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El exviceministro de Justicia y decano de Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, Miguel Ceballos, y la excanciller Noemí Sanín probaron que el contrato para realizar el Canal Interoceánico de Nicaragua fue suscrito en secreto por Managua con la empresa china HK Nicaragua Canal Development Investment (HKND), antes de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitiera el fallo del 19 de noviembre de 2012, que creó una nueva frontera entre Colombia y Nicaragua.
La tesis del académico y la exministra, criticada por muchos y apoyada por otros, es que la celebración de ese contrato constituye un ‘hecho nuevo’, a partir del cual puede presentarse un recurso de revisión de la sentencia de la CIJ. En su libro La llegada del dragón, que será lanzado mañana, los autores reiteran que el Gobierno debería pedir la revisión del fallo, teniendo en cuenta las implicaciones geopolíticas, económicas y ambientales de la llegada de China a las aguas del Caribe. Ceballos, en entrevista con El Espectador, dice que las sospechas sobre el plan oculto del canal, que comenzaron como una intuición con Sanín, se han venido confirmando y cada día se hacen más fuertes.
¿Por qué cobra fuerza la teoría del canal nicaragüense?
Muchos dicen que China no está metido en el canal. Lo dice el mismo Wang Jing, el empresario ‘independiente’ de HKND. Pero uno no puede ser tan ingenuo de pensar que un proyecto de US$40 billones se hará a espaldas del gobierno chino. Hay hechos que alimentan nuestra tesis: primero, uno de los socios de Wang Jing es la segunda empresa 100% estatal más grande de China, se llama China Railway Corporation y es la encargada de los estudios de factibilidad del proyecto. Hace dos semanas el presidente chino Xi Jinping anunció la pena de muerte para el presidente de esa compañía, por acusaciones de corrupción. El señor se gastó unos US$180 millones en corrupción, ahora lo procesan y piensan si darle el perdón. Esa compañía es cuestionada por la prensa y la banca mundial, porque dicen que utiliza procedimientos inadecuados para sus proyectos.
Segundo: el jueves se conoció que Wang Jing anunció, durante la visita oficial del presidente de Ucrania a China, que construirá un puerto en Ucrania como parte de la nueva cooperación china a ese país, que cuesta US$3 billones. El anuncio lo hizo al mismo tiempo que su presidente anunciaba ayudas a Ucrania. Son demasiadas coincidencias.
El tercero es sobre la jueza china Xue Hanqin, magistrada de la CIJ. Hace tres semanas asistió a una conferencia sobre derecho del mar en Nueva Delhi. Aunque debe mantener su independencia y autonomía frente a decisiones de su gobierno, rebatió un argumento de Harry Roque —profesor filipino de derecho internacional— en cuanto al diferendo que existe entre China y Filipinas. Defendió una posición oficial de su gobierno. Roque menciona algo que nosotros intuíamos: que la jueza, de no haber sido nombrada magistrada, habría sido incorporada al Partido Comunista Chino y que además es la mujer más importante políticamente en su país. Nuestro libro no se dedica al problema de la jueza, pero deja abierta la pregunta de por qué no se declaró impedida en el caso Nicaragua vs. Colombia cuando, como dijo Eduardo Valencia Ospina, todos en La Haya sabían que se planeaba hacer un canal.
¿Cuál es la ‘llegada del dragón’?
El contrato del canal se firmó el 31 de octubre de 2012, antes del fallo y en secreto. Hoy los chinos son concesionarios de las aguas por cien años, incluidas las nuestras.
Haga o no el canal, China ganó una posición geoestratégica sin precedentes en una región importante por el alimento, la energía, el petróleo y el gas. Un detalle importante: la segunda demanda que puso Nicaragua ante la CIJ es para reclamar su plataforma continental, que llegaría casi hasta Cartagena. Y en la interpretación que hace Nicaragua del canal en la Ley 800 de 2012 y en la 840 de este año, incluye como parte del mismo toda la plataforma continental. Para los nicaragüenses el canal incluye aguas, islas, fondeaderos, dársenas y plataforma. Si les reconocen la plataforma, quedaría enclavado el archipiélago y los chinos tendrían el control de todas las aguas alrededor. Eso para efectos militares sería muy importante, porque cerrarían el paso de EE.UU. a Suramérica.
¿Por qué el contrato es un hecho nuevo?
El estatuto de la CIJ establece que, cuando hay un hecho que pueda ser decisivo en el fallo y haya sido anterior al fallo, y no haya sido conocido por la defensa del país que lo alega o por la Corte, puede ser alegado como causal de revisión. El contrato es un hecho nuevo porque, de haberlo conocido los jueces, habrían tenido en cuenta criterios distintos como los aspectos destructivos del canal en estas aguas, teniendo en cuenta que la Unesco declaró en 2000 el archipiélago de San Andrés como reserva de la biosfera, bajo soberanía colombiana. El tema ecológico pesa y, si los jueces hubieran sabido, su decisión hubiera cambiado.
La defensa colombiana también hubiera actuado distinto. No conocían y no tenían por qué conocer del canal nicaragüense, pero de saberlo habría podido, por ejemplo, pedir medidas cautelares para proteger nuestro mar.
¿Por qué el fallo, si no se revisa, se presta para más litigios?
Porque van a generarse conflictos fronterizos entre Colombia y Panamá, entre Nicaragua y Panamá, ente Nicaragua y Costa Rica (además de lo que ya están en la CIJ), entre Nicaragua y Jamaica, y entre Nicaragua y Honduras. En 2007, la Corte en un fallo desapareció la frontera entre Colombia y Honduras y nadie dijo nada. Hoy, por decisión de la Corte, Colombia no tiene parte de la frontera que tenía con Panamá, y desapareció la que tenía con Costa Rica. El fallo acabó fronteras y creó otras como la de Nicaragua y Panamá, que no han sido acordadas en un tratado. Colombia y sus vecinos están ahora en un limbo porque no pueden cumplir sus tratados. Si un barco panameño se encuentra con uno ruso, eso sucederá en una frontera en la que Panamá tendrá que decidir si es con Colombia o Nicaragua. La Corte fue más allá de sus poderes, destruyó un tejido diplomático basado en la buena fe de los países, fronteras que durante más de 80 años permanecieron en paz.
dsalgar@elespectador.com
@Danielalgar1