“El Estado está ciego, no puede anticiparse”: secretaria de Seguridad de Quito

Ecuador está en medio de un estado de excepción ordenado por el jefe de Estado, Daniel Noboa, quien declaró este martes la existencia de un “conflicto armado interno”. Desde ese momento, las Fuerzas Armadas ejecutan acciones militares “bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos” contra 22 organizaciones criminales.

Ecuador está en medio de un estado de excepción ordenado por el jefe de Estado, Daniel Noboa, quien declaró este martes la existencia de un “conflicto armado interno”. Desde ese momento, las Fuerzas Armadas ejecutan acciones militares “bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos” contra 22 organizaciones criminales.

El Espectador habló con Carolina Andrade, secretaria de Seguridad en Quito y experta en temas de inteligencia estratégica, sobre la crisis de criminalidad y violencia por la que pasa actualmente su país.

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¿Cómo está la situación actualmente en Quito?

Quito siempre ha tenido un contexto de seguridad diferente al resto de las provincias, principalmente las costeras, que cumplen un rol fundamental de ser las autopistas por donde se está transportando la droga hacia lugares de almacenamiento, casas de seguridad alrededor del puerto de Guayaquil. Quito tiene otra dinámica, que está más alrededor de lo que son redes para el consumo interno. Son organizaciones que hace algunos años tenían su propia dinámica, sus propios actores, que surgían de estructuras que iban generando distribución de narcomenudeo, hacia el mercado interno y que iban ganando poder e influencia.

Es por eso que en Quito ustedes pueden ver la tasa de homicidios, en el 2023, del 9 por cada 100.000 habitantes. El año pasado la tasa fue de 7 por cada 100.000 habitantes. No hablamos de un incremento gigantesco en comparación como otros lugares como Los Ríos.

Durante los últimos años, y sobre todo los últimos meses, las organizaciones grandes que han controlado estas redes para el tráfico internacional han buscado también controlar estas redes de consumo interno, para monopolizar y generar una sola línea de mando. Quito principalmente ha estado bajo la influencia de los Lobos, con los Tiguerones y muy poco los Choneros, porque ellos tienen su margen de acción más en la región costa.

Una de las preocupaciones principales en los estados de excepción es la garantía de los derechos humanos. ¿Cómo se está manejando ese tema?

La declaratoria de estados de excepción ya se ha dado reiterativamente. El presidente Guillermo Lasso tuvo entre 12 y 15 estados de excepción, que fueron muy cuestionados porque nunca lograron ningún objetivo real. Simplemente fue un anuncio con objetivos más políticos y mediáticos, pero nunca se vieron resultados en cuanto a la contención, la disminución de la tasa de homicidios o la recuperación de territorios controlados por la criminalidad. Creo que la diferencia que ahora busca el gobierno de Noboa es reconocer, desde la narrativa oficial gubernamental, que existe un conflicto interno armado. Más allá del Derecho Internacional Humanitario, de las connotaciones jurídico-formales, está el mensaje político a los ciudadanos: llamar a mayor presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, o darles mayor respaldo, que es algo que ha sido permanentemente demandado por la ciudadanía.

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En los hechos vemos que sí están fortaleciéndose los operativos, sobre todo en la costa, en Quevedo, en Guayaquil. En Quito tenemos una presencia uniformada importante también de Fuerzas Armadas, pero no es una militarización total, sino están distribuidos en puntos estratégicos. Obviamente existe el riesgo de cómo pueden abordar casos de enfrentamiento con delincuentes, porque no están entrenados para eso. Hasta ahora creo que han sido bastante cautos y lo que han buscado es generar ese efecto disuasivo preventivo, más que atacar o abatir a algún actor criminal.

El problema también es que ahora se califica como terrorista a cualquier actor que puede estar involucrado en diferentes actividades criminales. Ahora sí hay bastante confusión o mala utilización, podría decir, de esta categoría en cuanto a esta diferenciación entre quién realmente está teniendo motivaciones terroristas y ejecutando acciones terroristas. Muchos de ellos son muy jóvenes e inexpertos, no conocen ni siquiera el uso de armamento y son utilizados por las organizaciones.

Usted ha explicado que esta crisis que vive actualmente Ecuador comenzó en el 2018. ¿Qué fue lo que pasó en ese entonces?

En 2018 no teníamos una crisis de seguridad, no se proyectaba ninguna posibilidad real de que llegáramos a este escenario. Había una posición bastante confiada, por así decirlo, ante el hecho de que estábamos entre dos países que cumplían un rol clave, estratégico, en la cadena global de producción de cocaína, pero nunca la violencia había traspasado a nuestro territorio y había sido generalizada. Entonces, en ese momento hubo varios elementos. Uno que yo resalto es el efecto del Acuerdo de Paz en Colombia entre las Farc-EP y el Gobierno colombiano, que generó una atomización de las organizaciones y sus efectos para Ecuador. Pero principalmente fueron las decisiones políticas en ese momento que se dieron bajo un discurso de promover una reducción del Estado con la idea de que había que reducir los gastos públicos y se tradujo en la eliminación y fusión de instituciones claves.

La más crítica es la eliminación del Ministerio de Justicia en el 2018. Tenía bajo su responsabilidad la gestión de los centros penitenciarios del país, la política de rehabilitación social, la política penitenciaria y la coordinación con el sistema de justicia para procesar estos temas. Lo transforman en el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, que se ha convertido en un símbolo de la corrupción, la infiltración del crimen organizado. Cambiar de un ministerio a un servicio implica una reducción de presupuesto, talento humano, capacidades tecnológicas. En dos años de gobierno con el presidente Lasso se deberían haber tomado algunas acciones radicales en términos de prisiones y no fue así, se siguió aplazando.

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En 2018 usted dice que Ecuador pasó de un modelo preventivo a un modelo reaccionario. ¿Cómo ha sido ese enfoque de “mano dura”?

Sí, efectivamente. En 2009, con la ley de seguridad pública, se reconoce un enfoque de seguridad integral, inspirado en el enfoque de seguridad humana. Hasta el 2017 había un enfoque más integral de la seguridad, con un abordaje alrededor de la inversión social, del tema de educación, de salud. Pero luego hay este tema del desmantelamiento de las capacidades de gobernanza en el sector seguridad.

Cuando llega la crisis pospandemia, que es donde realmente comienza ya todo a desbordarse, con masacres carcelarias e incremento de la delincuencia, es ahí cuando apuestan por una visión más de mano dura, que también deja bastantes dudas. Hay un discurso de militarizar, de invertir US$1.200 millones, pero cuando vamos a ver las cosas que se ejecutaron, eso no se tradujo ni en la asignación de recursos que fortalezcan las capacidades operativas de la Policía, ni de las Fuerzas Armadas.

Cuando vamos a ver los niveles de ejecución presupuestaria del sector seguridad, son bastante bajos. Solamente el 30-34 % se ejecuta de los presupuestos de inversión en el año 2022. Hay una pésima capacidad de gestión de los recursos públicos, que nos pone varias hipótesis. O hay incapacidad, desconocimiento de la administración pública para ejecutar esos recursos, o hay complicidad de no querer ejecutarlos.

El último año, en 2023, fue parecido. Es una vergüenza frente al hecho de que tenemos una crisis de seguridad donde la policía no tiene dotación, no tiene vehículos ni motocicletas para movilizarse, donde graduaron a policías nuevos sin armamento, solamente con gas pimienta. Todo eso le termina beneficiando a la criminalidad, porque ven una policía débil, que no está motivada y que no tiene apoyo del poder político.

Una denuncia constante en Ecuador es la infiltración de las estructuras criminales en el Estado. ¿Se podría hablar de gobernanza criminal?

Totalmente, totalmente. Existe ya, yo no diría que está todavía 100 % cooptado, pero sí existen zonas donde tenemos una mayor presencia, mayor fortaleza de esta gobernanza criminal. También en espacios claves críticos dentro de los poderes del Estado, dentro de la fuerza pública, que buscan instrumentalizar al Estado en beneficio de la criminalidad. Eso está en todos los niveles. Está en otros espacios como el sector privado, las grandes empresas de exportadoras por donde sale la gran cantidad de cocaína, principalmente a Europa; en el sistema financiero, en los bancos, porque 70 % de lo que se lava de dinero se integra al sistema financiero. Son otros ámbitos que en este momento no se están discutiendo en el país.

Lamentablemente, el foco de atención está concentrado en los terroristas que están en las calles, en los que pueden abatir en las calles, que son esos actores de la parte baja de la escala, y no en quienes realmente están lucrándose y que están enviando la droga a través de la contaminación de exportaciones y lavando el dinero claramente también.

El presidente advirtió que no negociaría con terroristas, ¿cómo entonces se planea salir de este estado de guerra interna?

El presidente prometió durante su campaña una estrategia de mano dura, inspirado en la propuesta de Jan Topic durante la primera vuelta, más en la línea de lo que pasa en El Salvador. Estamos esperando que se materialicen esos ofrecimientos. Va a cumplir dos meses en gestiones, es muy poco tiempo, y obviamente tiene un periodo de gobierno bastante corto y en agosto. Al inicio era la narrativa de que no había los recursos necesarios, que la situación económica era crítica, y que para eso se requería aprobar una ley económica urgente, que ya fue aprobada a finales de 2023. Ya con los recursos ahí, lo que se esperaría es que la primera acción inmediata sea el equipamiento para la policía. Que eso vaya de la mano con lo que ya anunció, que es la construcción de estas dos megacárceles, algo necesario para poder recategorizar a las personas privadas de la libertad y recuperar el control de las prisiones.

Eso obviamente tiene que venir acompañado con una estrategia diferenciada a nivel territorial, porque no se puede pensar en una estrategia homogénea para todo el país. Cada territorio tiene sus especificidades y creo que también es una oportunidad para que pueda actuar en conjunto con los gobiernos locales.

¿Lo que se espera es una victoria militar frente a los grupos delincuenciales?

No sé si vayamos a ver una derrota o una victoria militar. Por el momento creo que es una acción de contingencia paliativa, lo que está buscando es mostrar que se puede mantener el orden en el interior del país. Tomemos en cuenta que, mientras se sigan implementando decisiones como el tema de recategorizar a los prisioneros, cambiarlos a otros pabellones, que haya juzgamiento a estructuras criminales, va a seguir incrementando la violencia y la criminalidad. Lo que hay que hacer es buscar que eso afecte lo menos posible a la población civil y que permita ir ejecutando las decisiones y que tengan resultados. Mientras tanto, evitar que esto se desborde nuevamente.

Hay otra gran falla que hemos visto estos días: no hay inteligencia, es decir, no tenemos capacidad de anticipación. El Estado en este momento está ciego, no puede anticiparse sobre lo que podría suceder, quiénes podrían ser los afectados, dónde podrían estar los focos de atención de estos criminales para buscar amedrentar a las autoridades o buscar amedrentar al Estado en su conjunto. Eso también nos pone muchísimo en desventaja.

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