El costo humano de las protestas en Perú
Hablar de los 50 días que el país inca ha vivido bajo las protestas implica mencionar la “crisis social humanitaria” a la que su población, según analistas, ha estado expuesta. Más allá de las vías bloqueadas, los aeropuertos cerrados y la “escalada exponencial de la violencia”, las marchas en Perú dejan tras de sí un balance humano “poco conocido hasta el momento”.
El torbellino de inestabilidad ha sacudido varios sectores de Perú. Así parezca que la política es la rama que más ráfagas ha recibido, con seis presidentes en seis años, el “saldo humano” de las protestas pasó de ser una ventisca de inconformidad hasta convertirse en huracán. En más de 50 días de protestas, Perú ha registrado 56 personas muertas, más de 1100 heridos y una “situación preocupante”, según califican las ONG.
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El torbellino de inestabilidad ha sacudido varios sectores de Perú. Así parezca que la política es la rama que más ráfagas ha recibido, con seis presidentes en seis años, el “saldo humano” de las protestas pasó de ser una ventisca de inconformidad hasta convertirse en huracán. En más de 50 días de protestas, Perú ha registrado 56 personas muertas, más de 1100 heridos y una “situación preocupante”, según califican las ONG.
Para Fabiola Torres, periodista del medio peruano Salud con Lupa, es una imprecisión hablar de todas las víctimas mortales como un “bloque homogéneo”. No todos los decesos sucedieron de la misma forma, asegura. Para ella, hay tres tipos de muertes a lo largo de la erupción social que vive Perú: muertes directas en enfrentamientos de manifestantes y fuerza pública, fallecimientos de personas que no tenían relación con las marchas y, finalmente, decesos de ciudadanos que murieron a causa de los bloqueos. Aunque todas están vinculadas de alguna manera con el paro nacional, “se dieron en circunstancias diferentes”, asegura la periodista, “pero todas deben ser contadas”.
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Desde el 7 de diciembre, día que Pedro Castillo fue arrestado y decenas de peruanos empezaron a manifestarse, Torres ha registrado “los rostros de las personas afectadas”. El 13 de ese mismo mes, Dina Boluarte, la recién posesionada presidenta manifestó al país que no entendía por qué sus hermanos se levantaban en su contra.
Para Torres, que ha clasificado los eventos que se han ido desarrollando, afirma que “sí se entiende […] nuestra preocupación más grande ha sido conocer por qué están protestando. Hay un descontento social muy grande”.
“La lectura de las autoridades ha sido que ‘no era una protesta, sino un acto terrorista´”, dice la comunicadora. En una alocución presidencial, Boluarte le dijo al país el 14 de diciembre que los actos, en aquel entonces del sur de Perú, ya no eran “protesta, eso es terrorismo”.
Las autoridades “contabilizan la infraestructura pública que ha sido afectada y las vías bloqueadas […] pero no se preocupan por el saldo humano”, opina Torres. Por ello, desde Lima empezó a reportar y juntar todos los registros de personas fallecidas y heridas a lo largo de las marchas para hacer una base de datos.
“No se hablaba de quiénes eran, ni cómo eran. Estos contextos son importantes de contar” en Perú, afirma Torres. Ante las publicaciones oficiales de instituciones como el Ministerio de Salud o los centros médicos, la periodista opina que todo es “cuestión de humanizarse” con las víctimas, porque “lamentablemente el ministerio [...] ofrece solo un número. Algo muy débil”.
El patrón de la violencia
Las cifras oficiales arrojan que hasta el momento, Perú ha registrado 56 personas muertas en dos meses de protesta. Sin embargo, para Torres, este período de tiempo ha sido suficiente para “ir entendiendo que ha habido patrones […] en los fallecidos”. Mientras analizó la base de datos que alimentaba día a día, el equipo de Salud con Lupa logró explicar en qué regiones han sido los episodios más críticos de violencia, y más importante aún, el porqué.
Por ejemplo, uno de los hallazgos que Torres considera más importantes es “el actuar de las fuerzas policiales” en las manifestaciones. Así pues, un análisis que realizó el medio encontró que “el tórax y el abdomen fueron las áreas más impactadas por los proyectiles de arma de fuego”, lo que indica que el uso de armas, al menos en Juliaca, Arequipa, Apurímac y Cusco se ha visto por lo menos una vez durante las protestas en dichas regiones del sur peruano.
Torres, quien además consultó fuentes de antropología forense y reportes de necropsia, se atreve a decir que debido a la cercanía desde donde fueron disparadas las balas (perdigones o de un arma convencional), “la Policía no está respetando sus propios protocolos”. Las heridas son producto de “armas de alta velocidad a corta distancia”, profundizó una de las publicaciones del medio.
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“Hay algo doloroso […] Las autoridades dicen que estas personas son vándalos, son terroristas. Y el calificarlas así generan una corriente de opinión de que esas personas deberían morir y no es cierto”, enfatiza Torres.
Los hallazgos del medio peruano se enfocan principalmente en los civiles muertos y heridos. Sin embargo, un amplio sector de la fuerza pública también hace parte del “saldo humano” que ha sido afectado en las protestas. Este miércoles, Dina Boluarte anunció en rueda de prensa que según sus registros, hay “90 policías heridos que están policontusos”. Además, en diciembre se documentó el asesinato de un uniformado que fue incinerado dentro de un bus en Juliaca, Puno, en el sur del país.
“La unidad había sido atacada por una turba”, confirmó el diario El Comercio, que informó la muerte del policía de 29 años, siendo el único miembro de la fuerza pública muerto hasta el momento.
Dentro de los patrones que Torres ha logrado encontrar, también hay “secuencias” de información que indican que las personas muertas son “pobres, de región” y “muchos de ellos son adolescentes. Menores de edad”. Según los datos de Salud con Lupa, el rango de edad de los fallecidos oscila entre los 15 y los 50 años.
Este aspecto, para Torres, es muy preocupante debido a las “desigualdades históricas y estructurales en el país […] como si esas condiciones de pobreza y ser perteneciente a las regiones les permitieran (a los policías) hacer un uso mayor y excesivo de la fuerza”.
Esta versión la respaldó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e incluso Dina Boluarte. La presidenta, por su parte, reconoció que las protestas son por “una agenda social que no se ha atendido en los últimos 30 años”, mientras que la CIDH informó que hay una gran “estigmatización” en la “crisis institucional” del país.
Hay un capítulo que llama la atención de la periodista en esta “nueva oleada de protestas” en Perú: la comparación de las protestas de 2020 con las manifestaciones que se dan actualmente. “En noviembre de 2020, Manuel Merino tuvo que renunciar porque en una marcha murieron dos jóvenes […] a las pocas horas ese saldo mortal” lo alejó del Ejecutivo. Sin embargo, “ahora ya vamos más de 50 muertos […] y parece no tener la misma prioridad de esas vidas. Como si no valieran mucho más”, se refiere la reportera.
En adición, al menos cuatro personas han muerto debido a los bloqueos de las carreteras principales del país. En el punto más álgido de manifestaciones, la Superintendencia de Transporte registró que más del 70 % de las regiones de Perú se hallaban con algún bloqueo. De estos ciudadanos fallecidos, al menos tres han sido bebés que no han podido recibir atención médica por las “vías nacionales afectadas”.
Los heridos: “una palabra muy amplia”
Los datos de las personas heridas o lesionadas por las marchas es una cifra que pasa desapercibida, de acuerdo con Torres. Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, en los centros médicos de Perú había un total de 1492 personas heridas; un promedio cercano a 26 ciudadanos afectados por día. Algunos por impacto de bala, herida de perdigón u otro tipo de heridas, como “civiles armados con bates de béisbol enfrentando a manifestantes”, según contó Los Angeles Times.
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“Por ejemplo, a un señor de Ayacucho le cayó un proyectil de goma en la mandíbula. Tuvo que pasar por dos operaciones, pero va a tomar mucho tiempo en que pueda volver a tener movilidad”, cuenta Torres. Según su análisis, hablar de personas heridas como un “todo”, también es una equivocación dado a que hay heridas leves y lesiones mortales.
Torres asegura que “hay al menos un grupo de 30 personas en cuidados intensivos” luego de las jornadas de marcha, esto también demuestra el olvido estatal al que las regiones han estado expuestas, dice Torres. “Se ha revelado mucho el fracaso de la descentralización del país, porque todas las personas que son llevadas a hospitales de las regiones no pueden ser atendidas porque los hospitales han colapsado”.
Aunque Salud con Lupa es un medio especializado en medicina, ciencia y salud pública, Torres explica que “la salud es un derecho humano, entonces si vamos a hablar de derechos humanos y no estamos presentes en una crisis humanitaria como la que vive Perú creo que no estamos teniendo una buena lectura del país”.
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