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En Estados Unidos se estima que hay 1,3 millones de adultos que están bajo tutela de cuidado, el 85 % de ellos son personas mayores de 65 años, según datos del Consejo Nacional sobre Discapacidades. ¿El problema? Aunque el sistema nació como un mecanismo de protección, en la práctica puede deformarse y despojar a las personas de sus derechos civiles básicos. “La tutela es una herramienta esencial, pero a la vez un arma peligrosa”, dijo Joanne Marlatt Otto, miembro de la Asociación Nacional de Servicios de Protección para Adultos.
“La tutela funciona para cuidar a una persona que no puede hacerse cargo de sus propias necesidades básicas”, explicó Zoe Brennan-Krohn, abogada del personal del Proyecto de Derechos de Discapacidad de la ACLU, a la revista Time. Y aunque se supone que las personas no deben perder toda su autonomía, y que el sistema solo entrega los poderes que son realmente necesarios, el Consejo Nacional de Discapacidades descubrió que la mayoría de estas tutelas van mucho más allá y otorgan todos los derechos al tutor designado. Y eso es justo lo que pasó con Britney Spears.
La Princesa del pop ha librado una batalla legal en los últimos años contra su padre, Jamie Spears, quien ejerce una tutela de cuidado sobre ella porque él y un tribunal consideraron que supuestamente la cantante no puede valerse por sí misma. En 2007, una corte estableció que la artista sufría de una serie de “comportamientos erráticos” que requerían que alguien estuviera a cargo de sus decisiones personales y financieras. Sin embargo, la medida se convirtió en una herramienta opresiva y controladora de la vida de Spears, con la que incluso se llegó a dominar su vida reproductiva.
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“Quiero casarme y tener un bebé, pero la tutela no me lo permite. Tengo un DIU dentro de mí en este momento, y no puedo quedar embarazada. Este supuesto equipo no me deja ir a un médico porque no quieren que tenga más hijos. Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien”, dijo la cantante ante una jueza de Los Ángeles hace una semana.
Britney Spears es la cara del problema, pero durante años cientos de personas con discapacidad, adultos mayores y personas con ciertas enfermedades han luchado para reformar esta medida y esperan que la atención prestada al caso de Britney pueda impulsar un cambio real. Y es que una vez se establece la tutela es muy difícil ponerle fin. Las personas pierden acceso a su dinero, a su capacidad de firmar un contrato y, en algunos casos, incluso a internet. Lo que las deja expuestas a fraude e incluso a abusos físicos, un problema que las autoridades no han logrado resolver con facilidad.
El mismo Departamento de Justicia advirtió en 2017 que los estados no tienen la capacidad de informar sobre el número de tutelas en las que se dan casos de explotación, pues muchas veces el patrimonio fue robado antes de que las autoridades detectaran el problema. Además, esta herramienta funciona de forma distinta en cada estado, y no hay datos claros sobre las personas bajo tutela a escala nacional, ni edades, ni género, ni siquiera si las personas tienen diagnósticos oficiales en todos los casos. Pero sí hay informes que nos muestran qué tan grave puede ser el asunto en el país.
La Oficina de Rendición de Cuentas de EE. UU. (GAO) identificó cientos de denuncias de abuso físico, abandono y explotación financiera por parte de tutores en 45 estados y el Distrito de Columbia entre 1990 y 2010. En 20 casos específicos, la GAO determinó que los tutores habían robado unos US$5,4 millones en activos de 158 víctimas incapacitadas, muchas de las cuales eran adultos mayores.
Algunos de los hallazgos claves arrojaron que en 12 de los 20 casos los tribunales no supervisaron a los tutores una vez fueron nombrados, lo que permitió que continuara el abuso contra los adultos mayores y sus bienes. Y en al menos seis casos los tribunales no seleccionaron adecuadamente a los tutores, designando a personas con condenas penales o problemas financieros importantes para administrar bienes de gran valor.
¿Algunos ejemplos? En Misuri, un tutor malversó más de US$640.000 de un hombre de 87 años con alzhéimer. El dinero fue utilizado para comprar una camioneta Hummer y firmar decenas de cheques a bailarines exóticos. Los trabajadores del condado encontraron a la víctima viviendo en el sótano del tutor. Y en Kansas, un tutor y su esposa abusaron sexual y físicamente de al menos 20 personas con discapacidad que vivían en su hogar grupal que no tenía ningún tipo de licencia. Además, cobraron a Medicare, un programa federal de seguro médico, por brindar “terapias” a estas personas. En ambos casos los responsables fueron sentenciados a ocho años de prisión.
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¿Qué hacer?
Nina Kohn, profesora de derecho de la Universidad de Syracuse, dijo ante un comité del Senado de EE. UU. en 2018 que los estados deben crear sistemas que incentiven alternativas para una protección adecuada. “Actualmente se hace todo lo contrario. Es más fácil para los tribunales ordenar una tutela completa, y a menos que la ley requiera otra cosa, el juez simplemente otorga al tutor todos los poderes permitidos por la ley estatal”.
Por otro lado, la lucha de Spears inspiró una nueva propuesta bipartidista en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El congresista demócrata Charlie Crist y la republicana Nancy Mace presentaron la Ley de Libertad y Derecho a Emanciparse de la Explotación, una propuesta con la cual se busca que una persona sujeta a una tutela de cuidado, como es el caso de Spears, pueda solicitar la sustitución de su tutor privado designado sin tener que demostrar abuso por parte de este. El documento también busca que los estados proporcionen una base de datos actualizada para saber cuántas personas están bajo este tipo de tutela.
“El caso de Britney Spears es una pesadilla. Si le puede pasar a ella, le puede pasar a cualquiera. Las tutelas sin duda protegen a incontables estadounidenses vulnerables del abuso, pero el caso de Britney Spears revela un lado más oscuro de un sistema destinado a proteger a las personas”, dijo Mace