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A pesar del cierre de las fronteras y las limitaciones a la movilidad internacional por la pandemia de la Covid-19 unos 873.462 ciudadanos venezolanos migraron a lo largo del 2020 y en los cuatro meses que van del 2021, según los datos de la plataforma de seguimiento al fenómeno migratorio de OIM y ACNUR, para finales de 2019 la diáspora venezolana rondaba los 4,7 millones y el pasado 5 de abril llegó a los 5,6 millones de migrantes.
Lo que se podría denominar una tragedia demográfica, Venezuela perdió en los últimos años el 17,10 % de la población. Según el Instituto Nacional de Estadística, la población proyectada para el hermano país en 2021 era de 32,9 millones de ciudadanos, pero si restamos los 5,6 millones que migraron y los 500.000 retornados colombianos, la población de Venezuela rondaría los 26,8 millones, una población inferior a la de 2006.
Por la vecindad e interdependencia de ambos Estados, Colombia es el país más afectado por la emergencia humanitaria compleja y prolongada que vive Venezuela. Según estimaciones de Migración Colombia, para finales de enero los migrantes venezolanos con vocación de permanencia rondaban los 1,7 millones, pero los cálculos más conservadores estiman que podrían llegar hasta los 2,5 millones. Al final, todas las cifras migratorias son aproximaciones y en este caso la complejidad aumenta por los ciudadanos binacionales.
El fenómeno se complejiza por la migración en tránsito, entre 2016 y marzo de 2020, aproximadamente 2,5 millones de venezolanos cruzaron el territorio en dirección al sur del continente, 1,4 de ellos lo hicieron por Ipiales. En otras palabras, el municipio colombiano soportó durante estos cuatro años el paso de más de nueve veces su población y solamente en 2020, antes del cierre de la frontera, pasaron 77.731 venezolanos. Este tipo migratorio es uno de los más complejos de administrar por la atención humanitaria que demanda y la dificultad que tienen las autoridades locales para diseñar e implementar política pública de respuesta.
Entre agosto de 2015 y agosto de 2016 el gobierno de Nicolás Maduro cerró la frontera colombo-venezolana después de llevar las denominadas “Operaciones de Liberación del Pueblo” a la zona del Táchira e iniciar la crisis de movilidad humana. Es así, como en 2015 las autoridades colombianas estimaban que 34.471 venezolanos se encontraban en territorio nacional, para 2016 creció hasta los 53.747, pero al cerrar el 2017 la cifra llegó a los 403.702 migrantes.
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El cierre de los pasos legales sólo invisibilizó el flujo migratorio e impidió que las autoridades colombianas contaran con la información adecuada para hacer sus proyecciones, en otras palabras, el Estado colombiano perdió la capacidad de cuantificar y “controlar” el fenómeno de movilidad humana. Para el ciudadano de a píe la situación fue mucho peor, quedando expuesto a los grupos ilegales que dominan las trochas y pasos irregulares.
La pandemia ha llevado al cierre de los pasos legales nuevamente, no obstante, más de 873.462 ciudadanos venezolanos han migrado, pero no es un secreto que por la limitación de la movilidad aérea la gran mayoría de ellos salió por la frontera terrestre con Colombia. Y si bien la cifra de migrantes con vocación de permanencia de 2019 era de 1.771.237, y en enero de 2021 pasó a los 1.742.927. No se puede creer que hay una disminución, por el contrario, el cierre sólo está ocultando la movilidad humana que no se detiene.
Pero el fenómeno migratorio se complejiza aún más, por la histórica movilidad humana que existe entre los dos Estados. Mucho antes que surgieran las repúblicas o se establecieran los límites terrestres, los habitantes del área compartían una estrecha relación familiar y social, las fronteras que se impusieron desde Bogotá y Caracas no rompieron la continuidad sociocultural y los vínculos de la población. En la línea divisoria de 2.219 kilómetros, convergen más de 12 millones de ciudadanos, poco más de 5,5 millones en los siete departamentos colombianos y más de 6,3 millones en los cuatro estados venezolanos, en un área de 618.622 kilómetros.
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Pensar que la frontera se puede cerrar es una ilusión administrativa. A pesar del cierre de los siete pasos legales por la situación pandémica, desde el 14 de marzo del año pasado, lo que históricamente es el período más largo de cierre registrado, la realidad dista mucho de ello. Solamente en Norte de Santander se calcula el paso diario de unas 4.000 a 8.000 personas: venezolanos que cruzan en busca de bienes y servicios ante el colapso del estado y colombianos que encuentran en las asimetrías económicas de los dos países la oportunidad para ganarse la vida llevando productos legales o ilegales al hermano país.
En 2017 el Estado colombiano creó la Tarjeta de Movilidad Fronteriza -TMF-, el instrumento que hoy tiene más venezolanos en condición de movilidad humana registrados en el mundo. No son migrantes en el sentido estricto del concepto, pero reflejan un fenómeno dinámico y adaptativo que hay entre los dos países. La TMF fue diseñada para ciudadanos venezolanos que vienen a territorio colombiano a abastecerse de bienes y servicios, pero con la agudización de la crisis los venezolanos ampliaron el rango del péndulo y su movilidad, de un Péndulo Simple se ha convertido en un Péndulo de Foucault como lo explicaba el sociólogo venezolano José Luis López.
Es decir, que el venezolano ya no viene por unas horas a Colombia a comprar productos de la canasta básica o atender una cita médica y regresar a su país. Ahora puede pasar varios meses en Colombia, trabajar en la economía informal y regresar para vivir en Venezuela con los recursos obtenidos el resto del año. Es un ciudadano que no busca asentarse en el territorio colombiano y poco a poco se acostumbra a vivir en movilidad permanente entre ambos países.
Ahora que iniciamos la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos -ETPV-, el cual tiene como objetivo regularizar a la población con vocación de permanencia regular e irregular en Colombia, se hace necesario fortalecer paralelamente la TMF, para los denominados migrantes pendulares. Un instrumento que se debe robustecer con identificación biométrica y las características de un documento de identidad, algo similar a lo que se ha planteado para el Permiso por Protección Temporal -PPT-. Al fortalecer la TMF, se les da más herramientas a las autoridades de frontera para administrar la movilidad en el área, incluso para establecer medidas de pico-TMF para controlar los embates de la pandemia, por supuesto en un contexto de los pasos fronterizos legales abiertos.
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El ETPV es una medida audaz para el manejo de la migración venezolana, pero fortalecer la TMF es una medida tres veces más audaz, que beneficiaría a 4,9 millones de venezolanos. No es un documento para radicarse en el país, es un instrumento para controlar la frontera y controlar la movilidad humana entre Colombia y Venezuela. Incluso se debería pensar en permitir la posibilidad de abrir cuentas de ahorro con la TMF y regresarles a los venezolanos de frontera la posibilidad de construir el futuro que el chavismo les arrebató.
*Ronal Rodríguez es investigador del proyecto “Esto no es una frontera, esto es un río” del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en colaboración con Diálogo Ciudadano y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.