El fracaso del plan Colombia y la guerra contra las drogas de EE. UU. en el país

Durante el último año y medio la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental (WHDPC) se reunió con funcionarios del gobierno estadounidense, diplomáticos extranjeros y expertos independientes para tratar los problemas y las soluciones alrededor del control de drogas y la asistencia exterior de Estados Unidos en Latinoamérica. Así lo afirma un documento de 117 páginas publicado por la comisión, en la que aseguran que Washington tendrá que cambiar su estrategia en la materia para lograr resultados positivos en la región.

Para poner en contexto la comisión se define como una entidad bipartidista independiente con dos misiones: evaluar una variedad de programas antinarcóticos estadounidenses en Latinoamérica y luego hacer recomendaciones para mejorarlos. El documento recientemente publicado asegura: “Una amenaza cada vez más compleja requiere una estrategia a largo plazo más ágil y adaptativa. Nuestro esfuerzo general debe enfocarse en lograr un objetivo fundamental de política exterior: reducir el suministro de drogas peligrosas ayudando a los gobiernos socios en América Latina a contrarrestar las viciosas organizaciones criminales transnacionales”.

Arrancan su informe dejando muy clara su línea y hablando de uno de los puntos más sensibles de la región, Venezuela y su profunda crisis económica y social: “El ejemplo más extremo es Venezuela, una democracia que se ha convertido en dictadura, desafiando las sanciones financieras con la ayuda no solo de otros estados hostiles, como Cuba, Rusia e Irán, sino también de organizaciones criminales transnacionales, incluidos los traficantes de drogas ilegales y oro”.

Ver más: Trump aplaude esfuerzos de Colombia en lucha contra el narcotráfico

Según la entidad estos han sido los resultados de sus investigaciones: “Nuestros programas de asistencia en Colombia están proporcionando medios de vida lícitos en las regiones cocaleras; nuestro desarrollo de capacidades en México ha fortalecido las reformas de la justicia penal; y nuestros esfuerzos de reforma policial, anticorrupción y prevención de la violencia han ayudado a las naciones atribuladas del Triángulo Norte de Centroamérica - El Salvador, Guatemala y Honduras - a progresar, aunque de manera desigual, hacia una gobernanza más eficaz”.

Puntos muy complicados, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el número de masacres (42 hasta septiembre de este año) y asesinatos a líderes sociales está disparado, así como los índices de impunidad en el sistema penal en México (sólo la tasa de impunidad frente a la desaparición es del 99 %, según la organización Médicos sin Fronteras).

Eso sí, el informe de la entidad afirma que la crisis sanitaria ha sido un punto clave a la hora de empeorar las consecuencias del narcotráfico. “La pandemia ha exacerbado las condiciones que están empeorando nuestra actual crisis de opioides, como la falta de tratamiento adecuado, la angustia económica y el aislamiento social”.

En total son cinco las recomendaciones que hace la entidad al gobierno estadounidense para su estrategia antidroga. La primera es “empoderar al Departamento de Estado para desarrollar y coordinar un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar las organizaciones criminales transnacionales en el exterior y reducir el suministro extranjero de drogas ilícitas”.

Lo segundo que recomiendan es “reemplazar el proceso de certificación y designación de drogas por herramientas más efectivas para evaluar los esfuerzos de los países para contrarrestar la delincuencia transnacional y sancionar a quienes no actúen. El proceso de certificación actual ofende a nuestros socios y hace poco para disuadir las prácticas corruptas en naciones hostiles”.

Además, creen que es importante desarrollar programas de asistencia policial y antinarcóticos basados en acuerdos, haciendo énfasis en el fortalecimiento de las instituciones y así poder reducir las tasas de impunidad y aumentar las de la confianza en el estado. “Los acuerdos resultantes deben ser lo más transparentes posible e incluir mecanismos sólidos de seguimiento y evaluación, basados en indicadores cuantitativos y cualitativos recopilados tanto por los ejecutores del programa como por expertos independientes”, afirma la comisión.

Por último aconsejan reorientar la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP) y fortalecer la capacidad del Tesoro de los Estados Unidos para investigar los flujos financieros ilícitos. “El Congreso debe proporcionar recursos adicionales a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN), fortaleciendo su capacidad para investigar el lavado de dinero y otros delitos financieros y para ayudar a socios extranjeros”.

Legalización de las drogas, ¿una tarea pendiente?

Uno de los puntos que la comisión menciona en su informe es que durante las pasadas elecciones presidenciales, en las que salió ganador Joe Biden, no hubo suficientes propuestas sobre la legalización de las drogas. Esto mientras otros países de la región ya adelantan o incluso ya aprobaron medidas para flexibilizar su uso. Es el caso de Canadá o Uruguay, mientras que en Colombia, Chile, Brasil, Paraguay y Perú permiten un uso del cannabis para uso médico. México, por ejemplo, está tramitando en su Congreso un proyecto de ley para aprobar la despenalización de dicha sustancia que ya obtuvo el visto bueno de la Cámara Baja y que ahora será debatido en el Congreso.

Sin embargo, la entidad asegura que no sería una solución la regularización. “¿Es la regulación de medicamentos una alternativa práctica a la prohibición? ¿Pueden los gobiernos abordar los daños de las sustancias altamente adictivas, como la heroína y la cocaína, y combatir de manera más eficaz el crimen organizado formalizando la industria de las drogas ilícitas? La economía de estos productos ilícitos sugiere que esto sería incluso más difícil que regular la marihuana”.

Aunque el trabajo de la entidad fue largo en diferentes países, a Colombia realizaron numerosos viajes para hablar con altos funcionarios del gobierno de Iván Duque. “Aunque la pandemia de Covid 19 redujo los planes de viaje, los comisionados pudieron visitar Colombia en febrero de 2020 para reunirse con el personal de la embajada de los Estados Unidos, así como con altos funcionarios gubernamentales y representantes de la sociedad civil. En Colombia, los comisionados se reunieron con diplomáticos estadounidenses, incluido el embajador Philip S. Goldberg, consejeros políticos e INL y USAID. También se reunieron con el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, y con los consejeros presidenciales responsables de coordinar la seguridad y el desarrollo en las áreas de posconflicto”.

Ver más: El fantasma de la guerra contra las drogas

Luego de las múltiples reuniones la comisión llegó a la conclusión conjunta de que la legalización de la coca no es suficiente. “La erradicación masiva sigue siendo fundamental para la política antinarcóticos de Estados Unidos en Colombia, a pesar de los enormes costos y los pésimos resultados. En su Diálogo de Alto Nivel en octubre de 2019, los dos gobiernos reafirmaron sus metas conjuntas para 2023 de reducir el cultivo de coca y la producción de cocaína en un 50 por ciento”.

El informe señala algunas recomendaciones para el gobierno de Iván Duque. El primero es que tanto Estados Unidos como Colombia “deben formular una estrategia que integre programas de interdicción de drogas, seguridad y desarrollo alternativo en un enfoque integral y focalizado que aborde las necesidades específicas de las comunidades afectadas por las organizaciones criminales”. Sumado a esto se considera importante convocar una asamblea internacional en la que otros países y organizaciones aporten opiniones.

Por otro lado, la entidad afirma que las erradicaciones de cultivos ilícitos deben ser concertadas con los líderes comunitarios locales sin mencionar que, según los estudios, “destruir laboratorios y confiscar precursores químicos puede ser más rentable y menos dañino para las comunidades locales que erradicar los cultivos de coca”.

México y los países centroamericanos son otro reto importante en la política exterior estadounidense. El documento presentado por la comisión hace un recorrido histórico de las relaciones y las ayudas que existieron en diferentes momentos de la historia. Todo para llegar a hacer hincapié en la necesidad de fortalecer el sistema penal y erradicar la corrupción que existe en su interior. “Las entidades subnacionales, incluidos los fiscales estatales y la policía municipal, a veces son más innovadoras que las instituciones federales. Estados Unidos debe seguir invirtiendo en instituciones estatales y locales cuidadosamente seleccionadas utilizando el conocimiento adquirido durante la última década para identificar las mejores prácticas y compartir lecciones”.

Además, piden “desmantelar los laboratorios de fentanilo mexicanos, perseguir a los operativos criminales de nivel medio y atacar de manera más efectiva a los facilitadores de cuello blanco de los narcotraficantes”.

Durante el último año y medio la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental (WHDPC) se reunió con funcionarios del gobierno estadounidense, diplomáticos extranjeros y expertos independientes para tratar los problemas y las soluciones alrededor del control de drogas y la asistencia exterior de Estados Unidos en Latinoamérica. Así lo afirma un documento de 117 páginas publicado por la comisión, en la que aseguran que Washington tendrá que cambiar su estrategia en la materia para lograr resultados positivos en la región.

Para poner en contexto la comisión se define como una entidad bipartidista independiente con dos misiones: evaluar una variedad de programas antinarcóticos estadounidenses en Latinoamérica y luego hacer recomendaciones para mejorarlos. El documento recientemente publicado asegura: “Una amenaza cada vez más compleja requiere una estrategia a largo plazo más ágil y adaptativa. Nuestro esfuerzo general debe enfocarse en lograr un objetivo fundamental de política exterior: reducir el suministro de drogas peligrosas ayudando a los gobiernos socios en América Latina a contrarrestar las viciosas organizaciones criminales transnacionales”.

Arrancan su informe dejando muy clara su línea y hablando de uno de los puntos más sensibles de la región, Venezuela y su profunda crisis económica y social: “El ejemplo más extremo es Venezuela, una democracia que se ha convertido en dictadura, desafiando las sanciones financieras con la ayuda no solo de otros estados hostiles, como Cuba, Rusia e Irán, sino también de organizaciones criminales transnacionales, incluidos los traficantes de drogas ilegales y oro”.

Ver más: Trump aplaude esfuerzos de Colombia en lucha contra el narcotráfico

Según la entidad estos han sido los resultados de sus investigaciones: “Nuestros programas de asistencia en Colombia están proporcionando medios de vida lícitos en las regiones cocaleras; nuestro desarrollo de capacidades en México ha fortalecido las reformas de la justicia penal; y nuestros esfuerzos de reforma policial, anticorrupción y prevención de la violencia han ayudado a las naciones atribuladas del Triángulo Norte de Centroamérica - El Salvador, Guatemala y Honduras - a progresar, aunque de manera desigual, hacia una gobernanza más eficaz”.

Puntos muy complicados, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el número de masacres (42 hasta septiembre de este año) y asesinatos a líderes sociales está disparado, así como los índices de impunidad en el sistema penal en México (sólo la tasa de impunidad frente a la desaparición es del 99 %, según la organización Médicos sin Fronteras).

Eso sí, el informe de la entidad afirma que la crisis sanitaria ha sido un punto clave a la hora de empeorar las consecuencias del narcotráfico. “La pandemia ha exacerbado las condiciones que están empeorando nuestra actual crisis de opioides, como la falta de tratamiento adecuado, la angustia económica y el aislamiento social”.

En total son cinco las recomendaciones que hace la entidad al gobierno estadounidense para su estrategia antidroga. La primera es “empoderar al Departamento de Estado para desarrollar y coordinar un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar las organizaciones criminales transnacionales en el exterior y reducir el suministro extranjero de drogas ilícitas”.

Lo segundo que recomiendan es “reemplazar el proceso de certificación y designación de drogas por herramientas más efectivas para evaluar los esfuerzos de los países para contrarrestar la delincuencia transnacional y sancionar a quienes no actúen. El proceso de certificación actual ofende a nuestros socios y hace poco para disuadir las prácticas corruptas en naciones hostiles”.

Además, creen que es importante desarrollar programas de asistencia policial y antinarcóticos basados en acuerdos, haciendo énfasis en el fortalecimiento de las instituciones y así poder reducir las tasas de impunidad y aumentar las de la confianza en el estado. “Los acuerdos resultantes deben ser lo más transparentes posible e incluir mecanismos sólidos de seguimiento y evaluación, basados en indicadores cuantitativos y cualitativos recopilados tanto por los ejecutores del programa como por expertos independientes”, afirma la comisión.

Por último aconsejan reorientar la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP) y fortalecer la capacidad del Tesoro de los Estados Unidos para investigar los flujos financieros ilícitos. “El Congreso debe proporcionar recursos adicionales a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN), fortaleciendo su capacidad para investigar el lavado de dinero y otros delitos financieros y para ayudar a socios extranjeros”.

Legalización de las drogas, ¿una tarea pendiente?

Uno de los puntos que la comisión menciona en su informe es que durante las pasadas elecciones presidenciales, en las que salió ganador Joe Biden, no hubo suficientes propuestas sobre la legalización de las drogas. Esto mientras otros países de la región ya adelantan o incluso ya aprobaron medidas para flexibilizar su uso. Es el caso de Canadá o Uruguay, mientras que en Colombia, Chile, Brasil, Paraguay y Perú permiten un uso del cannabis para uso médico. México, por ejemplo, está tramitando en su Congreso un proyecto de ley para aprobar la despenalización de dicha sustancia que ya obtuvo el visto bueno de la Cámara Baja y que ahora será debatido en el Congreso.

Sin embargo, la entidad asegura que no sería una solución la regularización. “¿Es la regulación de medicamentos una alternativa práctica a la prohibición? ¿Pueden los gobiernos abordar los daños de las sustancias altamente adictivas, como la heroína y la cocaína, y combatir de manera más eficaz el crimen organizado formalizando la industria de las drogas ilícitas? La economía de estos productos ilícitos sugiere que esto sería incluso más difícil que regular la marihuana”.

Aunque el trabajo de la entidad fue largo en diferentes países, a Colombia realizaron numerosos viajes para hablar con altos funcionarios del gobierno de Iván Duque. “Aunque la pandemia de Covid 19 redujo los planes de viaje, los comisionados pudieron visitar Colombia en febrero de 2020 para reunirse con el personal de la embajada de los Estados Unidos, así como con altos funcionarios gubernamentales y representantes de la sociedad civil. En Colombia, los comisionados se reunieron con diplomáticos estadounidenses, incluido el embajador Philip S. Goldberg, consejeros políticos e INL y USAID. También se reunieron con el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, y con los consejeros presidenciales responsables de coordinar la seguridad y el desarrollo en las áreas de posconflicto”.

Ver más: El fantasma de la guerra contra las drogas

Luego de las múltiples reuniones la comisión llegó a la conclusión conjunta de que la legalización de la coca no es suficiente. “La erradicación masiva sigue siendo fundamental para la política antinarcóticos de Estados Unidos en Colombia, a pesar de los enormes costos y los pésimos resultados. En su Diálogo de Alto Nivel en octubre de 2019, los dos gobiernos reafirmaron sus metas conjuntas para 2023 de reducir el cultivo de coca y la producción de cocaína en un 50 por ciento”.

El informe señala algunas recomendaciones para el gobierno de Iván Duque. El primero es que tanto Estados Unidos como Colombia “deben formular una estrategia que integre programas de interdicción de drogas, seguridad y desarrollo alternativo en un enfoque integral y focalizado que aborde las necesidades específicas de las comunidades afectadas por las organizaciones criminales”. Sumado a esto se considera importante convocar una asamblea internacional en la que otros países y organizaciones aporten opiniones.

Por otro lado, la entidad afirma que las erradicaciones de cultivos ilícitos deben ser concertadas con los líderes comunitarios locales sin mencionar que, según los estudios, “destruir laboratorios y confiscar precursores químicos puede ser más rentable y menos dañino para las comunidades locales que erradicar los cultivos de coca”.

México y los países centroamericanos son otro reto importante en la política exterior estadounidense. El documento presentado por la comisión hace un recorrido histórico de las relaciones y las ayudas que existieron en diferentes momentos de la historia. Todo para llegar a hacer hincapié en la necesidad de fortalecer el sistema penal y erradicar la corrupción que existe en su interior. “Las entidades subnacionales, incluidos los fiscales estatales y la policía municipal, a veces son más innovadoras que las instituciones federales. Estados Unidos debe seguir invirtiendo en instituciones estatales y locales cuidadosamente seleccionadas utilizando el conocimiento adquirido durante la última década para identificar las mejores prácticas y compartir lecciones”.

Además, piden “desmantelar los laboratorios de fentanilo mexicanos, perseguir a los operativos criminales de nivel medio y atacar de manera más efectiva a los facilitadores de cuello blanco de los narcotraficantes”.