El proyecto de visa V Especial: tan cerca y tan lejos
Regularizar es potenciar la vida de inmigrantes, sus hijos, y de la vida social del país en donde viven, en este caso Colombia. Estudios científicos muestran que regularizar a las personas migrantes trae grandes beneficios a ellos y a sus familias y niños. Más aún, es positivo para las sociedades de acogida que aprovechan el potencial económico de la migración.
Andrés Besserer Rayas, Ligia Bolívar, María Clara Robayo, Laura Tatiana Santana, Robert Courtney Smith, y María Gabriela Trompetero
En materia de recepción, Colombia ha demostrado ser un país reconocido en el mundo. El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) le dio una herramienta invaluable al Estado colombiano puesto que mejoró de manera importante las condiciones de vida de migrantes venezolanos (incluyendo un aumento de más del 20 % en el salario, entre otros efectos), sus familiares, y trajo beneficios enormes para Colombia, razón por la cual el mecanismo ha sido aplaudido por organizaciones internacionales. El ETPV es un modelo entre las naciones de cómo manejar el asunto migratorio a través de una política que respeta los derechos humanos y a la familia como base de la vida social.
Mediante el Estatuto, casi dos millones de migrantes venezolanos en Colombia se lograron regularizar. Sin embargo, este instrumento se terminó, como estaba previsto en el decreto que le dio origen, en noviembre de 2023, y no fue renovado por el actual gobierno. Pero la migración desde Venezuela ha continuado hacia Colombia, lo cual significa que hoy se encuentran cerca de medio millón de personas venezolanas en situación irregular dentro del país.
Cada migrante sin regularizar es una persona que no puede cumplir con su potencial económico, social, y familiar y puede convertirse en un desafío aún mayor para el Estado, al engrosar el sector informal de la economía y no poder aportar a los sistemas de seguridad social y tributación. Además, esta condición de padres migrantes pone en riesgo el futuro de los hijos en estas familias, e impone una limitación artificial a cuánto puede contribuir a Colombia estos mismos migrantes y sus hijos como adultos en el futuro.
Si bien la mejor alternativa hubiera sido renovar y continuar con el Estatuto, puesto que es un modelo que demostró ser exitoso, y no crearía la confusión que se genera cuando hay múltiples instrumentos, el gobierno actual ha dado pasos hacia la regularización que deben reconocerse.
La reciente aprobación del PEP-Tutor representa un paso inicial que busca regularizar a padres y representantes de menores de edad que cuentan con el cobijo del Estatuto. Asimismo, la Cancillería sometió el viernes 27 de septiembre pasado, un proyecto de decreto para crear la Visa de Visitante Especial (visa V) que fungiría como un instrumento de regularización. A la mitad de su gobierno, el presidente Petro está comenzando a activar una política que potencia la vida de migrantes y de la sociedad receptora: la regularización.
Pero se puede morir de sed junto a la fuente; se puede estar tan cerca y tan lejos.
A pesar del impulso regularizador que representan los dos decretos mencionados, el diseño que propone el proyecto de decreto de la visa V tiene numerosas fallas que arriesgan con menguar la su efectividad. La Cancillería aún está a tiempo para corregir estos defectos.
Somos un grupo de expertas y expertos internacionales en materia de migración que hacemos investigación desde Alemania, Colombia y Estados Unidos. Habiendo analizado el proyecto de visa V, proponemos los siguientes cambios, los cuales sometimos como parte de los comentarios públicos a la resolución el pasado 1 de octubre.
Lo primero es asegurarse de que la visa V aplique a todos los venezolanos que se encuentran en Colombia de manera irregular o en riesgo de volverse irregulares, independientemente de si hayan sellado o no su pasaporte al entrar. Debe tomarse en cuenta que muchos venezolanos deben salir de su país de manera imprevista. Por esto, entrar a Colombia de manera irregular no es una decisión, sino que la mayoría de venezolanos se ven forzados a tomar esta ruta. De otra manera, aplicará a solo un número muy reducido de personas, perdiendo efectividad.
Lo segundo es la temporalidad. El proyecto prevé que la visa la puedan obtener venezolanos que ya se encuentran en Colombia, pero ¿qué pasará con las personas que seguirán llegando? Es muy importante que el Estado colombiano tenga una herramienta para regularizar de manera prospectiva y no sólo retrospectiva como ahora se contempla. De nuevo, resulta sumamente frustrante que, teniendo la posibilidad de extender el Estatuto, se optara por esta ruta más barroca y menos efectiva.
La visa V solicita como requisito los antecedentes judiciales, penales o de la policía apostillados. Esto representará una carga excesiva para la población objeto pues la apostilla venezolana es muy costosa y de difícil obtención. Se recomienda incluir una regulación que permita flexibilizar o exonerar, según sea el caso, el requisito de estos documentos y su apostilla. El ETPV no exigía antecedentes de este estilo y regularizó a dos millones de personas sin mayor problema.
Otro requisito poco claro pero potencialmente demoledor en cuanto a la efectividad es la exigencia de documentos que demuestren la ocupación o actividad que desarrollará el migrante. Esto podría dejar por fuera a muchas personas y no queda claro, por ejemplo, si una madre, una persona pensionada o un amo o ama de casa cabría dentro de esta regulación. Sería preferible no exigir esta documentación para no restarle efectividad y alcance a la visa V.
También se recomienda que los costos de la visa sean bajos o que de plano se contemple la gratuidad de la aplicación. Exigir un pago alto obligará a muchas personas que están viviendo de manera ajustada tener que decidir entre alimentar a la familia o pagar un trámite, y es claro que muchos que podrían solicitar la visa optarán por no hacerlo si el costo es elevado en relación con sus ingresos. La gratuidad del Estatuto fue parte de su enorme efectividad en alcanzar la regularización de cientos de miles de personas.
En el proyecto, se contempla que la visa V Especial dure solo dos años sin posibilidad de renovación. Este período de tiempo es demasiado corto para que individuos y familias se establezcan y puedan ser beneficiarias de la regularización. Se pierde, por lo tanto, la efectividad del instrumento que se propone (vale la pena recordar que el Estatuto contemplaba diez años de regularización). Se recomienda por lo tanto extender la vigencia a cinco años, por lo menos, con posibilidad de renovación.
Por último, las fallas previamente mencionadas no toman en cuenta el carácter forzado de gran parte de la migración venezolana. Existe una emergencia humanitaria compleja, así como persecución política que se ha agudizado después de las elecciones del 28 de julio. Poner tantas trabas para la regularización a una población cuya mayoría amerita protección internacional, desconoce la naturaleza de las causas de su salida, aún más bajo la categoría de visado como “visitante”, lo que además niega la vocación de permanencia de la gran mayoría de las personas venezolanas en Colombia (80 % según datos recientes del DANE).
Regularizar a la población migrante es potenciar la economía de Colombia, es potenciar la protección de los derechos, es potenciar a la familia, la justicia y la construcción de paz. En el pasado, Colombia ha demostrado que se pueden generar políticas públicas en torno a la migración que apoyan a las familias.
Como investigadores en migración, reconocemos los pasos que está dando el gobierno, pero advertimos que, de aprobarse el proyecto de decreto en su versión actual, será un instrumento con efectividad menguada el cual no tendrá el impacto que podría tener y que existirá por debajo de su potencial. El proyecto de la visa V Especial está tan cerca y tan lejos a la vez de ser el decreto que Colombia merece.
Autores
Andrés Besserer Rayas es candidato a doctor en ciencia política por la Universidad de la Ciudad de Nueva York.
María Gabriela Trompetero es docente e investigadora en política y gobernanza migratoria en América Latina y candidata a doctora en sociología por la Universidad de Bielefeld, Alemania.
Ligia Bolívar es investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.
Laura Tatiana Santana, abogada de la Universidad del Rosario e investigadora en materia migratoria con énfasis en la regularización de migrantes.
Robert Courtney Smith es profesor de sociología en Baruch College y el Graduate Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, experto internacionalmente reconocido en estudios de la migración y regularización migratoria.
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En materia de recepción, Colombia ha demostrado ser un país reconocido en el mundo. El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) le dio una herramienta invaluable al Estado colombiano puesto que mejoró de manera importante las condiciones de vida de migrantes venezolanos (incluyendo un aumento de más del 20 % en el salario, entre otros efectos), sus familiares, y trajo beneficios enormes para Colombia, razón por la cual el mecanismo ha sido aplaudido por organizaciones internacionales. El ETPV es un modelo entre las naciones de cómo manejar el asunto migratorio a través de una política que respeta los derechos humanos y a la familia como base de la vida social.
Mediante el Estatuto, casi dos millones de migrantes venezolanos en Colombia se lograron regularizar. Sin embargo, este instrumento se terminó, como estaba previsto en el decreto que le dio origen, en noviembre de 2023, y no fue renovado por el actual gobierno. Pero la migración desde Venezuela ha continuado hacia Colombia, lo cual significa que hoy se encuentran cerca de medio millón de personas venezolanas en situación irregular dentro del país.
Cada migrante sin regularizar es una persona que no puede cumplir con su potencial económico, social, y familiar y puede convertirse en un desafío aún mayor para el Estado, al engrosar el sector informal de la economía y no poder aportar a los sistemas de seguridad social y tributación. Además, esta condición de padres migrantes pone en riesgo el futuro de los hijos en estas familias, e impone una limitación artificial a cuánto puede contribuir a Colombia estos mismos migrantes y sus hijos como adultos en el futuro.
Si bien la mejor alternativa hubiera sido renovar y continuar con el Estatuto, puesto que es un modelo que demostró ser exitoso, y no crearía la confusión que se genera cuando hay múltiples instrumentos, el gobierno actual ha dado pasos hacia la regularización que deben reconocerse.
La reciente aprobación del PEP-Tutor representa un paso inicial que busca regularizar a padres y representantes de menores de edad que cuentan con el cobijo del Estatuto. Asimismo, la Cancillería sometió el viernes 27 de septiembre pasado, un proyecto de decreto para crear la Visa de Visitante Especial (visa V) que fungiría como un instrumento de regularización. A la mitad de su gobierno, el presidente Petro está comenzando a activar una política que potencia la vida de migrantes y de la sociedad receptora: la regularización.
Pero se puede morir de sed junto a la fuente; se puede estar tan cerca y tan lejos.
A pesar del impulso regularizador que representan los dos decretos mencionados, el diseño que propone el proyecto de decreto de la visa V tiene numerosas fallas que arriesgan con menguar la su efectividad. La Cancillería aún está a tiempo para corregir estos defectos.
Somos un grupo de expertas y expertos internacionales en materia de migración que hacemos investigación desde Alemania, Colombia y Estados Unidos. Habiendo analizado el proyecto de visa V, proponemos los siguientes cambios, los cuales sometimos como parte de los comentarios públicos a la resolución el pasado 1 de octubre.
Lo primero es asegurarse de que la visa V aplique a todos los venezolanos que se encuentran en Colombia de manera irregular o en riesgo de volverse irregulares, independientemente de si hayan sellado o no su pasaporte al entrar. Debe tomarse en cuenta que muchos venezolanos deben salir de su país de manera imprevista. Por esto, entrar a Colombia de manera irregular no es una decisión, sino que la mayoría de venezolanos se ven forzados a tomar esta ruta. De otra manera, aplicará a solo un número muy reducido de personas, perdiendo efectividad.
Lo segundo es la temporalidad. El proyecto prevé que la visa la puedan obtener venezolanos que ya se encuentran en Colombia, pero ¿qué pasará con las personas que seguirán llegando? Es muy importante que el Estado colombiano tenga una herramienta para regularizar de manera prospectiva y no sólo retrospectiva como ahora se contempla. De nuevo, resulta sumamente frustrante que, teniendo la posibilidad de extender el Estatuto, se optara por esta ruta más barroca y menos efectiva.
La visa V solicita como requisito los antecedentes judiciales, penales o de la policía apostillados. Esto representará una carga excesiva para la población objeto pues la apostilla venezolana es muy costosa y de difícil obtención. Se recomienda incluir una regulación que permita flexibilizar o exonerar, según sea el caso, el requisito de estos documentos y su apostilla. El ETPV no exigía antecedentes de este estilo y regularizó a dos millones de personas sin mayor problema.
Otro requisito poco claro pero potencialmente demoledor en cuanto a la efectividad es la exigencia de documentos que demuestren la ocupación o actividad que desarrollará el migrante. Esto podría dejar por fuera a muchas personas y no queda claro, por ejemplo, si una madre, una persona pensionada o un amo o ama de casa cabría dentro de esta regulación. Sería preferible no exigir esta documentación para no restarle efectividad y alcance a la visa V.
También se recomienda que los costos de la visa sean bajos o que de plano se contemple la gratuidad de la aplicación. Exigir un pago alto obligará a muchas personas que están viviendo de manera ajustada tener que decidir entre alimentar a la familia o pagar un trámite, y es claro que muchos que podrían solicitar la visa optarán por no hacerlo si el costo es elevado en relación con sus ingresos. La gratuidad del Estatuto fue parte de su enorme efectividad en alcanzar la regularización de cientos de miles de personas.
En el proyecto, se contempla que la visa V Especial dure solo dos años sin posibilidad de renovación. Este período de tiempo es demasiado corto para que individuos y familias se establezcan y puedan ser beneficiarias de la regularización. Se pierde, por lo tanto, la efectividad del instrumento que se propone (vale la pena recordar que el Estatuto contemplaba diez años de regularización). Se recomienda por lo tanto extender la vigencia a cinco años, por lo menos, con posibilidad de renovación.
Por último, las fallas previamente mencionadas no toman en cuenta el carácter forzado de gran parte de la migración venezolana. Existe una emergencia humanitaria compleja, así como persecución política que se ha agudizado después de las elecciones del 28 de julio. Poner tantas trabas para la regularización a una población cuya mayoría amerita protección internacional, desconoce la naturaleza de las causas de su salida, aún más bajo la categoría de visado como “visitante”, lo que además niega la vocación de permanencia de la gran mayoría de las personas venezolanas en Colombia (80 % según datos recientes del DANE).
Regularizar a la población migrante es potenciar la economía de Colombia, es potenciar la protección de los derechos, es potenciar a la familia, la justicia y la construcción de paz. En el pasado, Colombia ha demostrado que se pueden generar políticas públicas en torno a la migración que apoyan a las familias.
Como investigadores en migración, reconocemos los pasos que está dando el gobierno, pero advertimos que, de aprobarse el proyecto de decreto en su versión actual, será un instrumento con efectividad menguada el cual no tendrá el impacto que podría tener y que existirá por debajo de su potencial. El proyecto de la visa V Especial está tan cerca y tan lejos a la vez de ser el decreto que Colombia merece.
Autores
Andrés Besserer Rayas es candidato a doctor en ciencia política por la Universidad de la Ciudad de Nueva York.
María Gabriela Trompetero es docente e investigadora en política y gobernanza migratoria en América Latina y candidata a doctora en sociología por la Universidad de Bielefeld, Alemania.
Ligia Bolívar es investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.
Laura Tatiana Santana, abogada de la Universidad del Rosario e investigadora en materia migratoria con énfasis en la regularización de migrantes.
Robert Courtney Smith es profesor de sociología en Baruch College y el Graduate Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, experto internacionalmente reconocido en estudios de la migración y regularización migratoria.
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