El caldo de cultivo para el crimen en Ecuador, a un mes de las elecciones

Agustín Intriago, alcalde de la ciudad costera de Manta (Ecuador), fue asesinado a tiros el domingo, una semana después de que un candidato a la Asamblea Nacional, Rider Sánchez, también fuera acribillado, esta vez en Esmeraldas (provincia fronteriza con Colombia). Todo, a un mes de las elecciones y en medio de una ola de violencia que ha hecho al país vecino pasar de ser considerado como uno de los lugares más pacíficos en la región a un epicentro para el crimen organizado.

Agustín Intriago, alcalde de la ciudad costera de Manta (Ecuador), fue asesinado a tiros el domingo, una semana después de que un candidato a la Asamblea Nacional, Rider Sánchez, también fuera acribillado, esta vez en Esmeraldas (provincia fronteriza con Colombia). Todo, a un mes de las elecciones y en medio de una ola de violencia que ha hecho al país vecino pasar de ser considerado como uno de los lugares más pacíficos en la región a un epicentro para el crimen organizado.

En el caso de Sánchez, hubo un capturado y se arrojó la hipótesis de un robo. Pero, aunque la investigación del asesinato de Intriago apenas comienza, algunos ven detrás de este hecho un posible mensaje, pues se trataba de un alcalde joven, de 38 años, que había sido reelegido y dedicado buena parte de su gestión a fines tan loables como la transición verde y, por medio del deporte, arrebatarle jóvenes a la delincuencia.

De hecho, la otra víctima mortal en el ataque, Ariana Chancay, era una joven deportista que se habría acercado a saludar al mandatario local y a pedir apoyo para el equipo de fútbol en el que jugaba.

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En cuestión de 12 meses, Ecuador vio un salto de 86 % en su tasa de homicidios, con 25,9 por cada 100.000 habitantes al cierre de 2022, según cálculos de InsightCrime. Esto, en un total de 4.603 asesinatos. Su tasa solo es superada por Colombia (26,2), Honduras (35,8) y Venezuela (40,4).

Pero, además, como señala un informe de Crisis Group, con el salto de 180 % en el número de asesinatos que ya se reportaba entre 2020 y 2021 (para un total de 3.538), la Policía ha atribuido el 80 % de esas muertes a choques entre grupos criminales que se disputan el control sobre la distribución y la exportación de droga, especialmente de cocaína.

Manabí, cuya capital comercial es Manta, es la segunda provincia en número de asesinatos (370 entre enero y junio de este año), según datos citados por la AFP. Algunos han tenido particular notoriedad, como el de la fiscal Luz Marina Delgado y su asistente, Jefferson Mendoza, asesinados en mayo del año pasado. Delgado había participado en casos de renombre, como el de la captura de la pareja sentimental del llamado Pablo Escobar colombiano, Édison Washington.

Pero a Manabí la supera su vecina Guayas. La capital, Guayaquil, a poco más de tres horas por tierra desde Manta, es también la “capital del homicidio”, según Crisis Group. Con corte a junio de este año, en esa jurisdicción se habían registrado 1.182 muertes violentas. En la ciudad, además, está la muestra más clara de la crisis carcelaria que vive el país, profundamente relacionada con la escalada violenta en el resto del territorio, con el narcotráfico como columna vertebral.

Como explica Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, por la proximidad con los principales productores de coca de la región, como Colombia y Perú, Ecuador por lo menos desde los años 80 había sido una ficha clave para el negocio del narcotráfico, principalmente como proveedor de precursores químicos para la producción de cocaína.

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Sin embargo, distintos reportes y expertos coinciden en que el aumento de los cultivos de coca en Colombia, la más reciente relevancia de Ecuador en toda la cadena, las disputas internas (con factores externos) que esto ha levantado, combinadas con una dolarización que plantea un escenario propicio para el lavado de dinero, y todo esto conjugado con varias políticas de distintos gobiernos, crearon el escenario perfecto para el desastre galopante de hoy.

Para Rivera, el punto de quiebre fue el periodo 2019-2020. Mientras varios reportes señalan las repercusiones sociales y económicas de la pandemia, que impactó negativamente en la pobreza, lo que dejó espacios vacíos que la delincuencia pudo aprovechar, Rivera menciona también las “graves repercusiones en cuanto a la gobernanza criminal”, sobre todo en las zonas portuarias, grandes y pequeñas, que hubo en este contexto.

Esto se combina, además, con el “debilitamiento” de los Choneros, una organización que justamente tiene su base de operaciones en Manta. Se trata nada menos de quienes por muchos años tuvieron prácticamente un monopolio del crimen en Ecuador, consolidado en alianza con grupos colombianos como las antiguas FARC y los paramilitares (y luego las bandas criminales). Según Rivera, esto derivó en una especie de “interdependencia” del crimen entre Colombia y Ecuador, con este último sirviendo no solo como proveedor de precursores, sino como corredor de la producción y como bisagra o intermediario con los carteles mexicanos.

Tras su captura en Bogotá, en 2013, Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña, siguió manejando negocios desde su centro de reclusión en Ecuador y, de alguna manera, esto empezó a configurar a las cárceles de ese país como el centro del crimen que son hoy.

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Rivera y otros expertos señalan como antecedente las reformas del sistema judicial que llevó a cabo el gobierno de Rafael Correa. El enfoque “punitivista”, en palabras del coordinador del observatorio, aumentó el número de detenidos, que era un resultado para mostrar y, así, reducir la sensación de inseguridad.

El informe de Crisis Group reconoce éxitos de esas políticas, que fueron acompañadas de un aumento en el presupuesto para la seguridad y la prevención del crimen. Por ejemplo, menciona la reducción en la tasa de homicidios y la puesta en marcha de programas para ofrecer alternativas para jóvenes que quisieran dejar la vida delictiva.

Pero el aumento de la población carcelaria, que pasó de 11.000 a 40.000 entre 2009 y 2021, según datos citados por Crisis Group, fue a costa de capturas “por delitos no violentos relacionados con las drogas” y que se tradujeron en “blancos fáciles para el reclutamiento forzoso por parte del crimen organizado” dentro de los reclusorios.

Según un informe de Human Rights Watch, citado por Crisis Group, “muchos detenidos, incluidos los que se encuentran en prisión preventiva o los condenados por delitos menores, se ven obligados a trabajar con grupos del crimen organizado para proteger su propia integridad física o acceder a artículos de primera necesidad, como colchones, ropa de cama y artículos de salud”.

En este contexto, entraron en el negocio nuevos actores como el Cartel Jalisco Nueva Generación. Las disputas con bandas como los Choneros, que pretendían mantener su monopolio, y las subsiguientes divisiones en la pugna por el control del narcotráfico empezaron a engendrar los sangrientos motines carcelarios que se han visto desde 2019. Esto solo empeoró tras la muerte de Rasquiña, quien en 2020 obtuvo el beneficio denominado prelibertad. Pero salió de la cárcel y meses después fue asesinado, por lo que la vacancia de poder fue como gasolina para el incendio.

Entretanto, el gobierno de Lenín Moreno reducía el presupuesto para las cárceles y eliminaba el Ministerio de Justicia en un intento de austeridad.

Así, como lo resume la BBC, “las ciudades portuarias, como Manta, han sido de las más afectadas por el aumento de la violencia en Ecuador, que, según el gobierno, está relacionada con enfrentamientos entre bandas que buscan controlar los puertos para traficar drogas”. El más importante de todos: Guayaquil.

Sobre el asesinato del domingo, aunque es temprano para arrojar conclusiones y son las autoridades las que tienen que mostrar resultados de investigación, para Rivera podría haber un mensaje: las líneas rojas que para el crimen organizado los mandatarios no deberían cruzar. Sin embargo, a semanas de las elecciones presidenciales y legislativas, también puede ser una oportunidad para los promotores de la “bukelización” de la política: mostrar este crimen como el resultado de la impunidad y la falta de mano dura.

Tras la “muerte cruzada” decretada por Guillermo Lasso (en la que disuelve el Congreso, pero él también sale de forma anticipada), Ecuador se encamina a unas elecciones el próximo 20 de agosto enmarcadas en este contexto. La profunda crisis que atraviesa el país, por lo demás, ha sido uno de los detonadores del flujo migratorio de ecuatorianos hacia Norteamérica, con esta nacionalidad, junto con la venezolana y la haitiana, como una de las más documentadas en los cruces por el Tapón del Darién, acaso el escenario en el que hoy confluyen prácticamente todos los flagelos de la región.

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