El Salvador: el balance y las denuncias tras seis meses de la megacárcel de Bukele
La cárcel fue construida para recluir a parte de los más de 70.000 pandilleros detenidos bajo un régimen de excepción que fue decretado por el Congreso a petición de Bukele, como respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo de 2022.
Bajo un riguroso esquema de seguridad, más de 12.000 presuntos pandilleros de El Salvador están encerrados en una megacárcel construida por orden del presidente Nayib Bukele, símbolo de la guerra que emprendió el año pasado contra las maras. El centro penitenciario, considerado el más grande de América, cumple seis meses entre luces y sombras.
“Cuando uno es niño, cualquiera le da mentiras, lo endulza y uno cae en un error, y cuando uno ya va creciendo (...) se viene a dar cuenta”, declara a la AFP Nelson Velásquez, de 37 años, que tiene tatuado en su cabeza “MS-13″ (Mara Salvatrucha).
Velásquez dio su testimonio en el marco de una visita que el comisionado de Derechos Humanos de El Salvador, el colombiano Andrés Guzmán, y la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, realizaron el lunes al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca, a unos 74 km al sureste de San Salvador.
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La megacárcel con capacidad para 40.000 personas comenzó a recibir internos desde el 24 de febrero, y a la fecha acumula 12.114 presuntos pandilleros, en su mayoría acusados de pertenecer a las violentas Mara Salvatrucha y Barrio 18, nacidas en calles de la ciudad estadounidense de Los Ángeles a principios de la década de 1980.
Con las manos amarradas, vistiendo camiseta y pantalón corto blancos, Velásquez, recluso de la celda 13 del edificio 3, dice que ya pagó dos condenas por diferentes delitos que sumaron 15 años, pero ahora aguarda un nuevo proceso.
Los pabellones del presidio tienen un techo curvo que garantiza la ventilación natural para los presos, además de espacios tragaluz para filtrar los rayos del sol hacia un patio que separa las celdas.
Velásquez narra que el movimiento del sol determina el turno de los reclusos para que cada celda reciba algunos rayos.
“Aquí estamos perseverando día con día tratando de cambiar”, alcanza a decir desde el interior de una celda José Hurquilla Bonilla, de la pandilla Barrio 18.
La cárcel fue construida para recluir a parte de los más de 70.000 pandilleros detenidos bajo un régimen de excepción que fue decretado por el Congreso a petición de Bukele, como respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo de 2022.
Para edificar la prisión el Estado compró 166 hectáreas, 23 de las cuales fueron utilizadas para levantar ocho pabellones que se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros de extensión, protegido por alambradas electrificadas.
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Opiniones encontradas
Durante la visita al presidio, el comisionado Guzmán preguntó a los internos sobre su situación en las celdas y la mayoría dijo que el agua “no falta”, pero pidieron escobas y detergente para el aseo de las celdas.
Otros presos dividen opiniones, unos dicen que reciben a tiempo crema dental, cepillos y jabón, mientras otros clamaron por medicamentos para quienes padecen enfermedades terminales.
En cada celda de unos 100 metros cuadrados permanecen de 60 a 75 reclusos que disponen de camarotes de lámina, dos inodoros y dos piletas con agua corriente para el aseo, así como dos recipientes con agua para beber.
“Hay muchísimas cosas por mejorar, y todos los días hay un equipo trabajando”, responde a los internos el comisionado Guzmán.
Organismos humanitarios han cuestionado el trato que reciben en las cárceles quienes son acusados de pertenecer a las pandillas.
En un informe tras cumplirse el primer año de régimen de excepción, la ONG de Derechos Humanos Cristosal denunció que tenía el registro de 174 muertes bajo custodia del Estado, y la calificó como “una medida permanente de represión y violaciones a los derechos humanos”.
Pero en el CECOT, según Guzmán, “los internos, dentro de los parámetros generales de un centro de reclusión, están en buenas condiciones (y) se respetan los derechos humanos”.
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Ocio y comida
Tras conversar con internos de diferentes celdas, la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, dijo que los reclusos se quejaron por las raciones de comida. “Se quejan que la comida no es suficiente” y “que están en ocio, no hacen nada porque pasan encerrados”, comentó Caballero a la AFP.
Los pandilleros recluidos, según explica la funcionaria, “están conscientes que lo que hicieron (crímenes) los ha traído (hasta) aquí”.
La procuradora aseguró que un equipo médico de 50 personas entre enfermeras y médicos atiende a los internos.
Un médico declaró que “a diario” se toman muestras del agua que son enviadas a laboratorio para garantizar su calidad.
En febrero, el CECOT inició con un severo régimen en el que los reclusos nunca salían de sus celdas, e incluso aún no se les permite recibir visitas familiares, pero para internos como Velásquez conforme pasa el tiempo “la bendición está fluyendo”, dice en referencia a que la mayoría se han declarado “cristianos”.
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Bajo un riguroso esquema de seguridad, más de 12.000 presuntos pandilleros de El Salvador están encerrados en una megacárcel construida por orden del presidente Nayib Bukele, símbolo de la guerra que emprendió el año pasado contra las maras. El centro penitenciario, considerado el más grande de América, cumple seis meses entre luces y sombras.
“Cuando uno es niño, cualquiera le da mentiras, lo endulza y uno cae en un error, y cuando uno ya va creciendo (...) se viene a dar cuenta”, declara a la AFP Nelson Velásquez, de 37 años, que tiene tatuado en su cabeza “MS-13″ (Mara Salvatrucha).
Velásquez dio su testimonio en el marco de una visita que el comisionado de Derechos Humanos de El Salvador, el colombiano Andrés Guzmán, y la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, realizaron el lunes al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca, a unos 74 km al sureste de San Salvador.
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La megacárcel con capacidad para 40.000 personas comenzó a recibir internos desde el 24 de febrero, y a la fecha acumula 12.114 presuntos pandilleros, en su mayoría acusados de pertenecer a las violentas Mara Salvatrucha y Barrio 18, nacidas en calles de la ciudad estadounidense de Los Ángeles a principios de la década de 1980.
Con las manos amarradas, vistiendo camiseta y pantalón corto blancos, Velásquez, recluso de la celda 13 del edificio 3, dice que ya pagó dos condenas por diferentes delitos que sumaron 15 años, pero ahora aguarda un nuevo proceso.
Los pabellones del presidio tienen un techo curvo que garantiza la ventilación natural para los presos, además de espacios tragaluz para filtrar los rayos del sol hacia un patio que separa las celdas.
Velásquez narra que el movimiento del sol determina el turno de los reclusos para que cada celda reciba algunos rayos.
“Aquí estamos perseverando día con día tratando de cambiar”, alcanza a decir desde el interior de una celda José Hurquilla Bonilla, de la pandilla Barrio 18.
La cárcel fue construida para recluir a parte de los más de 70.000 pandilleros detenidos bajo un régimen de excepción que fue decretado por el Congreso a petición de Bukele, como respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo de 2022.
Para edificar la prisión el Estado compró 166 hectáreas, 23 de las cuales fueron utilizadas para levantar ocho pabellones que se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros de extensión, protegido por alambradas electrificadas.
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Opiniones encontradas
Durante la visita al presidio, el comisionado Guzmán preguntó a los internos sobre su situación en las celdas y la mayoría dijo que el agua “no falta”, pero pidieron escobas y detergente para el aseo de las celdas.
Otros presos dividen opiniones, unos dicen que reciben a tiempo crema dental, cepillos y jabón, mientras otros clamaron por medicamentos para quienes padecen enfermedades terminales.
En cada celda de unos 100 metros cuadrados permanecen de 60 a 75 reclusos que disponen de camarotes de lámina, dos inodoros y dos piletas con agua corriente para el aseo, así como dos recipientes con agua para beber.
“Hay muchísimas cosas por mejorar, y todos los días hay un equipo trabajando”, responde a los internos el comisionado Guzmán.
Organismos humanitarios han cuestionado el trato que reciben en las cárceles quienes son acusados de pertenecer a las pandillas.
En un informe tras cumplirse el primer año de régimen de excepción, la ONG de Derechos Humanos Cristosal denunció que tenía el registro de 174 muertes bajo custodia del Estado, y la calificó como “una medida permanente de represión y violaciones a los derechos humanos”.
Pero en el CECOT, según Guzmán, “los internos, dentro de los parámetros generales de un centro de reclusión, están en buenas condiciones (y) se respetan los derechos humanos”.
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Ocio y comida
Tras conversar con internos de diferentes celdas, la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, dijo que los reclusos se quejaron por las raciones de comida. “Se quejan que la comida no es suficiente” y “que están en ocio, no hacen nada porque pasan encerrados”, comentó Caballero a la AFP.
Los pandilleros recluidos, según explica la funcionaria, “están conscientes que lo que hicieron (crímenes) los ha traído (hasta) aquí”.
La procuradora aseguró que un equipo médico de 50 personas entre enfermeras y médicos atiende a los internos.
Un médico declaró que “a diario” se toman muestras del agua que son enviadas a laboratorio para garantizar su calidad.
En febrero, el CECOT inició con un severo régimen en el que los reclusos nunca salían de sus celdas, e incluso aún no se les permite recibir visitas familiares, pero para internos como Velásquez conforme pasa el tiempo “la bendición está fluyendo”, dice en referencia a que la mayoría se han declarado “cristianos”.
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