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Tras el rechazo a la nueva constitución en septiembre de 2022, los partidos presentes en el Congreso lograron un acuerdo para adelantar un nuevo proceso constituyente, entendiendo que la voluntad de cambiar la vigente sigue insatisfecha.
El nuevo proceso tiene tres instancias: el Comité de Expertos, compuesto por 12 hombres y 12 mujeres que desde el 6 de marzo escribirán un primer borrador; el Comité Técnico de Admisibilidad, que funcionará por requerimiento y garantizará el cumplimiento de las 12 bases definidas en el acuerdo (verlas al final). Está integrado por 14 juristas, también paritario.
La tercera es el Consejo Constitucional, equivalente a la Convención, y estará compuesto por 50 personas, 25 hombres y 25 mujeres, a escogerse el 7 de mayo entre 358 candidaturas. Los escaños se distribuyen mediante cifra repartidora por listas abiertas por circunscripción, que en total son 16, una por región. El Consejo debatirá la propuesta del Comité de Expertos, agregará y recogerá temas no resueltos y conducirá la participación ciudadana, que contará con una plataforma para presentar iniciativas y una consulta para comentar el borrador.
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Las candidaturas se inscribieron en cinco listas. En el oficialismo intentaron ir en lista única, pero finalmente fueron en dos: Unidad para Chile, de Apruebo Dignidad, coalición tras el presidente, más los partidos Liberal y Socialista (PS), que se alejaron de sus aliados de la Concertación, marcando una separación entre progresistas y las fuerzas inclinadas al centro, que quedaron en la lista Todo por Chile, integrada por el Partido Por la Democracia, Democracia Cristiana y el Partido Radical. Cada lista presentó 72 y 70 candidaturas, respectivamente, en los 16 distritos.
La oposición también se dividió entre la derecha tradicional –aparentemente más dialogante–, compuesta por la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y EVOPOLI, que van en la lista Chile Seguro; y el Partido Republicano, de extrema derecha. Cada una compite en todo el país con 72 candidaturas. La última lista corresponde al Partido de la Gente, de Franco Parisi, denominada Pacto por la Gente, con 62 postulaciones en 15 de los 16 distritos.
Diferencias con el proceso anterior
El nuevo proceso marca al menos tres diferencias con el anterior: habrá escaños reservados para pueblos indígenas, pero adicionales a los 50 consejeros/as. Se otorgará una primera curul si la votación por esta lista representa el 1,5 % del total, y uno adicional por cada 2 % extra. Sin embargo, solo inscribieron tres candidaturas.
Una segunda diferencia corresponde a la participación independiente. Para la Convención hubo un 40,5 % de candidaturas en listas fuera de partidos, modalidad que fue desestimada. Ahora, las personas no afiliadas negociaron sus candidaturas con los partidos tradicionales, llegando a un 19,5 % de independientes dentro de estas listas. La vez pasada fueron 21,5 %.
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Y la tercera es que esta elección será la primera con sufragio universal obligatorio, es decir, voto obligatorio de todo el padrón, marcando el abandono del voto voluntario tras 11 años. Por esto no es posible realizar proyecciones, pero sí algunas apreciaciones.
Algunas reflexiones
En términos generales, el corto periodo de campaña obligó a los partidos a recurrir a figuras reconocidas, lo cual es de doble filo para las listas Todo por Chile y Chile Seguro, que apelaron a figuras criticadas, lo cual podría mermar su caudal electoral.
También, para el oficialismo resulta arriesgado ir en dos listas, por la dispersión, pero es más riesgoso para Todo por Chile, que se juega su capital político dentro del gobierno. Además, deberán ser cautos en cómo ofrecer sus propuestas sin dar pie a que la oposición los vincule con la Convención y evitar ataques que mermen las opciones de ambas listas, que deberán actuar en bloque en el Consejo. Y en la oposición, la derecha compite apropiándose del rechazo, lo cual puede resultar en una estrategia errada, ya que si bien fueron sus promotores, el resultado supone que quienes rechazaron pertenecen a un abanico político más amplio.
Y sobre el desarrollo del proceso, no hay experiencia de tres instancias interactuando en paralelo y el diálogo entre ellas es una incógnita. Asimismo, el gobierno desempeñará un rol clave puesto que deberá garantizar la fluidez. A su vez, la relación con el congreso, los medios, los partidos y movimientos sociales, así como el desempeño del gobierno pueden inclinar los contenidos de la nueva constitución.
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Por último, el rechazo al borrador anterior dibuja cierto límite a los contenidos, a pesar que la elección reflejó un descontento frente a la política tradicional. En este sentido, se restringen posiciones extremas, debiendo los partidos ser garantes del proceso y minimizar los errores para reducir los impactos negativos a sí mismos, al congreso, al gobierno y a la democracia.
Las 12 bases definidas en el acuerdo:
1. Chile es una república democrática;
2. El estado es unitario y descentralizado;
3. Respeto a los derechos humanos y tratados internacionales;
4. Pueblos indígenas son parte de la nación unitaria e indivisible;
5. Estado social y democrático de derecho, sujeto a la responsabilidad fiscal a través de instituciones estatales y privadas;
6. Respeto a los emblemas nacionales;
7. Separación de los poderes consagrando el congreso bicameral;
8. Definición de entidades autónomas;
9. Garantía a derechos a la vida, igualdad, propiedad, consciencia y derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos;
10. Fuerzas armadas subordinadas al poder civil;
11. Estados de excepción constitucional (asamblea, sitio, catástrofe y emergencia);
12. Conservación de la naturaleza.
* Analista, asesor político e investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) y del Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial, Paz y Posconflicto, (GIDETEPP).
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