El consumo y la distribución de drogas en Estados Unidos ha tenido un trato desigual desde hace 30 años. Los períodos de las condenas e incluso la severidad de estas han oscilado entre los ciudadanos que poseen y trafican crack, por un lado, y cocaína, por el otro.
Esta situación es a la que ordenó darle un vuelco el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland. Con una instrucción a los fiscales generales de la nación, el funcionario manifestó su petición de que se trate a “a los acusados de cocaína en crack de la misma manera que a los acusados de cocaína en polvo”.
Para Garland, se debe poner fin a las disparidades y los tratos desiguales en la forma en la que se acusan los delitos que tienen conexión con el crack y la cocaína. El fiscal general, designado por Joe Biden el año pasado, sustenta que “la disparidad entre el crack y el polvo (cocaína) simplemente no la respalda la ciencia, pues no hay diferencias farmacológicas significativas entre ambas drogas”. Ante estos argumentos, si ambas son consideradas lo mismo, no hay razón para que el trato de los jueces y fiscales federales varíe cuando se acusa, juzga y sentencia a las personas imputadas con cargos relacionados con estas sustancias.
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Las drogas, motivo de discriminación social
Estados Unidos fue el fundador y gran defensor de la conocida “Guerra contra las Drogas”. Esta medida, propuesta en la década de los 70, fue promovida por Richard Nixon, a la vez que declaró los estupefacientes como “el enemigo número uno de Estados Unidos”. Sin embargo, de manera paralela, Estados Unidos es el país que más personas tiene encarceladas en su territorio por sentencias relacionadas con drogas. Así lo reconoce el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIH), una de las máximas autoridades en salud a nivel mundial. “Hay investigaciones que indican que aproximadamente el 65 % de las personas que están en la cárcel sufren de algún trastorno activo por el consumo de drogas”, señaló el NIH.
Uno de los argumentos que Garland ha expuesto en medio de este debate es que no tratar jurídicamente igual ambas sustancias “es responsable por disparidades raciales injustificadas en sentencias”. Esta tesis la respalda el portal informativo Infobae, que señala que “el actual régimen de sentencias ha llevado al encarcelamiento desproporcionado de estadounidenses negros desde que se adoptó la política hace 40 años”. Es decir, que más que promover sentencias desiguales entre los condenados, ahonda la discriminación social entre personas blancas y afroamericanas.
¿Por qué ahonda la diferencia social y racial en la ley que hoy está vigente?
Según documentó AFP, en el momento en el que el crack tuvo su auge en las calles estadounidenses, eran los miembros de las comunidades afroamericanas quienes más propensos estaban a poseer y traficar esta sustancia, mientras que los ciudadanos blancos, en muchas ocasiones residentes de la misma ciudad que los afros, poseían cocaína y eran condenados por penas menores.
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Otro cambio penal en 40 años en la política de drogas
No es, pues, la primera vez que algún miembro de las ramas del poder estadounidense trata de acortar la distancia y el trato desigual entre la cocaína y el crack.
El hoy presidente, Joe Biden, hizo los primeros cambios en esta materia hace 30 años. En su época de senador, redactó una ley, que el Congreso aceptó posteriormente, en la cual se establecían penas más drásticas para quienes poseyeran y traficaran crack. Esta ley implicaba que aquellos poseedores de crack estarían condenados a sentencia obligatoria, mientras que los de cocaína tendrían mayores libertades y beneficios en cuanto a la extensión y severidad ante la decisión de un juez.
Un estudio del centro de investigación y estudios The Sentencing Project concluyó que esta ley “recomendaba más de cinco años de prisión por posesión de 500 gramos de cocaína en polvo y la misma pena por solo cinco gramos de crack”, según reportó AFP. En el 2010 se creó más jurisprudencia sobre este asunto. Una ley que se aprobó en esa década eliminó el requisito vigente sobre tener sentencia obligatoria para el crack. Finalmente, en el 2018, Donald Trump sancionó una nueva ley en la que se permitía que las personas sentenciadas por delitos relacionados al crack pudieran apelar con el argumento de disparidad de sentencias. “Esto llevó a que más de 4.500 personas redujeran su sentencia, según un reporte de agosto de 2022 de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos”, informó AFP. Actualmente, las sentencias por delitos relacionados con el crack son 18 veces más largas que aquellas conectadas con cocaína, se lee en Infobae.
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