presentaciones de PowerPoint y hojas de cálculo, mensajes de texto y videoconferencias. El volumen total es algo que ya ni siquiera podemos medir en papel... No sabemos qué está almacenado en la nube o, en algunos casos, eliminado y simplemente destruido por completo para que nadie lo sepa”, señaló el historiador Matthew Connelly, consultado por la NPR.

Para ponerlo en perspectiva, un ensayo de Harvard de 2004 calculó el número de documentos clasificados en alrededor de 7.500 millones de páginas. Para 2012, la tasa de registros que se clasificaron como “secretos” fue de 3 por segundo, lo que da un estimado de 95 millones de clasificaciones solo en ese año. A esto hay que sumarle que más de 4 millones de personas son elegibles para acceder a esta información y cerca de 1.2 millones pueden acceder a los registros con la designación privada más alta de todas. Mucha información circulando y no tan pocas personas con acceso a esta, como se cree.

La razón por la que se clasifican tantos documentos como privados, explica Joseph, es que hay tanto miedo por no clasificar o manejar mal una información que se tiene extrema precaución y se clasifican cosas que, en muchas ocasiones, no deberían ser clasificadas. De los tres tipos de clasificación de documentos secretos que se usan (confidencial, secreto y alto secreto), el nivel inferior, es decir, el confidencial, se ha usado de manera excesiva, según Vice. E incluso los documentos con el grado más alto de información suelen contener datos “mundanos”. La información se clasifica no por la información, sino por el interés que podría haber por parte de los adversarios del gobierno en los documentos más triviales que se manejan en la administración.

“Muchos de los documentos clasificados no son tan sensibles”, dijo a la AFP Bruce Riedel, un ex experto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que ahora trabaja en el centro de estudios Brookings Institute.

Si bien es legítimo proteger “los planes del Ejército para Ucrania” se puede cuestionar si es pertinente marcar como confidencial “el cable que anuncia que el secretario de Estado viajará a Israel el lunes”, que es una información publicada en los medios, dijo Riedel.

En 2016, un informe del Congreso señaló que “entre el 50 y el 90 % del material clasificado no está bien categorizado”. La desclasificación a veces provoca sonrisas, como cuando la CIA levantó en 2011 el secreto sobre documentos protegidos durante casi un siglo que explicaban... cómo crear tinta invisible.

Según Riedel, como para Joseph, la culpa es de la “inercia burocrática”: para un funcionario “es más seguro clasificar los documentos, de modo que si alguien le pregunta por qué pasó a ser de dominio público, puede decir que hubo una filtración”.

“Algunos concluirán que los procedimientos que regulan el uso de documentos clasificados son demasiado laxos, pero este no es el caso”, dijo Elizabeth Goitein, especialista en seguridad nacional del grupo de expertos Brennan Center for Justice.

“El culpable está en otro lado”, escribió en una columna publicada por el semanario The Nation. “Radica en el pecado original que explica casi todas las disfunciones del sistema: clasificamos demasiados” documentos.

Este es el “pecado original” y la raíz del problema que enmarca la clasificación de documentos en Estados Unidos. Como señaló en 1971 el entonces juez de la Corte Suprema, Potter Stewart, “cuando todo se clasifica, nada se clasifica, y el sistema es ignorado por los cínicos o los inconscientes, que incluso lo manipulan para su beneficio personal”.

Ese es precisamente el caso del expresidente Trump, quien demostró que no haber cometido un “error honesto” como Biden o Pence. El republicano luchó para no devolver las cajas cargadas de documentos confidenciales —porque no eran solo un puñado: eran cajas repletas de páginas secretas— e incluso ordenó que se ocultaran de los funcionarios gubernamentales que fueron a reclamarlas en su residencia en Mar-a-Lago.

“La mayoría de los presidentes llegan al cargo con la promesa de revelar secretos gubernamentales. Sin embargo, una vez que asumen el cargo, prefieren el cómodo sistema que mantiene sus acciones ocultas del escrutinio y la evaluación del público. Lo que tenemos ahora es un vasto complejo de secretos militares y de inteligencia que sigue creciendo, una receta para la mala toma de decisiones y el gobierno irresponsable”, señala Fareed Zakaria, columnista de The Washington Post.

Y quienes trabajan con documentos clasificados demandan cierto grado de castigo contra los funcionarios que cometen este tipo de actos por su manejo inadecuado de la información. A los empleados de los diferentes departamentos del gobierno les exigen que sean extremadamente cuidadosos con los documentos tratados, por lo que genera incomodidad que las cabezas no reciban un castigo por su comportamiento.

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