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El juicio a los expresidentes mexicanos con vida por posibles actos de corrupción y traición a la patria, una de las propuestas más llamativas y populares del presidente Andrés Manuela López Obrador, está un paso más cerca de convertirse en realidad.
El Senado de México aprobó, con 65 votos a favor, 9 en contra y una abstención, la realización de una consulta para preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo o no con realizarle un juicio a los expresidentes mexicanos.
La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio vía libre para que continuara el proceso de la consulta ciudadana al declarar como constitucional la consulta popular propuesta por AMLO. Los mexicanos, hay que recordar, son quienes decidirán al final de cuentas si aprueban o no esta propuesta. Pero antes de que ellos emitan su voto, la consulta debe terminar su proceso en el Legislativo.
Ahora, después de tener el visto bueno en el Senado, la solicitud del Ejecutivo avanza a la Cámara de Diputados, en donde el partido de AMLO, Morena, también tiene la mayoría, por lo que se espera de igual manera su aprobación.
Una vez las dos Cámaras del Congreso aprueben la pregunta, la propuesta de AMLO saltará al Instituto Nacional Electoral para que este comience a planear la realización de la consulta, la cual se realizaría el 1 de agosto de 2021.
A los congresistas de la oposición, como a la senadora Xóchtil Gálvez, del Partido de Acción Nacional (PAN), la propuesta de López Obrador y de Morena es un ataque no debería realizarse, pues la considera ocultar la “incompetencia” del gobierno.
“Morena quiere enjuiciar el pasado sin elementos, pero es incapaz de sancionar el presente, es incapaz de darle curso a las denuncias que nosotros hemos hecho. Entonces sí creo que es pura farsa. Coincido con el jefe (Gustavo) Madero de que van hacia esta consulta por un tema electoral, para el presidente estar hablando de su consulta todos los días y estar hablando de sus candidatos”, dijo Gálvez.
Pero ¿qué es exactamente de lo que acusa López Obrador a sus antecesores?
Aunque la ley permite castigar los actos de corrupción, algunas de las denuncias más grandes de AMLO a los últimos expresidentes tienen que ver con sus ciertas políticas, como la privatización de empresas gubernamentales, a las que equipara con prácticas corruptas. Y no está claro en la ley si el presidente puede investigar a sus antecesores por decisiones de gobierno con las que no está de acuerdo.
Algunos expertos han criticado la iniciativa de López Obrador argumentando que debería ser la Fiscalía la que decida si alguien violó la ley y hay pruebas para sentar a esa persona en el banquillo. Otras figuras, como la periodista mexicana Anabel Hernández, han aplaudido el plan, considerando las investigaciones que recaen sobre los expresidentes. Esto es de lo que se le acusa a cada uno.
Enrique Peña Nieto
La administración de Peña Nieto habría recibido sobornos para la aprobación de la Reforma Energética. También se realizó la compra de la planta Agro Nitrogenados a un sobreprecio de US$200 millones. Pero la denuncia más grave es la que ha hecho el exdirector de Petróleos Mexicanos Emiliano Lozoya, quien asegura que la campaña electoral del expresidente recibió sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
“El presidente que fue cómplice de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A su nombre Tomás Zerón y el propio Procurador General de la República Jesús Murillo Karam torturaron o mandaron torturar a decenas de personas incriminadas de un delito que no cometieron”, recoge Anabel Hernández, autora de un libro sobre Peña Nieto.
"(También) ordenó proteger al Ejército, a la Policía Federal y a todos los funcionarios federales y avaló la falsa “verdad histórica”. Y fue él quien según Emilio Lozoya, miembro de su gabinete, entregó la paraestatal Petróleos Mexicanos a la iniciativa privada a cambio de dinero ilícito para su campaña presidencial y para domesticar al Congreso mexicano con el modus operandi del crimen organizado", concluyó.
Felipe Calderón Hinojosa
AMLO asegura que Calderón “embargó al país en una estrategia militar supuestamente orientada a combatir el narcotráfico, que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas de territorio nacional bajo control de las bandas delictivas pese a las innumerables y conocidas advertencias de que tal política habría de resultar contraproducente y terriblemente costosa para México”. Pero lo que es más grave es que aunque le señalaron que su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice del narcotráfico, Calderón no hizo nada.
“La actitud de Calderón sólo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada”, señala López Obrador.
Vicente Fox
Según el presidente, Fox intervino de manera ilegal en el proceso electoral de 2006 para impedir que la oposición, precisamente la de López Obrador, triunfara en los comicios. Por esta razón han acusado a AMLO de buscar venganza, pero él se defiende asegurando que se trata de un acto de “democracia participativa”.
Ernesto Zedillo Ponce de León
AMLO acusa a Ponce de León de llevar a cabo políticas privatizadoras con bienes nacionales como los ferrocarriles y darle a los mexicanos una deuda gigantesca con el rescate bancario de 1998. En marzo de 1998, el entonces presidente mexicano envió un paquete de cuatro iniciativa para rescatar al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) luego de que este simulara quiebras que el gobierno terminó pagando con recursos públicos.
Carlos Salinas de Gortari
Al igual que Ponce de León, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, a quien señalan de hacer fraude en las elecciones de 1988, está acusado de conducir políticas de privatización que exacerbaron las diferencias entre ricos y pobres. Además, existen pruebas de que funcionarios de su administración, como su secretario privado Justo Ceja y su hermano Raúl Salinas de Gortari eran el puente directo con el Cartel de Juárez.
El plebiscito, en primera instancia, le permitirá al pueblo mexicano expresar “su frustración, enojo y resentimiento, lo cual es muy real”, como explica Carlos Bravo Regidor, analista político en la Ciudad de México.
Pero también será la oportunidad para que el país reflexione sobre los problemas de su sistema político para realizar cambios oportunos para no permitir que situaciones como las que denuncia López Obrador vuelvan a ocurrir.
“Debido al sistema político piramidal que existe en México es de ese poder excesivo en las manos de una sola persona de donde emana una buena parte de la problemática de la histórica corrupción en México. No importa el partido político, credo o sexo. Aunque en el papel los tres poderes deber hacerse contrapeso, la propia dinámica de poder que emana de la figura presidencial pervierte esa relación. Si la consulta definitiva se lleva a cabo en agosto de 2021, tenemos tiempo de reflexionar cómo realmente hacer que esa consulta trascienda, y plantear un nuevo sistema político para México”, concluye Hernández.
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