El Programa Mundial de Alimentos llega como un salvavidas a Venezuela
Tras años de negativas, Nicolás Maduro accedió a aceptar ayuda de la ONU para alimentar a su población hambrienta. Cerca de 1.5 millones de niños venezolanos podrán disfrutar de sus ventajas.
El pronunciado agravamiento de la crisis en Venezuela, ocasionado en gran parte por la pandemia de coronavirus, hizo que Nicolás Maduro cediera finalmente y aceptara suscribir un acuerdo de asistencia con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), una organización de la ONU con gran respaldo y confianza a nivel internacional que fue galardonada en 2020 con el Premio Nobel de la Paz por su actuación en todo el mundo.
Cabe resaltar que, según la organización Caritas, la cual realiza un monitoreo constante de la situación en el país, los niveles de desnutrición aguda en Venezuela aumentaron 73 % en menores de 5 años luego de los primeros meses de la pandemia. En el 20 % de los niños menores de seis meses se ha identificado desnutrición aguda.
El anuncio es muy importante para los venezolanos. Hay que recordar que el mandatario le cerró las puertas en el pasado al ofrecimiento de este organismo de la ONU, pues se negaba a que funcionara de manera independiente.
Desde 2015, Maduro ha monopolizado la distribución de la comida a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), los cuales están bajo el control del Partido Socialista Unido de Venezuela.
El presidente ha sido denunciado por usar los planes de subsidio del Gobierno y la ayuda internacional para favorecer solo a sus simpatizantes, reforzar la influencia del chavismo y pagar favores a sus aliados. Conductas reprochables que alejaron la muy necesitada asistencia del país. Esto es clave, pues Maduro no estaba dispuesto a cederle el control de la distribución de la ayuda al PMA, sino que quería dejarle el control de esta a los CLAP, hasta ahora.
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El acuerdo logrado entre Maduro y el PMA, que fue celebrado incluso por la oposición al chavismo, permitirá que esta agencia de la ONU provea de alimentos a 185.000 niños en un principio, con el objetivo de llegar a 1.5 millones de menores de edad en edad escolar. En Venezuela hay 9.3 millones de habitantes que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, el equivalente a casi un tercio de la población.
La ayuda del PMA no pudo llegar en un momento más oportuno. Y es que según un informe de esta organización publicado en 2020, se estima que uno de cada tres venezolanos no tiene acceso a la cantidad mínima de alimentos para mantener un buen desarrollo: no hay suficientes frutas ni vegetales y la carne, el pescado y los huevos, así como otros productos como cereales, tubérculos y legumbres tienen precios inaccesibles para la ciudadanía. Hay muy poca diversidad en la dieta de los venezolanos y han aumentado los niveles de malnutrición, por otro lado.
“El 45 % de los hogares no reporta consumo de carnes, el 74 % no consume productos lácteos y el 55 % no consume huevos. En promedio, el 58 % de los hogares no ha podido tener acceso a proteínas de alto valor biológico, ni a nutrientes esenciales como hierro. Menos del 40 % de hogares reporta consumo regular de vegetales y frutas”, indica un boletín de la organización Caritas.
El país, hoy por hoy, se ubica en el listado de naciones con mayor inseguridad alimentaria del mundo, y la situación es particularmente alarmante entre los niños. Los últimos datos oficiales que publicó el Ministerio de Salud son de 2017, pero en estos ya se puede observar el drama humanitario que afronta la nación: las muertes infantiles crecieron en un 30 % con respecto a 2016, y desde entonces la situación ha empeorado. El 59 % de los niños tiene algún grado de retraso en su crecimiento lineal, y el 11 % tiene un retraso severo.
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“Todos los días se recibe un niño desnutrido. Parecen niños que no habíamos visto en Venezuela hacía mucho tiempo”, le dijo el doctor Francisco Nieto, que trabaja en un hospital en el estado fronterizo de Táchir, al Chicago Tribune.
El PMA, por otro lado, señala que solo el 8 % de los hogares venezolanos puede costear la alimentación. La organización cree que para combatir los altos niveles de desnutrición es clave llegar a las escuelas e invertir en los comedores escolares cuyo trabajo se ha visto obstaculizado por el cierre de aulas. Es allí donde el PMA concentrará su trabajo.
“Los niños, las niñas y las escuelas estarán en el centro de nuestra operación. Creemos que la escuela es la plataforma más apropiada para que el Programa Mundial de Alimentos llegue a las comunidades de manera independiente”, dijo David Beasly, director del PMA.
Cabe resaltar que el acuerdo también llegó de manera oportuna en este momento, pues se firma después de las cuestionadas elecciones parlamentarias en el país, donde existía el temor por parte de la oposición de que la ayuda fuera politizada por los candidatos oficialistas. Así que hay menos espacio para que se instrumentalice la ayuda humanitaria.
Aunque este es un paso importante para frenar la catástrofe. Sin embargo, el gobierno continúa persiguiendo a este tipo de organizaciones humanitarias y las amenaza con regular su financiamiento, como le ocurrió a la organización Azul Positivo. Hace solo dos meses denunciamos cómo los integrantes de esta organización fueron víctimas de la represión del oficialismo mientras realizaban sus labores humanitarias.
En Venezuela hay un patrón alarmante de persecución contra las organizaciones de la sociedad civil que se ha exacerbado desde noviembre de 2017, cuando se aprobó la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Esa ley se ha usado para silenciar a las voces críticas con el gobierno y para controlar las operaciones financieras de la ONG.
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Cabe resaltar que, según la organización Caritas, la cual realiza un monitoreo constante de la situación en el país, los niveles de desnutrición aguda en Venezuela aumentaron 73 % en menores de 5 años luego de los primeros meses de la pandemia. En el 20 % de los niños menores de seis meses se ha identificado desnutrición aguda.
El anuncio es muy importante para los venezolanos. Hay que recordar que el mandatario le cerró las puertas en el pasado al ofrecimiento de este organismo de la ONU, pues se negaba a que funcionara de manera independiente.
Desde 2015, Maduro ha monopolizado la distribución de la comida a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), los cuales están bajo el control del Partido Socialista Unido de Venezuela.
El presidente ha sido denunciado por usar los planes de subsidio del Gobierno y la ayuda internacional para favorecer solo a sus simpatizantes, reforzar la influencia del chavismo y pagar favores a sus aliados. Conductas reprochables que alejaron la muy necesitada asistencia del país. Esto es clave, pues Maduro no estaba dispuesto a cederle el control de la distribución de la ayuda al PMA, sino que quería dejarle el control de esta a los CLAP, hasta ahora.
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El acuerdo logrado entre Maduro y el PMA, que fue celebrado incluso por la oposición al chavismo, permitirá que esta agencia de la ONU provea de alimentos a 185.000 niños en un principio, con el objetivo de llegar a 1.5 millones de menores de edad en edad escolar. En Venezuela hay 9.3 millones de habitantes que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, el equivalente a casi un tercio de la población.
La ayuda del PMA no pudo llegar en un momento más oportuno. Y es que según un informe de esta organización publicado en 2020, se estima que uno de cada tres venezolanos no tiene acceso a la cantidad mínima de alimentos para mantener un buen desarrollo: no hay suficientes frutas ni vegetales y la carne, el pescado y los huevos, así como otros productos como cereales, tubérculos y legumbres tienen precios inaccesibles para la ciudadanía. Hay muy poca diversidad en la dieta de los venezolanos y han aumentado los niveles de malnutrición, por otro lado.
“El 45 % de los hogares no reporta consumo de carnes, el 74 % no consume productos lácteos y el 55 % no consume huevos. En promedio, el 58 % de los hogares no ha podido tener acceso a proteínas de alto valor biológico, ni a nutrientes esenciales como hierro. Menos del 40 % de hogares reporta consumo regular de vegetales y frutas”, indica un boletín de la organización Caritas.
El país, hoy por hoy, se ubica en el listado de naciones con mayor inseguridad alimentaria del mundo, y la situación es particularmente alarmante entre los niños. Los últimos datos oficiales que publicó el Ministerio de Salud son de 2017, pero en estos ya se puede observar el drama humanitario que afronta la nación: las muertes infantiles crecieron en un 30 % con respecto a 2016, y desde entonces la situación ha empeorado. El 59 % de los niños tiene algún grado de retraso en su crecimiento lineal, y el 11 % tiene un retraso severo.
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“Todos los días se recibe un niño desnutrido. Parecen niños que no habíamos visto en Venezuela hacía mucho tiempo”, le dijo el doctor Francisco Nieto, que trabaja en un hospital en el estado fronterizo de Táchir, al Chicago Tribune.
El PMA, por otro lado, señala que solo el 8 % de los hogares venezolanos puede costear la alimentación. La organización cree que para combatir los altos niveles de desnutrición es clave llegar a las escuelas e invertir en los comedores escolares cuyo trabajo se ha visto obstaculizado por el cierre de aulas. Es allí donde el PMA concentrará su trabajo.
“Los niños, las niñas y las escuelas estarán en el centro de nuestra operación. Creemos que la escuela es la plataforma más apropiada para que el Programa Mundial de Alimentos llegue a las comunidades de manera independiente”, dijo David Beasly, director del PMA.
Cabe resaltar que el acuerdo también llegó de manera oportuna en este momento, pues se firma después de las cuestionadas elecciones parlamentarias en el país, donde existía el temor por parte de la oposición de que la ayuda fuera politizada por los candidatos oficialistas. Así que hay menos espacio para que se instrumentalice la ayuda humanitaria.
Aunque este es un paso importante para frenar la catástrofe. Sin embargo, el gobierno continúa persiguiendo a este tipo de organizaciones humanitarias y las amenaza con regular su financiamiento, como le ocurrió a la organización Azul Positivo. Hace solo dos meses denunciamos cómo los integrantes de esta organización fueron víctimas de la represión del oficialismo mientras realizaban sus labores humanitarias.
En Venezuela hay un patrón alarmante de persecución contra las organizaciones de la sociedad civil que se ha exacerbado desde noviembre de 2017, cuando se aprobó la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Esa ley se ha usado para silenciar a las voces críticas con el gobierno y para controlar las operaciones financieras de la ONG.
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