El ajetreado (también polémico) arranque diplomático de Gustavo Petro
Ha sostenido ya varias reuniones bilaterales. La movida más esperada: el inicio del restablecimiento de relaciones con Venezuela. La más polémica: la ausencia para condenar la violación de derechos humanos en Nicaragua.
No ha pasado ni un mes desde la posesión de Gustavo Petro en la Presidencia y ya avanzan varios de sus anuncios en materia diplomática y de política exterior.
La agenda la han ocupado reuniones bilaterales como la que sostuvo con Gabriel Boric, presidente de Chile y el primer mandatario con el que Petro se reunió como presidente, y con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español. Ambos se ofrecieron a facilitar los diálogos para alcanzar la “paz total” que se ha propuesto Petro en su gobierno.
Sugerimos: Si el ELN está de acuerdo, España podría ser garante: Petro
Asimismo, la relación con Estados Unidos ha tenido un arranque positivo: desde antes de la posesión, Joe Biden había enviado ya una delegación para iniciar los acercamientos.
La semana pasada, justo cuando se anunciaba la suspensión de la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, funcionarios estadounidenses anunciaron en Bogotá apoyo financiero a los programas en Colombia que buscan prevenir el consumo de drogas y que promueven el “uso de alternativas a la encarcelación” por delitos menores relacionados con las drogas.
Más sobre esto: EE. UU. apoyará los programas de prevención del consumo de drogas en Colombia
Sin embargo, la movida más evidente y esperada ha sido el inicio del restablecimiento de la relación binacional con Venezuela.
La relación Colombia-Venezuela
Este domingo, los embajadores elegidos por ambas partes, Armando Benedetti y Félix Plasencia llegaron a Caracas y Bogotá, respectivamente.
Al respecto, vale la pena recordar que en la campaña a la Presidencia, salvo por Federico Gutiérrez, el restablecimiento de esos lazos era un punto en común entre todos los candidatos.
Como señalan distintos analistas, actualmente la necesidad de esa restauración ha creado prácticamente un consenso en la opinión pública. La diferencia está en los detalles, en el cómo.
Por ejemplo, causaron revuelo las declaraciones del embajador Benedetti sobre uno de los temas más sensibles en el proceso de restablecimiento: Monómeros, empresa venezolana con sede en Colombia, responsable del 40 % del mercado de fertilizantes en el país.
Sugerimos: “Ni a Maduro ni a Guaidó”: expresidente de PDVSA sobre Monómeros
“Sobre el tema de Monómeros: la Superintendencia [de Sociedades], en compañía de nuestro superintendente, Billy Escobar, hemos logrado levantar la intervención”, afirmó Benedetti durante el foro de empresarial ‘Acuerdo de la Frontera’.
“También hemos trabajado en buscar el buen suceso de las cosas, pues hay que hacer el cambio de junta con base en que el Gobierno Nacional ya reconoció al venezolano. Él está al frente en la tarea de devolver Monómeros a quien realmente pertenece”, agregó.
Al respecto, para Sandra Borda, profesora e investigadora de la Universidad del Andes, la negociación sobre el control de Monómeros es “complicada y tendrá que darse, pero creo que lo aconsejable es que haya cautela en la forma pública en la que se aproximan al tema mientras tiene lugar la negociación”. Así lo dijo en diálogo con El Espectador el 25 de agosto pasado.
Y añadió: “La diplomacia no funciona como las campañas electorales, y a veces decir esas cosas sin que se haya dilucidado la posición de Colombia sobre el tema puede generar más problemas que acortar la distancia entre los dos países”.
Hasta el momento, no hay fecha para un encuentro entre Gustavo Petro y su homólogo Nicolás Maduro. De hecho, cuando corrió el rumor de que esa cita se daría, rápidamente el presidente colombiano se desmarcó advirtiendo que tal acontecimiento requiere de una preparación que todavía no está lista.
La polémica ausencia sobre Nicaragua
El 12 de agosto el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) votó una resolución para condenar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, en particular, por las agresiones del régimen de Daniel Ortega contra la iglesia católica, la prensa y las oenegés.
Habían transcurrido cinco días desde la posesión del presidente Gustavo Petro; sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que llamó la atención que Colombia se hubiera ausentado en esa votación.
Hasta el momento, el Gobierno no ha explicado oficialmente qué ocurrió. No obstante, el entonces ya designado embajador por Petro ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, dijo: “Alguien empezó a culparnos como funcionarios sin que aún lo seamos. No hemos sido nombrados, mucho menos hemos presentado documentos para la posesión pero ya nos están imputando omisiones. Tengan la decencia de investigar. Y, fui Juez de carrera: solo decidí con base en pruebas!”.
Es decir, Colombia no habría votado en la OEA porque el embajador aún no se había posesionado. La versión, sin embargo, no convenció a muchos.
“No es excusa decir que no había embajador, es una locura”, dijo Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA, consultado por este diario días después de la votación mencionada.
McFields explicó que el organismo funciona con un representante permanente, que es el embajador, pero también con representantes alternos. Es decir, pudo haber llegado un primer, segundo o tercer secretario o un agregado a la sesión.
El diplomático agregó que incluso después de la votación Colombia, si tuviera la voluntad, podría cambiar el curso de las cosas. “Colombia todavía, si lo quiere, puede mandar una carta a la OEA y pedir que lo pongan como patrocinador de la resolución en contra de Ortega y pedir que su voto cuente a favor de la condena a los abusos de derechos humanos. Todavía está a tiempo de redimirse; eso sería algo extraordinario”.
El asunto volvió a encenderse este lunes, luego de que un informe de Noticias Caracol apuntara a que el Gobierno de Gustavo Petro sabía de la sesión extraordinaria de la OEA y eligió ausentarse, en contraste con lo dicho por Vargas.
Más sobre esto: Canciller Leyva avaló ausencia en sesión de la OEA sobre Nicaragua, según reporte
Según el viceministro de Asuntos Multilaterales (e), Juan José Quintana, citado por Caracol, la decisión de ausentarse de tal cita sí fue consultada con el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, quien dio el aval para no asistir. Sin embargo, Quintana no contestó por qué el canciller tomó esa decisión.
Por este episodio, en el Congreso se lanzó una proposición para someter al canciller Leyva a un debate de control político. Desde el Centro Democrático hablan ya incluso de una moción de censura en contra del responsable de la cartera de Relaciones Exteriores.
Acercamiento con el vecindario
El Gobierno de Gustavo Petro se encuentra bajo este escrutinio justo cuando el mandatario realiza su primer viaje internacional como presidente, a Perú.
Allí, fue recibido por el presidente Pedro Castillo, en el marco del XXII Consejo Presidencial Andino de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
Desde Lima, el canciller peruano, Miguel Rodríguez, afirmó que trabajará por el regreso de Chile y Venezuela a la CAN.
Venezuela, vale la pena recordar, abandonó la CAN en 2006, cuando el entonces presidente Hugo Chávez adujo como motivo que Perú y Colombia habían firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos.
Chile abandonó el bloque en 1976, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, y actualmente es miembro asociado.
También es preciso señalar que Castillo, quien enfrenta seis investigaciones por parte de la Fiscalía en su países, no pudo asistir a la posesión de Gustavo Petro, pues el Congreso, en donde Castillo se ha salvado hasta ahora de la moción de censura, no le permitió viajar.
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En relación con otros aliados del vecindario, el pasado 24 de agosto se conoció que Petro, junto con Andrés Manuel López Obrador, de México; Luis Arce, de Bolivia; y Alberto Fernández, de Argentina, firmaron una carta conjunta en apoyo a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, ante lo que consideran una “persecución judicial” en contra de la funcionaria y expresidenta.
Esto tiene que ver con las investigaciones en la llamada “causa Vialidad”, por la que la exmandataria se enfrenta a un juicio oral desde mayo de 2019 por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras viales.
El lunes 22 de agosto el fiscal que interviene en dicho juicio, Diego Luciani, pidió a la Justicia que, además de condenar a la vicepresidenta a 12 años de prisión, la inhabilite a perpetuidad para desempeñar cargos públicos. Fernández, por supuesto, ha negado las acusaciones en su contra.
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No ha pasado ni un mes desde la posesión de Gustavo Petro en la Presidencia y ya avanzan varios de sus anuncios en materia diplomática y de política exterior.
La agenda la han ocupado reuniones bilaterales como la que sostuvo con Gabriel Boric, presidente de Chile y el primer mandatario con el que Petro se reunió como presidente, y con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español. Ambos se ofrecieron a facilitar los diálogos para alcanzar la “paz total” que se ha propuesto Petro en su gobierno.
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Asimismo, la relación con Estados Unidos ha tenido un arranque positivo: desde antes de la posesión, Joe Biden había enviado ya una delegación para iniciar los acercamientos.
La semana pasada, justo cuando se anunciaba la suspensión de la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, funcionarios estadounidenses anunciaron en Bogotá apoyo financiero a los programas en Colombia que buscan prevenir el consumo de drogas y que promueven el “uso de alternativas a la encarcelación” por delitos menores relacionados con las drogas.
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Sin embargo, la movida más evidente y esperada ha sido el inicio del restablecimiento de la relación binacional con Venezuela.
La relación Colombia-Venezuela
Este domingo, los embajadores elegidos por ambas partes, Armando Benedetti y Félix Plasencia llegaron a Caracas y Bogotá, respectivamente.
Al respecto, vale la pena recordar que en la campaña a la Presidencia, salvo por Federico Gutiérrez, el restablecimiento de esos lazos era un punto en común entre todos los candidatos.
Como señalan distintos analistas, actualmente la necesidad de esa restauración ha creado prácticamente un consenso en la opinión pública. La diferencia está en los detalles, en el cómo.
Por ejemplo, causaron revuelo las declaraciones del embajador Benedetti sobre uno de los temas más sensibles en el proceso de restablecimiento: Monómeros, empresa venezolana con sede en Colombia, responsable del 40 % del mercado de fertilizantes en el país.
Sugerimos: “Ni a Maduro ni a Guaidó”: expresidente de PDVSA sobre Monómeros
“Sobre el tema de Monómeros: la Superintendencia [de Sociedades], en compañía de nuestro superintendente, Billy Escobar, hemos logrado levantar la intervención”, afirmó Benedetti durante el foro de empresarial ‘Acuerdo de la Frontera’.
“También hemos trabajado en buscar el buen suceso de las cosas, pues hay que hacer el cambio de junta con base en que el Gobierno Nacional ya reconoció al venezolano. Él está al frente en la tarea de devolver Monómeros a quien realmente pertenece”, agregó.
Al respecto, para Sandra Borda, profesora e investigadora de la Universidad del Andes, la negociación sobre el control de Monómeros es “complicada y tendrá que darse, pero creo que lo aconsejable es que haya cautela en la forma pública en la que se aproximan al tema mientras tiene lugar la negociación”. Así lo dijo en diálogo con El Espectador el 25 de agosto pasado.
Y añadió: “La diplomacia no funciona como las campañas electorales, y a veces decir esas cosas sin que se haya dilucidado la posición de Colombia sobre el tema puede generar más problemas que acortar la distancia entre los dos países”.
Hasta el momento, no hay fecha para un encuentro entre Gustavo Petro y su homólogo Nicolás Maduro. De hecho, cuando corrió el rumor de que esa cita se daría, rápidamente el presidente colombiano se desmarcó advirtiendo que tal acontecimiento requiere de una preparación que todavía no está lista.
La polémica ausencia sobre Nicaragua
El 12 de agosto el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) votó una resolución para condenar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, en particular, por las agresiones del régimen de Daniel Ortega contra la iglesia católica, la prensa y las oenegés.
Habían transcurrido cinco días desde la posesión del presidente Gustavo Petro; sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que llamó la atención que Colombia se hubiera ausentado en esa votación.
Hasta el momento, el Gobierno no ha explicado oficialmente qué ocurrió. No obstante, el entonces ya designado embajador por Petro ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, dijo: “Alguien empezó a culparnos como funcionarios sin que aún lo seamos. No hemos sido nombrados, mucho menos hemos presentado documentos para la posesión pero ya nos están imputando omisiones. Tengan la decencia de investigar. Y, fui Juez de carrera: solo decidí con base en pruebas!”.
Es decir, Colombia no habría votado en la OEA porque el embajador aún no se había posesionado. La versión, sin embargo, no convenció a muchos.
“No es excusa decir que no había embajador, es una locura”, dijo Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA, consultado por este diario días después de la votación mencionada.
McFields explicó que el organismo funciona con un representante permanente, que es el embajador, pero también con representantes alternos. Es decir, pudo haber llegado un primer, segundo o tercer secretario o un agregado a la sesión.
El diplomático agregó que incluso después de la votación Colombia, si tuviera la voluntad, podría cambiar el curso de las cosas. “Colombia todavía, si lo quiere, puede mandar una carta a la OEA y pedir que lo pongan como patrocinador de la resolución en contra de Ortega y pedir que su voto cuente a favor de la condena a los abusos de derechos humanos. Todavía está a tiempo de redimirse; eso sería algo extraordinario”.
El asunto volvió a encenderse este lunes, luego de que un informe de Noticias Caracol apuntara a que el Gobierno de Gustavo Petro sabía de la sesión extraordinaria de la OEA y eligió ausentarse, en contraste con lo dicho por Vargas.
Más sobre esto: Canciller Leyva avaló ausencia en sesión de la OEA sobre Nicaragua, según reporte
Según el viceministro de Asuntos Multilaterales (e), Juan José Quintana, citado por Caracol, la decisión de ausentarse de tal cita sí fue consultada con el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, quien dio el aval para no asistir. Sin embargo, Quintana no contestó por qué el canciller tomó esa decisión.
Por este episodio, en el Congreso se lanzó una proposición para someter al canciller Leyva a un debate de control político. Desde el Centro Democrático hablan ya incluso de una moción de censura en contra del responsable de la cartera de Relaciones Exteriores.
Acercamiento con el vecindario
El Gobierno de Gustavo Petro se encuentra bajo este escrutinio justo cuando el mandatario realiza su primer viaje internacional como presidente, a Perú.
Allí, fue recibido por el presidente Pedro Castillo, en el marco del XXII Consejo Presidencial Andino de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
Desde Lima, el canciller peruano, Miguel Rodríguez, afirmó que trabajará por el regreso de Chile y Venezuela a la CAN.
Venezuela, vale la pena recordar, abandonó la CAN en 2006, cuando el entonces presidente Hugo Chávez adujo como motivo que Perú y Colombia habían firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos.
Chile abandonó el bloque en 1976, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, y actualmente es miembro asociado.
También es preciso señalar que Castillo, quien enfrenta seis investigaciones por parte de la Fiscalía en su países, no pudo asistir a la posesión de Gustavo Petro, pues el Congreso, en donde Castillo se ha salvado hasta ahora de la moción de censura, no le permitió viajar.
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En relación con otros aliados del vecindario, el pasado 24 de agosto se conoció que Petro, junto con Andrés Manuel López Obrador, de México; Luis Arce, de Bolivia; y Alberto Fernández, de Argentina, firmaron una carta conjunta en apoyo a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, ante lo que consideran una “persecución judicial” en contra de la funcionaria y expresidenta.
Esto tiene que ver con las investigaciones en la llamada “causa Vialidad”, por la que la exmandataria se enfrenta a un juicio oral desde mayo de 2019 por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras viales.
El lunes 22 de agosto el fiscal que interviene en dicho juicio, Diego Luciani, pidió a la Justicia que, además de condenar a la vicepresidenta a 12 años de prisión, la inhabilite a perpetuidad para desempeñar cargos públicos. Fernández, por supuesto, ha negado las acusaciones en su contra.
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