El Salvador: Congreso decreta régimen de excepción por violencia de pandillas
El Congreso de El Salvador decretó este domingo un régimen de excepción para tratar frenar la ola de violencia que puso en jaque la estrategia gubernamental de seguridad, con 76 asesinatos en dos días, récord criminal en la historia reciente del país.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este domingo el régimen de excepción por un mes, a pedido del presidente Nayib Bukele, en un intento por frenar el accionar de la pandilla Mara Salvatrucha, responsabilizada de 62 homicidios el sábado.
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“Declárase en todo el territorio nacional régimen de excepción derivado de las graves perturbaciones al orden público por grupos delincuenciales”, consigna el decreto aprobado por 67 de los 84 diputados del parlamento unicameral.
La decisión del Legislativo, controlado por los oficialistas, restringe la libre reunión, la inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones y faculta las detenciones sin orden judicial. Ahora debe ser promulgada por Bukele.
La disposición “tiene por objeto facilitar las herramientas y mecanismos jurídicos” a la Policía y Fuerza Armada para “restablecer el orden y la seguridad ciudadana y el control territorial”.
Acusaciones de negociar con pandillas
Bukele, un milenial de 40 años con amplio apoyo popular, hizo de la seguridad un eje de su campaña y destacó al inicio de su mandato la mejora en los indicadores sobre homicidios.
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Pero en diciembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos funcionarios de su gobierno por presuntamente haber negociado con pandillas para que apoyen al partido de Bukele, Nuevas Ideas, en las elecciones legislativas de 2021.
A cambio, las pandillas obtuvieron dinero del gobierno y privilegios para sus jefes presos, dice la acusación. Bukele aseguró que todo era una “mentira” y señaló a gobiernos anteriores de haber realizado ese tipo de actividades.
Una jornada sangrienta
La decisión del Legislativo sigue a una jornada sangrienta el sábado, con 62 homicidios, según consignó en Twitter la Policía Nacional Civil (PNC). “No retrocederemos en esta guerra contra pandillas, no vamos a descansar hasta capturar y llevar ante la justicia a los criminales responsables de estos hechos”, agregó.
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La Constitución salvadoreña establece el régimen de excepción, por el que se suspenden algunas garantías establecidas, se puede aplicar “en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público”.
El diputado opositor de la exguerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí, Jaime Guevara, consideró que “la crisis actual requiere de sensatez, sabiduría y no de matonería”, por lo que abogó mantenerse “en el respeto irrestricto de los derechos individuales” de la población.
Bukele aseguró que “todo (fue) dentro del marco constitucional” por lo que “no hay nada que alegar en contra”.
Intenso operativo policial
Una ola de violencia sacudió El Salvador el fin de semana. El viernes, según la PNC, se registraron 14 homicidios relacionados con las pandillas.
La Policía y el Ejército de El Salvador mantenían este domingo un operativo en el que, según informó la PNC, varios cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron detenidos, acusados de ser “responsables de los homicidios registrados en las últimas horas”.
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Bukele lamentó el sábado “un nuevo repunte de homicidios, algo que habíamos trabajado tan duro por reducir”. “Mientras combatimos a los delincuentes en las calles, tratamos de descifrar lo que está pasando y quiénes están detrás financiando esto”, añadió.
“Que hagan su trabajo”
El mandatario dijo que la Policía y la Fuerza Armada “deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros”. Bukele pidió a la Fiscalía “ser eficaz con todos los casos” y advirtió que estará pendiente de “los jueces que favorezcan delincuentes”.
Ricardo Martínez, procurador adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos, llamó al gobierno a “redoblar los esfuerzos” para “prevenir e investigar todos los hechos de violencia y aplicar todo el peso de la ley, respetando el principio de inocencia y el debido proceso”.
Bukele es criticado por sus opositores por actitudes que consideran “autoritarias”. Washington lo ha reprochado por no respetar la separación de poderes, al haber destituido con la ayuda del Parlamento a magistrados de la Sala Constitucional y al Fiscal General.
“Urge que el gobierno proteja a la población con medidas sostenibles y respetuosas de los DDHH (Derechos Humanos). La política de seguridad debe estar siempre dentro del Estado de Derecho”, dijo Juan Pappier, de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch.
En noviembre pasado el país sufrió otro repunte de homicidios, que en tres días cobró la vida de unas 45 personas.
Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70.000 miembros en El Salvador, más de 17.000 de ellos encarcelados, según las autoridades, y operan a través de homicidios, extorsiones y narcotráfico.
El Salvador cerró 2021 con 1.140 homicidios, un promedio de 18 muertes por cada 100.000 habitantes, menos de los 1.341 registrados en 2020 y la cifra más baja desde el fin de la guerra civil en 1992, según datos oficiales.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este domingo el régimen de excepción por un mes, a pedido del presidente Nayib Bukele, en un intento por frenar el accionar de la pandilla Mara Salvatrucha, responsabilizada de 62 homicidios el sábado.
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“Declárase en todo el territorio nacional régimen de excepción derivado de las graves perturbaciones al orden público por grupos delincuenciales”, consigna el decreto aprobado por 67 de los 84 diputados del parlamento unicameral.
La decisión del Legislativo, controlado por los oficialistas, restringe la libre reunión, la inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones y faculta las detenciones sin orden judicial. Ahora debe ser promulgada por Bukele.
La disposición “tiene por objeto facilitar las herramientas y mecanismos jurídicos” a la Policía y Fuerza Armada para “restablecer el orden y la seguridad ciudadana y el control territorial”.
Acusaciones de negociar con pandillas
Bukele, un milenial de 40 años con amplio apoyo popular, hizo de la seguridad un eje de su campaña y destacó al inicio de su mandato la mejora en los indicadores sobre homicidios.
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Pero en diciembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos funcionarios de su gobierno por presuntamente haber negociado con pandillas para que apoyen al partido de Bukele, Nuevas Ideas, en las elecciones legislativas de 2021.
A cambio, las pandillas obtuvieron dinero del gobierno y privilegios para sus jefes presos, dice la acusación. Bukele aseguró que todo era una “mentira” y señaló a gobiernos anteriores de haber realizado ese tipo de actividades.
Una jornada sangrienta
La decisión del Legislativo sigue a una jornada sangrienta el sábado, con 62 homicidios, según consignó en Twitter la Policía Nacional Civil (PNC). “No retrocederemos en esta guerra contra pandillas, no vamos a descansar hasta capturar y llevar ante la justicia a los criminales responsables de estos hechos”, agregó.
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La Constitución salvadoreña establece el régimen de excepción, por el que se suspenden algunas garantías establecidas, se puede aplicar “en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público”.
El diputado opositor de la exguerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí, Jaime Guevara, consideró que “la crisis actual requiere de sensatez, sabiduría y no de matonería”, por lo que abogó mantenerse “en el respeto irrestricto de los derechos individuales” de la población.
Bukele aseguró que “todo (fue) dentro del marco constitucional” por lo que “no hay nada que alegar en contra”.
Intenso operativo policial
Una ola de violencia sacudió El Salvador el fin de semana. El viernes, según la PNC, se registraron 14 homicidios relacionados con las pandillas.
La Policía y el Ejército de El Salvador mantenían este domingo un operativo en el que, según informó la PNC, varios cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron detenidos, acusados de ser “responsables de los homicidios registrados en las últimas horas”.
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Bukele lamentó el sábado “un nuevo repunte de homicidios, algo que habíamos trabajado tan duro por reducir”. “Mientras combatimos a los delincuentes en las calles, tratamos de descifrar lo que está pasando y quiénes están detrás financiando esto”, añadió.
“Que hagan su trabajo”
El mandatario dijo que la Policía y la Fuerza Armada “deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros”. Bukele pidió a la Fiscalía “ser eficaz con todos los casos” y advirtió que estará pendiente de “los jueces que favorezcan delincuentes”.
Ricardo Martínez, procurador adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos, llamó al gobierno a “redoblar los esfuerzos” para “prevenir e investigar todos los hechos de violencia y aplicar todo el peso de la ley, respetando el principio de inocencia y el debido proceso”.
Bukele es criticado por sus opositores por actitudes que consideran “autoritarias”. Washington lo ha reprochado por no respetar la separación de poderes, al haber destituido con la ayuda del Parlamento a magistrados de la Sala Constitucional y al Fiscal General.
“Urge que el gobierno proteja a la población con medidas sostenibles y respetuosas de los DDHH (Derechos Humanos). La política de seguridad debe estar siempre dentro del Estado de Derecho”, dijo Juan Pappier, de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch.
En noviembre pasado el país sufrió otro repunte de homicidios, que en tres días cobró la vida de unas 45 personas.
Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70.000 miembros en El Salvador, más de 17.000 de ellos encarcelados, según las autoridades, y operan a través de homicidios, extorsiones y narcotráfico.
El Salvador cerró 2021 con 1.140 homicidios, un promedio de 18 muertes por cada 100.000 habitantes, menos de los 1.341 registrados en 2020 y la cifra más baja desde el fin de la guerra civil en 1992, según datos oficiales.