El caso que puede llevar al expresidente Rafael Correa a la justicia
Hoy se llevará a cabo una audiencia en la que el expresidente de Ecuador tendrá que responder a una indagación penal por el supuesto secuestro, en 2012, de Fernando Balda, un opositor a su gobierno que en ese año se encontraba en Colombia.
-Redacción Internacional con información de agencias
El Parlamento de Ecuador decidió permitir que el expresidente Rafael Correa sea vinculado en una indagación penal por el presunto secuestro de Fernando Balda, un político opositor que se encontraba en Colombia. La decisión se tomó luego de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, recriminara esta semana a legisladores del movimiento político, Alianza País, por no haber apoyado una acción en la Asamblea Nacional (Parlamento) para permitir un proceso penal contra su antecesor.
La Asamblea Nacional dejó el camino libre a que Correa sea involucrado en el supuesto secuestro, sancionado con al menos cinco años de cárcel, al declarar "improcedente" un pedido que le hiciera una jueza de autorizar o no el enjuiciamiento del exmandatario.
(Le puede interesar: Rafael Correa: "Quieren inhabilitarme como a Lula")
El Legislativo se pronunció con el voto de 83 de sus 137 miembros, mientras que en las afueras de la sede parlamentaria varios cientos de simpatizantes del exmandatario protestaban contra la vinculación de su líder en un juicio penal, forcejeando con policías que reprimieron con gas lacrimógeno, de acuerdo con manifestantes.
En ese escrito, el Gobierno critica, sobre todo, a los legisladores "morenistas", que aparentan ser aliados del mandatario, pero que en realidad no actúan conforme a los intereses del oficialismo.
El Congreso había anticipado que Correa, quien vive en Bélgica, ya no ejerce las funciones de presidente desde mayo de 2017, por lo que "no aplica" lo que dispone la Constitución que debe autorizar el enjuiciamiento penal del jefe de Estado.
La titular de la Asamblea, la oficialista Elizabeth Cabezas, expresó por Twitter: "La independencia de poderes y el respeto a la constitución debe ser nuestro mandato".
Correa reaccionó a través de esa misma red social: "Una mayoría parlamentaria se burla de la Constitución y la Justicia" dijo, apuntando que los diputados debían levantar la inmunidad que según él aún goza, para lo que se requiere 92 votos.
Correa, quien aún no afronta cargos, declaró de manera voluntaria el 24 de mayo desde el consulado ecuatoriano en Bruselas, negando estar implicado.
Balda, exdiputado del Partido Sociedad Patriótica (PSP), de oposición a Correa, sostiene que cuando estaba en Bogotá en 2012 cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil, aunque la policía colombiana interceptó el vehículo y frustró el secuestro.
(Puede leer: ¿Está cerca el regreso de Rafael Correa a la política de Ecuador?)
El político fue expulsado de Colombia el 10 de octubre de 2012 por pedido de Quito, que adujo que el exlegislador estaba condenado a dos años de prisión por injurias contra el gobierno correísta, pena que debió cumplir en una cárcel ecuatoriana.
Balda -quien desde tres años antes estaba refugiado en Colombia- también fue condenado a un año de cárcel por atentar contra la seguridad del Estado, tras denunciar la existencia de un centro de espionaje oficial en Ecuador.
En el caso ya están sindicados un excomandante de la Policía y un extitular de la secretaría (ministerio) de Inteligencia, mientras que tres policías de Inteligencia están detenidos desde marzo pasado por participar en el secuestro.
El Parlamento de Ecuador decidió permitir que el expresidente Rafael Correa sea vinculado en una indagación penal por el presunto secuestro de Fernando Balda, un político opositor que se encontraba en Colombia. La decisión se tomó luego de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, recriminara esta semana a legisladores del movimiento político, Alianza País, por no haber apoyado una acción en la Asamblea Nacional (Parlamento) para permitir un proceso penal contra su antecesor.
La Asamblea Nacional dejó el camino libre a que Correa sea involucrado en el supuesto secuestro, sancionado con al menos cinco años de cárcel, al declarar "improcedente" un pedido que le hiciera una jueza de autorizar o no el enjuiciamiento del exmandatario.
(Le puede interesar: Rafael Correa: "Quieren inhabilitarme como a Lula")
El Legislativo se pronunció con el voto de 83 de sus 137 miembros, mientras que en las afueras de la sede parlamentaria varios cientos de simpatizantes del exmandatario protestaban contra la vinculación de su líder en un juicio penal, forcejeando con policías que reprimieron con gas lacrimógeno, de acuerdo con manifestantes.
En ese escrito, el Gobierno critica, sobre todo, a los legisladores "morenistas", que aparentan ser aliados del mandatario, pero que en realidad no actúan conforme a los intereses del oficialismo.
El Congreso había anticipado que Correa, quien vive en Bélgica, ya no ejerce las funciones de presidente desde mayo de 2017, por lo que "no aplica" lo que dispone la Constitución que debe autorizar el enjuiciamiento penal del jefe de Estado.
La titular de la Asamblea, la oficialista Elizabeth Cabezas, expresó por Twitter: "La independencia de poderes y el respeto a la constitución debe ser nuestro mandato".
Correa reaccionó a través de esa misma red social: "Una mayoría parlamentaria se burla de la Constitución y la Justicia" dijo, apuntando que los diputados debían levantar la inmunidad que según él aún goza, para lo que se requiere 92 votos.
Correa, quien aún no afronta cargos, declaró de manera voluntaria el 24 de mayo desde el consulado ecuatoriano en Bruselas, negando estar implicado.
Balda, exdiputado del Partido Sociedad Patriótica (PSP), de oposición a Correa, sostiene que cuando estaba en Bogotá en 2012 cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil, aunque la policía colombiana interceptó el vehículo y frustró el secuestro.
(Puede leer: ¿Está cerca el regreso de Rafael Correa a la política de Ecuador?)
El político fue expulsado de Colombia el 10 de octubre de 2012 por pedido de Quito, que adujo que el exlegislador estaba condenado a dos años de prisión por injurias contra el gobierno correísta, pena que debió cumplir en una cárcel ecuatoriana.
Balda -quien desde tres años antes estaba refugiado en Colombia- también fue condenado a un año de cárcel por atentar contra la seguridad del Estado, tras denunciar la existencia de un centro de espionaje oficial en Ecuador.
En el caso ya están sindicados un excomandante de la Policía y un extitular de la secretaría (ministerio) de Inteligencia, mientras que tres policías de Inteligencia están detenidos desde marzo pasado por participar en el secuestro.