El Salvador extiende el estado de excepción, familiares de detenidos protestan
El Salvador parece haberse vuelto un país significativamente menos violento. Sin embargo, hay señalamientos de que esos supuestos logros implican que el Estado cometa violaciones de derechos humanos.
El martes 16 de agosto, el Congreso de El Salvador aprobó la quinta prórroga del estado de emergencia con el que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha ampliado las funciones de la fuerza pública para combatir pandillas. Ahora la medida se extenderá otros 30 días.
El presidente Bukele y su ministro de seguridad, Gustavo Villatoro, han celebrado la decisión. Le atribuyen a las pandillas la responsabilidad de la mayor parte de la criminalidad ocurrida en ese país en los últimos meses.
Hasta el momento hay más de 50 mil capturas, de las cuales el gobierno se enorgullece. El presidente, además, alardeó de haber bajado drásticamente la tasa de homicidios diarios. De acuerdo con René Merino, ministro de defensa, el promedio de homicidios al día es de 0.77 desde que se implementó la medida de seguridad y, según él, se han registrado más de 70 días sin asesinatos.
El estado de excepción se instauró luego de una ola de homicidios entre el 25 y 27 de marzo, que cobró la vida de 87 personas.
Recomendamos: La ruptura entre el Gobierno salvadoreño y las maras provocó la masacre de marzo
El pasado mes de marzo el Congreso aprobó el estado de excepción que limita, entre otras cosas, Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
Con el estado de excepción prima el criterio de la sospecha: las autoridades pueden detener personas sin orden judicial. Con la medida se reduce la libertad de asociación, la asistencia de abogados y se suspende el derecho a ser informado de sus derechos y motivos de arresto durante una captura.
El gobierno asegura que el país es más seguro que nunca y que ha impactado fuertemente las estructuras terroristas. Entre tanto, Bukele ordenó construir una cárcel en el área rural de Tecoluca con capacidad de retener a 40 mil de los pandilleros detenidos. Se espera que esté lista a final de año.
Sin embargo, las familias de los capturados reclaman. Aseguran que sus seres queridos han sido injustamente capturados y que son “víctimas del régimen”.
El martes, mientras se votaba sobre la medida, un grupo de familiares de los detenidos se congregaron frente a la sede del Congreso para protestar y presentar un pliego de exigencias. Sin embargo, la fuerza pública montó barricadas y les impidió entrar.
La Associated Press registró el testimonio de Virginia Guadalupe Solano López, una de las protestantes. Ella, de 25 años, asegura que a su marido, de 26, lo arrestaron junto a su hermano sin motivo alguno mientras descansaba en casa. Afirma que no es un delincuente, sino un albañil.
Recomendamos: Sexismo: un sello de la Mara Salvatrucha y del cristianismo
Diversas oenegés han denunciado reiteradas irregularidades, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso.
“Hace tres años nos reunimos con el presidente Nayib Bukele y se comprometió a respetar los derechos humanos. Sin embargo, desde entonces y de forma reiterada no ha cumplido con su palabra”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
De acuerdo con Rosas, el Estado salvadoreño está “criminalizando a las personas en situación de pobreza”. Además, Amnistía Internacional documentó casos de tortura y malos tratos al interior de los centros de detención, los cuales están en pésimas condiciones de higiene que ponen en riesgo la salud de los reos.
Por su parte, el movimiento Alianza Nacional El Salvador en Paz ha recibido más de 500 denuncias de arrestos arbitrarios desde que comenzó el régimen de excepción.
Apolonio Tobar, procurador para la defensa de los derechos dumanos, confirmó que tiene abiertos 28 expedientes sobre las muertes de personas en las cárceles durante la medida de seguridad.
Recomendamos: Por un aborto involuntario, una mujer podría ir 30 años a prisión en El Salvador
No es la primera vez que en El Salvador se implementan medidas de excepción para perseguir a las pandillas callejeras. La primera campaña de este tipo ocurrió a comienzos de los 2000 y trajo consigo unos 23.000 arrestos. Los formuladores de esa política no vieron venir que en las prisiones hacinadas se reclutarían nuevos pandilleros en la mara salvatrucha.
Las maras, como se denomina a la violenta pandilla de mayor tamaño de El Salvador, es una agrupación criminal heterogénea que opera de manera separada en distintos países de Centroamérica y se extiende a México y los Estados Unidos. Se les suele hermanar porque comparten un mismo nombre y unos rasgos estéticos y culturales similares: cubren sus cuerpos y rostros con tatuajes y tienen un código moral que avala la venganza y la sevicia.
En agosto de 2021, una investigación publicada por el portal digital salvadoreño El Faro reveló que existieron negociaciones secretas entre el gobierno y las pandillas. Si bien Bukele afirma que gracias a su estrategia de seguridad El Salvador ha reducido drásticamente los índices de asesinatos, la evidencia de la investigación indicó que se debía a un acuerdo con las pandillas.
👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Le invitamos a verlas en El Espectador.
El martes 16 de agosto, el Congreso de El Salvador aprobó la quinta prórroga del estado de emergencia con el que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha ampliado las funciones de la fuerza pública para combatir pandillas. Ahora la medida se extenderá otros 30 días.
El presidente Bukele y su ministro de seguridad, Gustavo Villatoro, han celebrado la decisión. Le atribuyen a las pandillas la responsabilidad de la mayor parte de la criminalidad ocurrida en ese país en los últimos meses.
Hasta el momento hay más de 50 mil capturas, de las cuales el gobierno se enorgullece. El presidente, además, alardeó de haber bajado drásticamente la tasa de homicidios diarios. De acuerdo con René Merino, ministro de defensa, el promedio de homicidios al día es de 0.77 desde que se implementó la medida de seguridad y, según él, se han registrado más de 70 días sin asesinatos.
El estado de excepción se instauró luego de una ola de homicidios entre el 25 y 27 de marzo, que cobró la vida de 87 personas.
Recomendamos: La ruptura entre el Gobierno salvadoreño y las maras provocó la masacre de marzo
El pasado mes de marzo el Congreso aprobó el estado de excepción que limita, entre otras cosas, Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
Con el estado de excepción prima el criterio de la sospecha: las autoridades pueden detener personas sin orden judicial. Con la medida se reduce la libertad de asociación, la asistencia de abogados y se suspende el derecho a ser informado de sus derechos y motivos de arresto durante una captura.
El gobierno asegura que el país es más seguro que nunca y que ha impactado fuertemente las estructuras terroristas. Entre tanto, Bukele ordenó construir una cárcel en el área rural de Tecoluca con capacidad de retener a 40 mil de los pandilleros detenidos. Se espera que esté lista a final de año.
Sin embargo, las familias de los capturados reclaman. Aseguran que sus seres queridos han sido injustamente capturados y que son “víctimas del régimen”.
El martes, mientras se votaba sobre la medida, un grupo de familiares de los detenidos se congregaron frente a la sede del Congreso para protestar y presentar un pliego de exigencias. Sin embargo, la fuerza pública montó barricadas y les impidió entrar.
La Associated Press registró el testimonio de Virginia Guadalupe Solano López, una de las protestantes. Ella, de 25 años, asegura que a su marido, de 26, lo arrestaron junto a su hermano sin motivo alguno mientras descansaba en casa. Afirma que no es un delincuente, sino un albañil.
Recomendamos: Sexismo: un sello de la Mara Salvatrucha y del cristianismo
Diversas oenegés han denunciado reiteradas irregularidades, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso.
“Hace tres años nos reunimos con el presidente Nayib Bukele y se comprometió a respetar los derechos humanos. Sin embargo, desde entonces y de forma reiterada no ha cumplido con su palabra”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
De acuerdo con Rosas, el Estado salvadoreño está “criminalizando a las personas en situación de pobreza”. Además, Amnistía Internacional documentó casos de tortura y malos tratos al interior de los centros de detención, los cuales están en pésimas condiciones de higiene que ponen en riesgo la salud de los reos.
Por su parte, el movimiento Alianza Nacional El Salvador en Paz ha recibido más de 500 denuncias de arrestos arbitrarios desde que comenzó el régimen de excepción.
Apolonio Tobar, procurador para la defensa de los derechos dumanos, confirmó que tiene abiertos 28 expedientes sobre las muertes de personas en las cárceles durante la medida de seguridad.
Recomendamos: Por un aborto involuntario, una mujer podría ir 30 años a prisión en El Salvador
No es la primera vez que en El Salvador se implementan medidas de excepción para perseguir a las pandillas callejeras. La primera campaña de este tipo ocurrió a comienzos de los 2000 y trajo consigo unos 23.000 arrestos. Los formuladores de esa política no vieron venir que en las prisiones hacinadas se reclutarían nuevos pandilleros en la mara salvatrucha.
Las maras, como se denomina a la violenta pandilla de mayor tamaño de El Salvador, es una agrupación criminal heterogénea que opera de manera separada en distintos países de Centroamérica y se extiende a México y los Estados Unidos. Se les suele hermanar porque comparten un mismo nombre y unos rasgos estéticos y culturales similares: cubren sus cuerpos y rostros con tatuajes y tienen un código moral que avala la venganza y la sevicia.
En agosto de 2021, una investigación publicada por el portal digital salvadoreño El Faro reveló que existieron negociaciones secretas entre el gobierno y las pandillas. Si bien Bukele afirma que gracias a su estrategia de seguridad El Salvador ha reducido drásticamente los índices de asesinatos, la evidencia de la investigación indicó que se debía a un acuerdo con las pandillas.
👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Le invitamos a verlas en El Espectador.