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En 2021, unos 133.000 solicitantes de asilo atravesaron el peligroso paso del Darién para llegar a Estados Unidos; en 2022, la cifra casi se duplicó, y para este año se prevé que supere los 400.000. Sin embargo, el número de solicitantes de asilo no es lo que debe alarmarnos, sino el peligro que estos desesperados migrantes de Venezuela, Haití, Ecuador, Cuba, Senegal, Ghana, Somalia, Guinea, Congo y muchos otros países deben soportar para llegar a Estados Unidos.
El Tapón del Darién es una zona de unos 100 kilómetros de largo y 50 de ancho entre Colombia y Panamá, que está cubierta por una densa selva tropical, montañas escarpadas, vastos pantanos y ríos, los cuales, con demasiada frecuencia, arrastran a los inmigrantes a la muerte. Además, la ruta está plagada de contrabandistas, miembros de las ex-FARC y otros delincuentes que roban, violan, asesinan, secuestran y venden migrantes vulnerables a redes de tráfico de personas.
En respuesta a esta creciente calamidad, el 11 de abril de 2023, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó una declaración trilateral de los ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Panamá y Colombia para anunciar un plan, con el fin de “abordar la grave situación humanitaria en el Darién”. El plan de 60 días pretende poner fin al movimiento ilícito de personas y mercancías a través del Darién, abrir nuevas vías legales y flexibles para los migrantes y refugiados, y lanzar un programa con el objetivo de reducir la pobreza, mejorar los servicios públicos, crear empleo y fomentar oportunidades económicas y sostenibles en las comunidades fronterizas del norte de Colombia y el sur de Panamá.
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El anuncio fue recibido con críticas. Al Otro Lado, una organización que ayuda a migrantes en Estados Unidos y México, criticó la aparente falta de viabilidad del plan. La organización Haitian Bridge Alliance lo tildó de “aterrador”, porque probablemente requerirá la militarización de la frontera colombiana y, por tanto, aumentará los peligros de la travesía. Y es que el plan perpetúa la opresión a través de una mayor externalización de la política fronteriza y de inmigración de Estados Unidos.
Este es el último ejemplo de la externalización de la política de inmigración de ese país y la ampliación de su frontera para impedir que las personas lleguen a territorio estadounidense, donde pueden solicitar asilo legalmente. Por ejemplo, en 2014 se empleó el Plan Frontera Sur para que México pudiera detener a los migrantes centroamericanos antes de llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
Además, durante la administración Trump se negociaron acuerdos con Guatemala, El Salvador y Honduras, con el fin de que aceptaran a los solicitantes de asilo que se dirigían hacia el norte. Estados Unidos también empezó a exigir a los solicitantes de asilo de Centroamérica que pidieran refugio en uno de estos países o en México antes de hacerlo en Estados Unidos.
El gobierno de Donald Trump aplicó los Protocolos de Protección de Migrantes, que exigen a los aspirantes a solicitar asilo en México que esperen a que sus solicitudes sean adjudicadas y activó el Título 42, una política de salud pública, con el objeto de permitir que la patrulla fronteriza expulse a los migrantes sin documentos y sin procesarlos.
La tendencia continúa con la administración Biden. En octubre de 2022 el gobierno anunció un plan por el que se concedían 24.000 visados humanitarios a migrantes venezolanos y, al mismo tiempo, se les inhabilitaba para solicitar asilo si no entraban en Estados Unidos por un punto de entrada autorizado. Por otra parte, con la finalización del Título 42, que ha supuesto una presión adicional para que el gobierno controle quién llega a la frontera (volviendo a las leyes anteriores que permiten a cualquier persona solicitar asilo en cualquier lugar en suelo estadounidense), la administración Biden está tratando, una vez más, de evitar que la gente llegue a EE. UU.
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En conclusión, estas políticas crean, reflejan y perpetúan la opresión global, lo que ocurre cuando las políticas y prácticas de diferentes Estados se compaginan para frenar procesos como la migración. En primer lugar, el plan para detener la migración a través del Darién no es aleatorio ni accidental, sino que forma parte de una red más amplia de políticas y prácticas destinadas a impedir que los solicitantes de asilo lleguen a Estados Unidos.
En segundo lugar, el plan pone a los migrantes venezolanos en un doble aprieto por el mero hecho de ser venezolanos y pobres, ya que si bien el gobierno está permitiendo que algunos entren por los aeropuertos, esta no es una opción para los de bajos recursos.
En tercer lugar, es probable que el plan aumente los peligros a los que se enfrentan los solicitantes de asilo, ya sea porque tienen que soportar la selva sin asistencia humanitaria, ya sea porque tienen que pagar a contrabandistas para que los lleven por rutas que eluden a los funcionarios, ya sea porque se encontrarán con militares que les impedirán entrar en el Darién. Como dijo el politólogo Joseph Carens: “Las fronteras tienen guardias y los guardias tienen armas”. En estas circunstancias, los solicitantes de asilo se enfrentan de forma sistemática a una violencia potencial desde más frentes que antes.
Por último, preocupa que Colombia y Panamá impulsen los intereses de Estados Unidos por encima de los propios. El hecho de que el electorado estadounidense sea actualmente más xenófobo hacia los migrantes latinoamericanos que hacia otros como los ucranianos, no implica que los países latinoamericanos tengan que colaborar con Estados Unidos para impedir su llegada a la frontera sur.
Estas naciones podrían (y durante la mayor parte de la historia lo han hecho) simplemente dejar pasar a estos migrantes por sus países y ofrecerles protección. Pero el hecho de que hayan optado por no hacerlo refleja una relación dominante que está arraigada en una larga historia de intervención estadounidense en la región.
Este plan no busca proteger a los migrantes de un viaje increíblemente peligroso. Así que sigamos pensando en mejores formas de ayudarlos a construir futuros sin repetir patrones opresivos del pasado.
*Allison B. Wolf es profesora asociada e investigadora del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de los Andes, Colombia. Doctora por la Michigan State University. Autora de “Just Immigration in the Americas: A Feminist Account” (Rowman & Littlefield International, 2020).
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