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Las imágenes de las caravanas de migrantes tratando de salir de la ciudad de Tapachula y su neutralización por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional han vuelto a impactar a la comunidad internacional. En las últimas semanas cuatro caravanas integradas por unas cuatrocientas personas, fundamentalmente centroamericanos, haitianos y venezolanos, han sido dispersadas tras recorrer poco más de cuarenta kilómetros desde Tapachula. La violencia del “rescate” de migrantes —como lo califican las autoridades— que ha sido reflejada en diferentes medios de comunicación, ha generado que se haya sancionado por lo menos a dos agentes del INM.
En esta ciudad fronteriza del sur de México, igual que en otras en el norte del país, se concentran miles de migrantes esperando tener documentación para seguir su camino hacia Estados Unidos. La presencia de más de 80,000 migrantes, en una ciudad con una población cercana a los 354,000 habitantes, genera un impacto negativo importante en la convivencia ciudadana y en el calentamiento de los estados de ánimo.
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La falta de respuesta y de recursos de las autoridades migratorias mexicanas tampoco contribuye a que se gestione una “migración documentada y ordenada” de forma eficiente. Entre enero y julio del 2021 el INM ha entregado, en todo el país, únicamente 23,670 tarjetas de visitante por razones humanitarias y 11,768 tarjetas de residente permanente por reconocimiento de refugio.
Récord de migrantes detenidos en 2021
Desde el año 2015, la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha detenido un promedio anual de medio millón de migrantes, lo que se suma a los que el INM ha “rescatado” en México y ha retornado a sus países de origen. En el año 2019, durante la administración de Trump, la patrulla fronteriza detuvo a 977,509 migrantes. En el 2020, en plena alerta por la pandemia, se regresó al medio millón de detenidos y hasta el mes de julio del 2021, ya en la administración de Biden, se ha alcanzado una cifra histórica de un millón 331,822.
Las caravanas no han tenido futuro desde el momento en que se empezaron a organizar. Sin estructuras de apoyo, como las que ofrece el crimen organizado o las redes familiares, es imposible para los migrantes atravesar México por lo que el número de detenidos por las autoridades estadounidenses únicamente se puede comprender por dos razones: por una intensificación por parte del gobierno de Estados Unidos de las medidas para impedir el paso de migrantes o por el fortalecimiento del crimen organizado en el negocio del tránsito de indocumentados hacia el norte.
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México tenía la intención, al inicio de la administración de López Obrador, de abrir las fronteras y fomentar el desarrollo económico del sur este mexicano y de Centroamérica con la idea de que los centroamericanos no tuvieran incentivos para abandonar sus lugares de origen. Todavía el presidente mexicano lo recordó hace unos días.
Las presiones de Donald Trump bloquearon esta pretensión y desde la creación de la Guardia Nacional, que había sido imaginada para combatir al crimen organizado, ésta fue encargada de la neutralización de los migrantes en la frontera sur de México. Desde el año 2019 México ha “rescatado” a 496,189 indocumentados y ha regresado a sus países de origen a poco menos de 300,000.
Los efectos de la pandemia
La epidemia de Covid-19 no ha tenido efectos en desincentivar el cruce de migrantes. La reducción de detenidos en el 2020 se debe más al relativo “relajamiento” de las autoridades migratorias, que a la reducción del paso de migrantes que llevan pasando con mayores o menores dificultades hacia Estados Unidos desde los años ochenta.
El endurecimiento de las medidas de represión por parte del gobierno estadounidense y la presión para que México realice lo mismo está sirviendo únicamente para que el crimen organizado se fortalezca y para que el costo económico que supone migrar hacia el norte para los ciudadanos centroamericanos se incremente.
Los migrantes que se encuentran en Tapachula son los pobres de los pobres y están condenados a esperar la respuesta del gobierno mexicano o a intentar por otras rutas. Existen muchos puntos en la frontera sur de México por la que pudieran aventurarse de una forma más discreta y exitosa, pero estos están controlados por diferentes grupos del crimen organizado y son peligrosos, especialmente si no se conoce el territorio.
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La ruta del Ceibo-Tenosique en el estado de Tabasco, que hace frontera con el departamento del Petén en Guatemala, o la cercana de Bethel-Corozal, cruzando el río Usumacinta en el camino hacia Palenque en Chiapas son dos ejemplos de rutas muy utilizadas por migrantes centroamericanos en los últimos años y en los que no se han generado todavía cuellos de botella como el que se ha formado en Tapachula. En las próximas semanas, es muy probable que el problema se vaya expandiendo hacia esos nudos migratorios.
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Carlos Barrachina es profesor de la Universidad Anáhuac-México, Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales (SEDENA). Integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en México. Doctor en Ciencia Política y Sociología.