EEUU puso fin a TPS pese a advertencias del Departamento de Estado

El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, decidió poner fin a los programas de Estatus de Protección Temporal (TPS) para salvadoreños, hondureños, haitianos y nicaragüenses, pese a las advertencias del Departamento de Estado sobre cómo afectaría a la seguridad nacional y regional.

Según documentos hechos públicos hoy por el Departamento de Estado, en 2017 el entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, envió una carta a la que fuera secretaria de Seguridad Nacional en funciones, Elaine Duke, para avisar de las consecuencias negativas de retirar la protección migratoria a más de 300.000 personas.

(Contexto: ¿Qué es el Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos y quiénes lo tienen?)

La misiva, fechada el 31 de octubre de 2017, alertaba de que poner fin al TPS para esas cuatro naciones tendría serias repercusiones en la política humanitaria y exterior de EE.UU.

Junto a la carta se encontraban las evaluaciones de los expertos del Departamento de Estado sobre las condiciones de los países, que concluían que ninguno de los cuatro estaba preparado para volver a absorber a los beneficiarios de TPS, que se verían obligados a regresar a sus lugares de origen después de perder las protecciones de EE.UU.

A pesar de las evaluaciones de los expertos, el Departamento de Seguridad Nacional decidió suspender el estatus legal de unos 2.500 nicaragüenses y más de 50.000 haitianos en noviembre de 2017, seguido de la terminación del TPS para más de 257.000 salvadoreños y hondureños en enero y mayo de este año.

En cada caso, la finalización incluyó un período de gracia de 18 meses para permitir que las personas afectadas se preparen para abandonar EE.UU.

(Ver más: Trump llamó países de mierda a los beneficiarios del TPS)

Geoff Thale, vicepresidente para Programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) comunicó que "aparentemente, la administración estaba más interesada en avanzar su agenda anti inmigrante que en velar por los intereses reales de los Estados Unidos  o humanitarios de las personas afectadas, y optó por seguir adelante y dar fin al programa de protección.”

La publicación de los documentos llega después de que fuera solicitada por el senador Robert Menéndez, el demócrata de más alto rango del Comité de Exteriores de la Cámara Alta, quien pretende demostrar el mal proceder del Gobierno con esta decisión.

El legislador solicitó a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) que investigue el proceso que finalmente puso fin a los TPS basándose en estos documentos.

(Puede leer: ¿Asilo y TPS en Estados Unidos para los venezolanos?)

El hecho de que la Administración desoyera las recomendaciones de sus diplomáticos puede poner en jaque la legalidad del cese de los programas.

"La publicación de estos documentos confirma aún más la forma irresponsable en que la agenda antiinmigrante de la Administración Trump pone en peligro nuestros intereses de seguridad nacional en Centroamérica y la seguridad de los beneficiarios de TPS y sus hijos estadounidenses", aseguró hoy Menéndez

"Como lo demuestra la publicación, el exsecretario Tillerson dejó claro que terminar el TPS para El Salvador y Honduras tendría grandes repercusiones, incluyendo una reacción violenta que debilitaría nuestra cooperación para combatir el tráfico de drogas y las bandas criminales en Centroamérica. Sin embargo, la Administración Trump lo hizo de todos modos", reiteró.

Desde la terminación del TPS, las condiciones se han agravado dramáticamente en Nicaragua, donde cientos de personas han muerto desde el inicio de protestas el 18 de abril, y en Haití, donde fuertes disturbios han provocado la renuncia del primer ministro del país.

También le puede interesar: "Nicaragua resiste: ¿Debe renunciar Daniel Ortega para evitar una guerra civil?"

El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, decidió poner fin a los programas de Estatus de Protección Temporal (TPS) para salvadoreños, hondureños, haitianos y nicaragüenses, pese a las advertencias del Departamento de Estado sobre cómo afectaría a la seguridad nacional y regional.

Según documentos hechos públicos hoy por el Departamento de Estado, en 2017 el entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, envió una carta a la que fuera secretaria de Seguridad Nacional en funciones, Elaine Duke, para avisar de las consecuencias negativas de retirar la protección migratoria a más de 300.000 personas.

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La misiva, fechada el 31 de octubre de 2017, alertaba de que poner fin al TPS para esas cuatro naciones tendría serias repercusiones en la política humanitaria y exterior de EE.UU.

Junto a la carta se encontraban las evaluaciones de los expertos del Departamento de Estado sobre las condiciones de los países, que concluían que ninguno de los cuatro estaba preparado para volver a absorber a los beneficiarios de TPS, que se verían obligados a regresar a sus lugares de origen después de perder las protecciones de EE.UU.

A pesar de las evaluaciones de los expertos, el Departamento de Seguridad Nacional decidió suspender el estatus legal de unos 2.500 nicaragüenses y más de 50.000 haitianos en noviembre de 2017, seguido de la terminación del TPS para más de 257.000 salvadoreños y hondureños en enero y mayo de este año.

En cada caso, la finalización incluyó un período de gracia de 18 meses para permitir que las personas afectadas se preparen para abandonar EE.UU.

(Ver más: Trump llamó países de mierda a los beneficiarios del TPS)

Geoff Thale, vicepresidente para Programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) comunicó que "aparentemente, la administración estaba más interesada en avanzar su agenda anti inmigrante que en velar por los intereses reales de los Estados Unidos  o humanitarios de las personas afectadas, y optó por seguir adelante y dar fin al programa de protección.”

La publicación de los documentos llega después de que fuera solicitada por el senador Robert Menéndez, el demócrata de más alto rango del Comité de Exteriores de la Cámara Alta, quien pretende demostrar el mal proceder del Gobierno con esta decisión.

El legislador solicitó a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) que investigue el proceso que finalmente puso fin a los TPS basándose en estos documentos.

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El hecho de que la Administración desoyera las recomendaciones de sus diplomáticos puede poner en jaque la legalidad del cese de los programas.

"La publicación de estos documentos confirma aún más la forma irresponsable en que la agenda antiinmigrante de la Administración Trump pone en peligro nuestros intereses de seguridad nacional en Centroamérica y la seguridad de los beneficiarios de TPS y sus hijos estadounidenses", aseguró hoy Menéndez

"Como lo demuestra la publicación, el exsecretario Tillerson dejó claro que terminar el TPS para El Salvador y Honduras tendría grandes repercusiones, incluyendo una reacción violenta que debilitaría nuestra cooperación para combatir el tráfico de drogas y las bandas criminales en Centroamérica. Sin embargo, la Administración Trump lo hizo de todos modos", reiteró.

Desde la terminación del TPS, las condiciones se han agravado dramáticamente en Nicaragua, donde cientos de personas han muerto desde el inicio de protestas el 18 de abril, y en Haití, donde fuertes disturbios han provocado la renuncia del primer ministro del país.

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