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El Congreso de El Salvador aprobó llevar a juicios colectivos a miles de presuntos pandilleros presos, una medida que ha sido rechazada por organismos de derechos humanos y jueces. Los críticos afirman que es una medida populista para favorecer la reelección del presidente Nayib Bukele.
La norma fue aprobada en virtud del régimen de excepción en vigor desde marzo de 2022 y conducirá a que grupos de unos 900 reos enfrenten un mismo juicio, lo que implica una “violación de los derechos a la defensa”, según la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).
“Transcurrido más de un año [del régimen de excepción], hemos constatado cómo las reformas legales asociadas a esta medida represiva han tenido como objetivo la erosión de las garantías elementales del proceso penal”, dijo a la AFP Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
Casi 72.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas criminales están presas en El Salvador tras la aplicación del régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial.
Además, Bukele construyó una megacárcel para encerrar a 40.000 pandilleros, considerada la prisión “más grande de América”, donde hay un duro régimen de reclusión que también es denunciado por organismos de derechos humanos.
“Seguir adelante con juicios colectivos en las siguientes etapas del proceso penal constituye un continuum de violación de los derechos a la defensa, un juicio justo y la presunción de inocencia, derechos que han sido flagrantemente vulnerados” por Bukele, indicó Guevara Rosas.
La medida supone además “una afrenta directa contra los derechos de las miles de personas que han sido sometidas a detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción”, agregó la responsable de Amnistía.
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El Salvador: juicios colectivos y condenas rápidas
La nueva norma también fue rechazada por el juez Antonio Durán, un crítico del régimen de excepción, quien afirmó que el objetivo es “tener condenas masivas y rápidas”.
“Todo esto es parte de la campaña por la reelección [de Bukele], que es inconstitucional”, declaró el juez a la AFP.
El magistrado aludía a que la Constitución salvadoreña no permite la reelección, pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, en un polémico fallo, dio luz verde a Bukele para buscar un segundo mandato en las urnas, en febrero de 2024.
Los juicios colectivos fueron aprobados seis meses antes de las elecciones, mientras Bukele goza de alta popularidad como resultado de su “guerra” contra las pandillas, que ha elevado los niveles de seguridad pública en el país.
“Esto de los juicios masivos contradice un principio que es el principio de responsabilidad, la responsabilidad es individual”, indicó el juez Durán, afirmando que la medida “contrasta con los estándares internacionales” de justicia.
Sin embargo, el sociólogo René Martínez dijo que la medida es beneficiosa para los salvadoreños.
“Lo más importante es el beneficio a la población y eso buscan las medidas y por eso la gente las apoya”, indicó a la AFP el académico de la Universidad de El Salvador.
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Una medida populista de Bukele
Para la ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) con los juicios colectivos será “imposible” garantizar “un juicio justo y un derecho a la defensa”.
“Esto nos hace preguntarnos si la posición y la política del gobierno es que se tiene que perseguir a las pandillas, la criminalidad organizada, dando muerte al Estado de Derecho y la democracia”, señaló a la AFP Marcela Martino, directora adjunta para Centroamérica y México de CEJIL.
Por su parte, el director ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro, atribuyó la nueva norma a motivos electorales, pues fue impulsada por Bukele y aprobada con los votos del oficialismo, que controla el Congreso.
La medida “obedece a una situación electorera que, como ya nos acercamos a las elecciones, va dirigida a convencer a los que están dudando del gobierno”, indicó Montenegro a la AFP.
“Juzgados por igual”
La nueva disposición establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden permanecer hasta 24 meses presos antes de ser llevados a juicio o liberados.
Samuel Ramírez, dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen, dijo a la AFP que la norma “vulnera los derechos de aquellos que no tienen nada que ver con las pandillas, pues serán juzgados por igual”.
Las encuestas muestran que nueve de cada diez salvadoreños apoyan la gestión de Bukele, pues se sienten más seguros, pero en la ciudadanía no hay consenso sobre los juicios colectivos.
Para el obrero Virgilio Gutiérrez el nuevo decreto “está bien”.
“Así como lo querían hacer [juzgar de manera] individual, no me parece, no es correcto, [demoraría] mucho tiempo”, indicó Gutiérrez a la AFP.
Pero el contador público Juan Mejía no apoya los juicios colectivos, porque “la ley dice que hay que individualizarlos” a los detenidos para ser condenados.
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