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El chat grupal en WhatsApp era una especie de vestidor de gimnasio para decenas de los más grandes empresarios de Brasil. Estaban un magnate de los centros comerciales, el fundador de una tienda de ropa para surfear y el multimillonario de la tienda más conocida de Brasil. Se quejaban de la inflación, enviaban memes y, a veces, compartían opiniones incendiarias.
“Prefiero un golpe de Estado a que regrese el Partido de los Trabajadores”, afirmó el 31 de julio Jose Koury, otro propietario de centros comerciales, aludiendo al partido de izquierda que encabeza las encuestas para las elecciones presidenciales. El propietario de una cadena de restaurantes respondió con un GIF de un hombre que aplaude. Teniendo en cuenta la historia de este país con los dictadores y los temores generalizados de que el presidente Jair Bolsonaro se niegue a aceptar una derrota electoral, fue un comentario preocupante.
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Pero quizá lo que sucedió después haya sido incluso más alarmante para la cuarta democracia más grande del mundo. Agentes federales allanaron las casas de los ochos hombres de negocios. Las autoridades congelaron sus cuentas bancarias, solicitaron la entrega de sus registros financieros, telefónicos y digitales, y ordenaron a las redes sociales suspender algunas de sus cuentas.
La orden provino de Alexandre de Moraes, un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil. La única prueba que mencionaba eran los mensajes del grupo de WhatsApp, que habían sido filtrados a un periodista. En esos mensajes, solo dos de los ocho empresarios habían sugerido que estarían a favor de un golpe de Estado.
Se trató de un claro despliegue de fuerza del poder judicial que culminó una tendencia de años: el Supremo Tribunal de Brasil ha ampliado de manera drástica su poder para contrarrestar las posturas antidemocráticas de Bolsonaro y sus seguidores. De paso, según expertos en derecho y gobierno, el tribunal ha dado su propio giro represivo.
Moraes encarceló a cinco personas sin que enfrentaran un juicio por publicaciones en las redes sociales que en su opinión eran un ataque a las instituciones de Brasil. También ha ordenado a las redes sociales eliminar miles de publicaciones y videos con muy poco margen de apelación. Y este año, diez de los once ministros de la corte sentenciaron a un congresista a casi nueve años de prisión por las que consideraron amenazas en su contra en una transmisión en directo.
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Los expertos en derecho opinan que la toma de poder por parte del más alto tribunal de la nación debilita una institución democrática clave en el país más grande de América Latina, mientras los votantes se alistan para elegir un presidente el 2 de octubre. Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de izquierda, va adelante de Bolsonaro en las encuestas desde hace meses, mientras Bolsonaro ha estado diciendo al país, sin ninguna prueba, que sus rivales están tratando de amañar la votación.
En muchos casos, Moraes ha actuado de forma unilateral, envalentonado por los nuevos poderes que el tribunal se otorgó a sí mismo en 2019 y que, en la práctica, le permiten actuar a la vez como investigador, fiscal y juez en algunos casos. Dias Toffoli, el magistrado del Supremo Tribunal que creó esas facultades, afirmó en una declaración que lo hizo para proteger la democracia nacional: “Brasil vive con la misma incitación al odio que cobró vidas en el ataque al Capitolio de Estados Unidos y las instituciones democráticas deben evitar escenarios como el del 6 de enero de 2021, que sacudieron al mundo”.
Los líderes políticos de izquierda, y gran parte de la prensa y la ciudadanía brasileña, han apoyado en gran medida las acciones de Moraes como medidas necesarias para contrarrestar la singular amenaza que representa Bolsonaro. Pero muchos expertos juristas dicen que las demostraciones de fuerza de Moraes, con la consigna de salvar la democracia, amenazan por sí mismas con empujar al país hacia un descenso antidemocrático.
“Es la historia de todas las cosas malas que ocurren en la política”, dijo Luciano da Ros, profesor brasileño de Ciencias Políticas que estudia la política del poder judicial. “Al principio tenías un problema. Ahora tienes dos”. Moraes declinó hacer comentarios a través de un vocero.
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El Supremo Tribunal de Brasil ya era una institución poderosa. En Estados Unidos, la Corte Suprema emite dictámenes sobre unos 100 a 150 casos al año. En Brasil, los once magistrados y los fiscales que trabajan para ellos emitieron 505.000 opiniones en los últimos cinco años.
En 2019, unos cuantos meses después de que Bolsonaro llegó a la presidencia, un documento de una página amplió en gran medida las facultades del Supremo Tribunal. En aquel momento, la corte enfrentaba ataques en línea de algunos de los seguidores de Bolsonaro.
Por lo general, las autoridades o fiscales tendrían que haber investigado dichas actividades, pero no lo habían hecho. Así que Toffoli, el magistrado presidente de la corte, emitió una orden que le otorgaba al Supremo Tribunal la autoridad para iniciar una investigación. La corte investigaría las “fake news” —Toffoli usó el término en inglés— que atacaba “la honorabilidad” de la corte y sus magistrados.
Toffoli encomendó a Moraes, de 53 años, un apasionado exministro de justicia federal y profesor de Derecho Constitucional que se había incorporado a la corte en 2017, la dirección de la investigación. En su primera acción, Moraes ordenó a una revista brasileña, Crusoé, retirar un artículo en línea que mostraba vínculos entre Toffoli y una investigación de corrupción. Moraes lo calificó de “fake news”.
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Andre Marsiglia, un abogado que representó a Crusoé, dijo que el fallo era sorprendente. El Supremo Tribunal de Brasil había protegido en varias ocasiones a las organizaciones informativas de los fallos de tribunales inferiores que ordenaban ese tipo de actos. Ahora, decía, “era el impulsor de la censura” y no había a quién recurrir. Más tarde, Moraes levantó la orden, después de que los documentos judiciales demostraron que el artículo era cierto.
En muchos casos, Moraes actuó contra influentes de derecha que difundían información engañosa o falsa. Pero también lo hizo contra quienes eran de izquierda. Cuando la cuenta oficial de un partido comunista brasileño tuiteó que Moraes era un “cabeza rapada” y que el Supremo Tribunal debía disolverse, Moraes ordenó a las empresas tecnológicas que prohibieran todas las cuentas del partido, incluido un canal de YouTube con más de 110.000 suscriptores. Las empresas cumplieron.
Moraes fue aún más lejos. En siete casos ordenó la detención de activistas de extrema derecha, acusados de amenazar la democracia al abogar por un golpe de Estado o convocar a la gente a concentraciones antidemocráticas. Al menos dos siguen en la cárcel o bajo arresto domiciliario. Algunos casos fueron iniciados por la Fiscalía, mientras que otros los inició el mismo Moraes.
Con la mayoría en el Congreso, el Ejército y el poder ejecutivo respaldando al presidente, se puede decir que Moraes se ha convertido en el contrapeso más efectivo del poder de Bolsonaro. Eso lo ha convertido en un héroe de la izquierda y en el enemigo público número uno de la derecha. Bolsonaro ha arremetido contra él en sus discursos, ha intentado y fracasado en su intento de destituirlo y luego ha dicho a sus partidarios que no acataría las decisiones de Moraes (más tarde se retractó).
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La tensión entre ellos aumentó con el caso de WhatsApp que involucraba a los empresarios. Bolsonaro criticó la orden de Moraes, que aprobaba en parte una solicitud para que la policía allanara las casas de los empresarios. En un momento poco común, la prensa convencional brasileña estuvo de acuerdo con el presidente. “Intercambiar mensajes, meras opiniones sin actos, incluso si son contra la democracia, no constituye un delito”, afirmó la red de televisión Band en un editorial.
La oficina de Morales, al ser criticada, emitió un documento judicial adicional que, según dijo, proporcionaba más pruebas de la amenaza potencial que representaban los hombres. El documento repetía las conexiones ya públicas que algunos de los hombres tenían con operadores de la derecha. Después, Moraes liberó las cuentas bancarias de los empresarios. Los hombres nunca fueron arrestados.
Lindora Araújo, viceprocuradora general de Brasil y fiscal de carrera, apeló la orden de Moraes contra los empresarios, con el argumento de que el magistrado había abusado de su poder al actuar contra ellos por el simple hecho de opinar en un chat privado. La subprocuradora agregó que la orden del magistrado se asimilaba al “tipo de vigilancia del pensamiento característico de los regímenes autoritarios”. La apelación fue enviada a Moraes, quien la desestimó.
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