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Funcionarios estadounidenses se reunieron en secreto esta semana con miembros de la Administración del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para mantener su compromiso en negociaciones sobre reformas democráticas mientras se acerca la fecha límite para restablecer las sanciones contra la industria petrolera del país.
Representantes del Gobierno de Joe Biden y de Venezuela, incluido Daniel Erikson del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y el principal negociador de Maduro, Jorge Rodríguez, se reunieron el martes en Ciudad de México para discutir las condiciones electorales, según personas con conocimiento directo del asunto.
El mismo día, el presidente colombiano, Gustavo Petro, voló a Caracas con el respaldo de EE. UU., y se reunió con Maduro durante casi tres horas antes de sentarse con el candidato presidencial de oposición Manuel Rosales la mañana siguiente. La visita se produjo luego de que Colombia criticara de manera inusual a Maduro por bloquear la participación de varios candidatos de oposición en las elecciones del 28 de julio.
El Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU. declinó hacer comentarios. El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El jueves, el canciller interino de Colombia, Luis Gilberto Murillo, dijo que la Administración de Petro estaba en contacto constante con EE. UU. en relación con cuestiones regionales, incluida Venezuela. En una entrevista radial, Murillo dijo que Colombia siempre desempeñará un papel constructivo en el marco de los canales diplomáticos.
Maduro viene poniendo a prueba los límites de un acuerdo con la oposición respaldado por EE. UU. el año pasado. A María Corina Machado, que ganó las primarias de la oposición en octubre, y a Corina Yoris, se les ha prohibido presentarse a la carrera presidencial de este año.
Las repetidas ofensas han puesto a Washington en una situación cada vez más incómoda: si se deben volver a imponer sanciones al petróleo y al gas durante un año electoral en el que la migración se ha convertido en un tema clave para los votantes estadounidenses.
Si se levanta la suspensión, Venezuela podría perder un total de US$2.000 millones en ingresos petroleros para finales de 2024, según Luis Bárcenas, director de la firma económica Ecoanalítica, con sede en Caracas. De octubre a marzo, la licencia ha permitido al Gobierno de Maduro ganar US$740 millones adicionales en ventas de petróleo, según Eduardo Fortuny, director de Dinámica Venezuela, una firma consultora con sede en Caracas.
Murillo, quien ayudó a organizar la reunión con Rosales, dijo el jueves que también ha estado hablando confidencialmente con Machado.
Durante meses, EE. UU. viene instando a los vecinos de Venezuela a presionar a Maduro para que vuelva a alinearse. Las autoridades venezolanas y estadounidenses finalmente acordaron reunirse anteriormente esta semana. Se habían reunido el 23 de febrero, antes de que el Gobierno de Maduro convocara elecciones anticipadas e impidiera que Machado y Yoris se registraran.
Francisco Palmieri, jefe de misión diplomática para Venezuela, se unió a la delegación de EE. UU., dijeron las personas. La asesora adjunta de Seguridad Nacional, Jennifer Daskal, también asistió a la reunión, según una de las personas. Un funcionario de prensa de la misión diplomática para Venezuela declinó hacer comentarios sobre la participación de Palmieri.
Aun así, mucho sobre las elecciones sigue inconcluso, incluida la participación de observadores electorales fiables, que visitarán Venezuela a partir de esta semana.
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