Los derechos de pesca, el espinoso tema que Petro quiere negociar con Nicaragua

Se avecina otro espinoso capítulo entre Colombia y Nicaragua. Tras el fallo del pasado 13 de julio, que puso punto final a décadas de un diferendo limítrofe entre los dos países, y luego de que en su última decisión el tribunal detuviera las ansias expansionistas de la nación centroamericana, lo que viene es una negociación bilateral que han sugerido Gustavo Petro y Daniel Ortega. El primero afirmó este jueves desde San Andrés que se sentará a negociar con su homólogo nicaragüense, quien, por su parte, le pide acatar el fallo de 2012: “Ahí quedamos una a una, una ganamos nosotros, una ganaron ellos, pero hay que acatar el fallo de la Corte y para eso tiene que haber señas”. Y agregó: “Nicaragua es dueña, como en efecto lo es, y está ejerciendo soberanía, en esos 75.000 kilómetros que le dio la Corte en el mar Caribe. Con el mejor espíritu de paz, de entendimiento le hago llegar este mensaje al presidente Petro”.

Se avecina otro espinoso capítulo entre Colombia y Nicaragua. Tras el fallo del pasado 13 de julio, que puso punto final a décadas de un diferendo limítrofe entre los dos países, y luego de que en su última decisión el tribunal detuviera las ansias expansionistas de la nación centroamericana, lo que viene es una negociación bilateral que han sugerido Gustavo Petro y Daniel Ortega. El primero afirmó este jueves desde San Andrés que se sentará a negociar con su homólogo nicaragüense, quien, por su parte, le pide acatar el fallo de 2012: “Ahí quedamos una a una, una ganamos nosotros, una ganaron ellos, pero hay que acatar el fallo de la Corte y para eso tiene que haber señas”. Y agregó: “Nicaragua es dueña, como en efecto lo es, y está ejerciendo soberanía, en esos 75.000 kilómetros que le dio la Corte en el mar Caribe. Con el mejor espíritu de paz, de entendimiento le hago llegar este mensaje al presidente Petro”.

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Lo que el presidente colombiano propone es negociar las condiciones de pesca del pueblo raizal del Caribe: “Podemos hacer prevalecer con los pueblos del Caribe, que los pueblos raizales, en este suroccidente del mar, puedan tener derecho a la pesca sin ser molestados, puedan tener derechos a su subsistencia, puedan comunicarse entre sí sin barreras”. Pero Ortega dice que no dará un paso hasta que “se reconozca y acate el fallo de 2012”.

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¿Imposible? De acuerdo con analistas, eso ya está sucediendo. “En este momento Colombia ya está cumpliendo con la decisión de 2012, lo único que no ha querido hacer es establecer un tratado entre los dos Estados; ahora, con tratado o sin tratado, Nicaragua no está sufriendo un perjuicio o daño, y eso hay que demostrarle a ese país; en consecuencia, ese no es un requisito válido en este momento”, señaló Ricardo Abello, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario.

Derechos de pesca

El fallo del 19 de noviembre de 2012 confirmó la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de siete islas menores y cayos (Albuquerque, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Bolívar, Roncador y Quitasueño); sin embargo, le otorgó a Nicaragua 75.000 kilómetros cuadrados de mar (zona económica exclusiva), antes bajo soberanía colombiana, hecho que provocó un cambio radical en las islas, pues esa sentencia no reconoció a los raizales y los bancos tradicionales de pesca quedaron en el lado que ahora le corresponde a Nicaragua, dejando a toda una comunidad sin acceso a una práctica histórica.

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Desde entonces los pescadores se han quejado de que no pueden ejercer la pesca artesanal. Edgar Jay Stephens, presidente de la Guardia Raizal y líder de la Cooperativa de Pescadores de Providencia, denunciaba el olvido al que se había sometido a las comunidades raizales y de cómo no habían podido volver a tener normalmente esa actividad histórica. “Esperamos que las fronteras entre estados no se sigan poniendo por encima de las necesidades de pueblos originarios que habitan la tierra y el mar en cuestión”, dice un comunicado de esta semana de la Federación de Pescadores de Providencia y Santa Catalina, la Asociación de Pescadores Artesanales de San Andrés, el Raizal Survival Movement y el Raizal Youth.

Un estudio de la antropóloga María Catalina García, publicado por la Universidad Nacional, señala que, desde el fallo de 2012, las dinámicas de las poblaciones raizales de Colombia y Nicaragua cambiaron y han tenido impacto en la pesca artesanal y el cuidado de la reserva de la biósfera Seaflower. No solo eso, familias raizales, mitad colombianos, mitad nicaragüenses, quedaron separadas tras el fallo. “Nuestra familiaridad con el pueblo creole de Nicaragua debe ser promovida por una política de Estado de integración hacia el Caribe”, piden los raizales.

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El informe de García advirtió también sobre el aumento de la pesca ilegal: “Desde que la Corte Internacional otorgó soberanía sobre parte de la reserva marítima a Nicaragua, ese país ha entregado licencia para explotación pesquera industrial en esta área y ha aumentado la pesca ilegal, lo que representa un riesgo para la sostenibilidad del ecosistema y las poblaciones, así como efectos en los pescadores artesanales del archipiélago”.

¿Es acertado negociar con Nicaragua?

En 2013 Ortega dijo que no negaría el acceso a la pesca artesanal de comunidades de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y en los meses siguientes otorgó cuatro licencias a embarcaciones de Honduras y Panamá para pesca industrial en ese nuevo espacio marítimo; hoy no hay datos actualizados. Hasta 2022, de acuerdo con datos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), hacen presencia siete empresas industriales dedicadas a la pesca y aproximadamente 900 pescadores artesanales, divididos entre 600 ubicados en San Andrés y otros 300 en Providencia.

El expresidente Iván Duque ha insistido en “no ceder un milímetro de territorio a Nicaragua” y señala como “pirueta” aplicar el fallo de 2012 “cediendo territorio”. Pero varios expertos, entre ellos Fabián Cárdenas, profesor de derecho internacional de la U. Javeriana, señalan que reconocer lo que determinó la Corte en su primera sentencia es un paso necesario. “Si Colombia es coherente con su postura de respeto al derecho internacional y sus instituciones, debe cumplir el fallo de 2012 para también poder exigir los beneficios de los demás fallos. Cumpliendo el fallo de 2012 se crearán condiciones diplomáticas para negociar pacíficamente con Nicaragua asuntos trascendentales”, dijo el experto.

Sobre todo porque en 2022 Colombia sufrió un fallo adverso en La Haya que el sabor a victoria del 13 de julio nos ha hecho olvidar. Entonces, los jueces de la CIJ no reconocieron los derechos de pesca de los raizales. “La Corte Internacional de Justicia, en la decisión de 2022 sobre presuntas violaciones de derechos soberanos en el mar Caribe, estableció que Colombia no logró probar que los raizales tenían derechos de pesca, y aunque no niega su existencia, la forma de hacerlo es un acuerdo directo entre los Estados”, agregó el profesor Ricardo Abello.

Cárdenas coincide: “Lo primero son los derechos de pesca de los raizales en la Zona Económica Exclusiva de Nicaragua que va más allá del meridiano 82 (…) se debe luchar por San Andrés y por la comunidad raizal, pues ellos son nuestra prioridad. Esta agenda debe contener una política para la reconstrucción y el desarrollo sostenible de las islas, las cuales pasaron por un período de decaimiento generado, en parte, por el olvido que propició el litigio durante estos más de 20 años”, escribió en este diario.

El problema es que, más allá de si existen esos derechos tradicionales, ya que muchos raizales tienen nacionalidad nicaragüense, el presidente Ortega ha dicho que debe haber aranceles para la exportación. “Se refiere a esa pesca que se hace en aguas de Nicaragua y va a Colombia; eso técnicamente es una exportación, y ellos lo que pedirán son aranceles”, agregó el profesor Abello.

Y hay un problema más para Petro, explican los analistas. Negociar un tratado en este momento, en el que tendría que reconocer los límites decididos por el fallo de 2012, jugaría en su contra a pocos meses de las elecciones regionales. Además, con la presidencia del Senado en cabeza de Iván Name, crítico de su administración, sería muy difícil que un tratado que reconozca los límites fuera ratificado en este momento.