Doce sacerdotes críticos del gobierno de Nicaragua, procesados por distintos cargos, fueron excarcelados y enviados a Roma tras un acuerdo con el Vaticano, anunció este jueves la Santa Sede, confirmando una información de Managua.
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En el grupo, con llegada prevista este jueves a Roma, no figura el obispo Rolando Álvarez, una de las voces más críticas de la Iglesia Católica contra el gobierno de Daniel Ortega, y quien ha preferido la cárcel al exilio. “Puedo confirmar que se le ha pedido a la Santa Sede recibir a 12 sacerdotes de Nicaragua, recientemente excarcelados”, aseguró a la prensa el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, desde Roma.
La noche del miércoles, el Gobierno de Nicaragua anunció en un comunicado que logró un “acuerdo” con la Santa Sede “para el desplazamiento hacia el Vaticano de los 12 sacerdotes que, por distintas causas, fueron procesados”. Según Bruni, “la Santa Sede ha aceptado. Ellos serán acogidos por un funcionario de la Secretaría de Estado por la tarde y serán alojados en alguna de las dependencias de la Diócesis de Roma”.
Aunque el Gobierno no precisó los cargos por los que fueron procesados los doce sacerdotes, medios opositores dijeron que al menos dos cumplían prisión tras haber sido condenados por delitos comunes en cuestionados juicios en 2022 y que otros estaban en celdas de la Policía o bajo arresto de “casa por cárcel” en locales de la Iglesia.
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Las relaciones entre la Iglesia católica y el Gobierno se deterioraron en medio de las fuertes protestas de 2018 contra Ortega, que se extendieron por al menos tres meses con bloqueos de carreteras y choques entre opositores y oficialistas, y dejaron más de 300 muertos, según la ONU. El Gobierno consideró las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Washington, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, así como organismos internacionales, lo acusaron de reprimir a la oposición.
Varios religiosos han sido conminados a abandonar el país o han sido acusados en tribunales, como Álvarez, obispo de Matagalpa, condenado el 10 de febrero a 26 años y cuatro meses de prisión, bajo cargos de propagación de noticias falsas y desacato, entre otros. Un día antes, el obispo había rechazado marcharse a Estados Unidos junto a 222 opositores presos que fueron expulsados del país. Fue privado de su nacionalidad nicaragüense y de sus derechos ciudadanos a perpetuidad, señalado de “traidor a la patria”. En julio pasado estuvo fuera de la cárcel por algunas horas, pero fue devuelto a prisión tras negarse nuevamente a dejar el país, según dijo entonces a la AFP una fuente diplomática en Managua.
Las tensiones de Nicaragua con el Vaticano
El caso de Álvarez es uno de los temas que genera tensiones entre el gobierno de Ortega y la Iglesia católica. Las relaciones diplomáticas de Managua con el Vaticano han estado al borde de la ruptura. El papa Francisco tachó al régimen de “dictadura grosera” a inicios del pasado marzo y la Cancillería nicaragüense sostuvo que se planteó “una suspensión de las relaciones diplomáticas” con la Santa Sede.
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El encargado de negocios del Vaticano en Nicaragua, Marcel Diouf, abandonó el país el 17 de marzo. El año pasado, Ortega expulsó al nuncio, Waldemar Stanislaw Sommertag. Nicaragua canceló en agosto la personalidad jurídica a la Compañía de Jesús y confiscó la universidad jesuita de Managua por acusaciones de “terrorismo”, así como una residencia para sacerdotes aledaña al campus.
El acuerdo anunciado el miércoles con la Iglesia católica “representa la voluntad y el compromiso permanentes de encontrar soluciones, en reconocimiento y aliento de tanta fe y esperanza que anima siempre a los creyentes nicaragüenses, que somos la mayoría”, agregó el Gobierno. Estados Unidos y la Unión Europea mantienen sanciones contra el régimen por sus medidas contra los opositores.
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