El gran reto de la implementación del Estatuto para migrantes venezolanos
La medida colombiana abre una ruta para que más de 1.700.000 venezolanos regularicen su situación migratoria. ¿Y ahora qué sigue?
Txomin Las Heras Leizaola*
El decreto de Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos (ETPMV) firmado por el presidente Iván Duque el 1 de marzo pasado es, sin duda alguna, un punto de inflexión en las políticas migratorias de Colombia, un país que históricamente no ha estado especialmente abierto a movimientos migratorios provenientes del exterior. Además es, sobre todo, un audaz movimiento que coloca al país a la vanguardia latinoamericana en el abordaje de la crisis de movilidad humana proveniente de Venezuela que ha impactado particularmente a América del Sur.
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La medida colombiana abre una ruta para que más de 1.700.000 venezolanos regularicen su situación migratoria –sólo una minoría cuenta actualmente con algún tipo de visa- y abre perspectivas para su plena integración a la vida productiva y social de Colombia. No en balde, la decisión gubernamental ha despertado un amplio apoyo tanto nacional como internacionalmente.
Destacan las manifestaciones de respaldo que han llegado de las capitales del mundo. Para una muestra presentamos tres botones: el Papa Francisco, en una de sus homilías dominicales en el Vaticano, agradeció a Colombia por su “valentía” y destacó que “esto no lo hace un país riquísimo y muy desarrollado, sino uno con muchos problemas de desarrollo, de pobreza, de paz tras casi setenta años de guerrilla”. Desde Washington, el presidente Joe Biden le dijo en una carta a su par colombiano que “lo correcto no siempre es lo más conveniente políticamente, pero es el sello distintivo del verdadero liderazgo”. La titular de la Cancillería española, Arancha González Laya, viajó incluso a Bogotá y Cúcuta donde comprometió fondos para financiar la iniciativa.
El decreto que instaura el ETPMV en Colombia contrasta con la tendencia que se ha venido apreciando en los últimos meses en los países del cinturón andino suramericano que han recibido la proporción absolutamente mayoritaria de la migración venezolana, donde con el paso del tiempo se han ido restringiendo las posibilidades para acoger al éxodo venezolano, bien sea elevando el listón de requisitos, absteniéndose de adelantar procesos de regularización o militarizando las fronteras. Chile se ha convertido en el caso más extremo desde donde a comienzos de febrero de 2020 se expulsó a un numeroso grupo de venezolanos, colombianos, peruanos y bolivianos –no precisamente de la manera más digna- que se encontraban allí en condición irregular.
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Colombia simplemente no puede darse el lujo de cerrar los ojos. Con una activa frontera con Venezuela de más de 2.200 kilómetros, una historia común de migraciones y refugiados y el hecho de albergar el 32% de los 5.400.000 venezolanos que han abandonado su país, la opción de no hacer nada o de afrontar el problema reprimiendo, pareciera ser no solo una alternativa fútil, sino a la larga mucho más costosa financieramente con consecuencias desastrosas desde el punto de vista social y de respeto a los derechos humanos. Decidió, en consecuencia, coger el toro por los cuernos.
La voluntad política demostrada por las autoridades colombianas al iniciar este fantástico camino, que ojalá sigan los otros países de la región, enfrentará su prueba de fuego con el proceso de implementación del Estatuto que, con toda seguridad, no estará exento de dificultades y obstáculos en vista de las dimensiones y complejidades del mismo. Una buena razón, así mismo, para que Colombia reciba un mayor apoyo de la cooperación internacional, cónsono con la de otras crisis migratorias equiparables a la venezolana.
La consulta
Un primer paso en este sentido fue el proceso de consulta con la sociedad al que fue sometido el proyecto del decreto, anunciado el 8 de febrero de 2021, durante quince días, período que concluyó el pasado 23 de febrero y en el que fueron recibidas, según trascendió, alrededor de 300 documentos con observaciones, lo que da a entender el interés que ha despertado el tema en muy diversos sectores de la colectividad colombiana y del exterior.
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La versión final firmada por el presidente Iván Duque el 1 de marzo de 2021 conserva en esencia el contenido del proyecto y mantiene el espíritu del mismo. Incorpora algunos elementos nuevos y realiza precisiones necesarias, recogidas a partir de las sugerencias hechas en la consulta. Resaltan en este sentido las disposiciones relativas a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, ha dejado por fuera importantes observaciones realizadas por especialistas que hubieran enriquecido y blindado los objetivos del Estatuto que, en definitiva, se pueden resumir el proteger a la migración proveniente del vecino país y brindar una excelente oportunidad al desarrollo armónico de Colombia.
Lagunas y omisiones
Así, el decreto del ETPMV sigue manteniendo en manos de Migración Colombia unos elevados niveles de discrecionalidad a la hora de denegar o suspender los permisos, sin que los solicitantes o beneficiarios de los mismos puedan activar recursos de reconsideración, lo que sin duda sitúa a los migrantes en una clara posición de desventaja. Así mismo, la previsión recogida en su articulado en relación a la incompatibilidad de obtener el permiso si los solicitantes tienen antecedentes penales, anotaciones o procesos administrativos sancionatorios o judiciales en curso en Colombia o en el exterior, sigue siendo muy amplia y podría llevar a situaciones absurdas como la de no beneficiar a un migrante que haya cometido una falta menor, como una infracción de tránsito por ejemplo.
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Si bien el decreto recoge ahora en sus considerandos una mención al derecho a la protección de la familia, no se hace referencia alguna a una ruta definida para los procesos de reunificación familiar, elemento crucial toda vez que es conocido que el carácter intempestivo y masivo que ha tenido el fenómeno migratorio venezolano por todo el continente americano ha dejado núcleos familiares divididos que será necesario reunificar en el menor plazo posible.
No es suficiente prever, como está contemplado en el decreto, un período de dos años adicionales a partir de la firma del mismo para permitir la entrada de nuevos migrantes que puedan acogerse al ETPMV, pues la condición impuesta es que lo hagan legalmente con un pasaporte sellado y de todos es conocido que el Estado venezolano no está proveyendo esos documentos de manera rutinaria y, cuando lo hace, cobra unos precios inalcanzables para la empobrecida población venezolana. Además, con las fronteras cerradas el requisito de una entrada legal es imposible cumplirlo para la mayoría de los ciudadanos venezolanos.
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Habrá que esperar las resoluciones que comience a emitir Migración Colombia al poner en marcha este ambicioso programa, con la esperanza de que en el aún largo trecho de camino que nos falta por recorrer se vayan llenando lagunas y omisiones que contribuyan a preservar los principios que han dado vida a esta iniciativa y que ha despertado tantas esperanzas entre la migración venezolana, elogios de la comunidad internacional y compromiso por parte de los diferentes sectores del país.
*Txomin Las Heras Leizaola: Investigador del proyecto “Esto no es una frontera, esto es un río” del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en colaboración con Diálogo Ciudadano y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer
El decreto de Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos (ETPMV) firmado por el presidente Iván Duque el 1 de marzo pasado es, sin duda alguna, un punto de inflexión en las políticas migratorias de Colombia, un país que históricamente no ha estado especialmente abierto a movimientos migratorios provenientes del exterior. Además es, sobre todo, un audaz movimiento que coloca al país a la vanguardia latinoamericana en el abordaje de la crisis de movilidad humana proveniente de Venezuela que ha impactado particularmente a América del Sur.
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La medida colombiana abre una ruta para que más de 1.700.000 venezolanos regularicen su situación migratoria –sólo una minoría cuenta actualmente con algún tipo de visa- y abre perspectivas para su plena integración a la vida productiva y social de Colombia. No en balde, la decisión gubernamental ha despertado un amplio apoyo tanto nacional como internacionalmente.
Destacan las manifestaciones de respaldo que han llegado de las capitales del mundo. Para una muestra presentamos tres botones: el Papa Francisco, en una de sus homilías dominicales en el Vaticano, agradeció a Colombia por su “valentía” y destacó que “esto no lo hace un país riquísimo y muy desarrollado, sino uno con muchos problemas de desarrollo, de pobreza, de paz tras casi setenta años de guerrilla”. Desde Washington, el presidente Joe Biden le dijo en una carta a su par colombiano que “lo correcto no siempre es lo más conveniente políticamente, pero es el sello distintivo del verdadero liderazgo”. La titular de la Cancillería española, Arancha González Laya, viajó incluso a Bogotá y Cúcuta donde comprometió fondos para financiar la iniciativa.
El decreto que instaura el ETPMV en Colombia contrasta con la tendencia que se ha venido apreciando en los últimos meses en los países del cinturón andino suramericano que han recibido la proporción absolutamente mayoritaria de la migración venezolana, donde con el paso del tiempo se han ido restringiendo las posibilidades para acoger al éxodo venezolano, bien sea elevando el listón de requisitos, absteniéndose de adelantar procesos de regularización o militarizando las fronteras. Chile se ha convertido en el caso más extremo desde donde a comienzos de febrero de 2020 se expulsó a un numeroso grupo de venezolanos, colombianos, peruanos y bolivianos –no precisamente de la manera más digna- que se encontraban allí en condición irregular.
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La voluntad política demostrada por las autoridades colombianas al iniciar este fantástico camino, que ojalá sigan los otros países de la región, enfrentará su prueba de fuego con el proceso de implementación del Estatuto que, con toda seguridad, no estará exento de dificultades y obstáculos en vista de las dimensiones y complejidades del mismo. Una buena razón, así mismo, para que Colombia reciba un mayor apoyo de la cooperación internacional, cónsono con la de otras crisis migratorias equiparables a la venezolana.
La consulta
Un primer paso en este sentido fue el proceso de consulta con la sociedad al que fue sometido el proyecto del decreto, anunciado el 8 de febrero de 2021, durante quince días, período que concluyó el pasado 23 de febrero y en el que fueron recibidas, según trascendió, alrededor de 300 documentos con observaciones, lo que da a entender el interés que ha despertado el tema en muy diversos sectores de la colectividad colombiana y del exterior.
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Lagunas y omisiones
Así, el decreto del ETPMV sigue manteniendo en manos de Migración Colombia unos elevados niveles de discrecionalidad a la hora de denegar o suspender los permisos, sin que los solicitantes o beneficiarios de los mismos puedan activar recursos de reconsideración, lo que sin duda sitúa a los migrantes en una clara posición de desventaja. Así mismo, la previsión recogida en su articulado en relación a la incompatibilidad de obtener el permiso si los solicitantes tienen antecedentes penales, anotaciones o procesos administrativos sancionatorios o judiciales en curso en Colombia o en el exterior, sigue siendo muy amplia y podría llevar a situaciones absurdas como la de no beneficiar a un migrante que haya cometido una falta menor, como una infracción de tránsito por ejemplo.
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Si bien el decreto recoge ahora en sus considerandos una mención al derecho a la protección de la familia, no se hace referencia alguna a una ruta definida para los procesos de reunificación familiar, elemento crucial toda vez que es conocido que el carácter intempestivo y masivo que ha tenido el fenómeno migratorio venezolano por todo el continente americano ha dejado núcleos familiares divididos que será necesario reunificar en el menor plazo posible.
No es suficiente prever, como está contemplado en el decreto, un período de dos años adicionales a partir de la firma del mismo para permitir la entrada de nuevos migrantes que puedan acogerse al ETPMV, pues la condición impuesta es que lo hagan legalmente con un pasaporte sellado y de todos es conocido que el Estado venezolano no está proveyendo esos documentos de manera rutinaria y, cuando lo hace, cobra unos precios inalcanzables para la empobrecida población venezolana. Además, con las fronteras cerradas el requisito de una entrada legal es imposible cumplirlo para la mayoría de los ciudadanos venezolanos.
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*Txomin Las Heras Leizaola: Investigador del proyecto “Esto no es una frontera, esto es un río” del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en colaboración con Diálogo Ciudadano y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer