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Un juez estadounidense aplazó cinco semanas su orden que pone fin al uso de una norma de salud pública para bloquear la entrada de migrantes que solicitan asilo. En su dictamen, Emmet Sullivan dijo que accede con “mucha renuencia” al pedido del gobierno de Joe Biden de seguir aplicando el llamado Título 42 en la frontera con México cinco semanas más, para poder prepararse frente a una temida avalancha de migrantes, en su inmensa mayoría latinoamericanos.
El martes, Sullivan dictaminó que el Título 42, aplicado por Donald Trump en 2020 como medida anticovid, se usó contra los migrantes de manera “arbitraria y caprichosa”, y no se puede seguir haciendo. En ese fallo también dijo que no aceptaría solicitudes de suspensión o demora temporal, lo que significaba que los funcionarios fronterizos debían comenzar a aceptar de inmediato a muchos de los miles de migrantes que cruzan la frontera a diario en busca de asilo.
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Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitó un aplazamiento para preparar la transición. “Este período es fundamental para garantizar que el DHS pueda continuar llevando a cabo su misión de proteger las fronteras de la nación y realizar sus operaciones fronterizas de manera ordenada”, escribió Sullivan.
Ahora bien, agregó que, después de constatar el uso erróneo del Título 42, concede la suspensión “con mucha renuencia”, e indicó que no permanecerá vigente para ninguna apelación de su fallo judicial ante un tribunal superior. Finalmente, la sentencia del martes entrará en vigor el 21 de diciembre a medianoche, señaló Sullivan.
En un comunicado, el DHS dijo que continuará aplicando el Título 42 a las familias y los adultos solteros que cruzan la frontera con México. “La gente no debería escuchar las mentiras de los traficantes que se aprovecharán de los migrantes vulnerables, poniendo vidas en peligro”, advirtió. “La frontera está cerrada y continuaremos aplicando plenamente nuestras leyes de inmigración en la frontera”, insistió.
El fallo del martes fue en respuesta a una demanda presentada en enero por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que acusa al DHS y a la Patrulla Fronteriza de “expulsión sumaria” de familias vulnerables que buscan asilo y que no muestran signos de infección por Covid-19.
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