Elecciones en Guatemala: candidatos, denuncias de fraude y la sombra de corrupción

Un total de 522 cargos de elección están en juego para este domingo en Guatemala, en los décimos comicios electorales que se celebrarán en el país centroamericano desde que finalizó el periodo de dictaduras que se vivió entre 1982 y 1986.

Un total de 522 cargos de elección están en juego para este domingo en Guatemala, en los décimos comicios electorales que se celebrarán en el país centroamericano desde que finalizó el periodo de dictaduras que se vivió entre 1982 y 1986.

Sin embargo, dos son los cargos que eclipsan la atención, son la elección de presidente y vicepresidente, el binomio que está llamado a reemplazar al presidente conservador Alejandro Giamattei y su vice, Guillermo Castillo.

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Más de 20 candidaturas se presentaron para estos comicios en el que uno de los candidatos de oposición, Manuel Villacorta, ha llamado el momento más decadente de la democracia guatemalteca en 20 años.

Cabe recordar que la corrupción y los dineros ilícitos han estado presentes en diferentes gobiernos recientes de Guatemala. El caso más reciente, el del expresidente Otto Pérez Molina, quien tuvo que dimitir en 2015 por su vinculación al caso de corrupción La Línea, por el que también renunció previamente su vicepresidenta, Roxana Baldetti. Desde 2022 ambos están siendo enjuiciados.

En Guatemala funcionó hasta 2019 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) impulsada por Naciones Unidas, cuyo fin fue combatir la corrupción incrustada en el sistema político, y en cuya gestión también se dio la investigación al expresidente Alfonso Portillo, quien a la postre fuera encarcelado y extraditado a Estados Unidos.

El fin de la CICIG se dio en 2019 por orden de facto del presidente Jimmy Morales, candidato en estos comicios a diputado, al tiempo que la Comisión, respaldada por el Ministerio Público guatemalteco, investigaba al hijo y al hermano de Morales en un caso de corrupción.

La ONU y el Ministerio Público, ente legal más grande del país, condenaron el actuar de Morales.

En febrero de 2023, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), anunció que investigaría a Iván Velázquez, actual ministro de defensa de Colombia y titular de la CICIG entre 2014 y 2019, por hechos relacionados con el megacaso de corrupción de Odebrecht. Cabe resaltar que para Estados Unidos, Curruchinche es un declarado actor antidemocrático.

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Actualmente, Curruchinche le sigue la pista y amenaza con cargos penales por obstrucción a la justicia a uno de los candidatos favoritos a la presidencia, Edmond Mulet, por manifestar su apoyo y solidaridad a José Rubén Zamora, el dueño de ElPeriódico, medio tradicional del país que hacía contrapeso al gobierno de Giammattei. Zamora fue condenado a seis años de prisión por cargos relacionados con lavado de activos, según la justicia guatemalteca.

“Vamos deslizándonos poco a poco a un modelo autoritario. No digo de dictadura por el momento, pero sí autoritario, modelo Nicaragua, por ejemplo. La persecución contra medios de comunicación, periodistas, operadores de justicia, políticos (...) son elementos preocupantes”, afirmó Mulet a la AFP.

Sin embargo, la acusación contra Mulet es el último peldaño de una serie de actuaciones controversiales de los entes de control guatemaltecos. Un mes antes de cerrar las campañas, la Corte de Constitucionalidad anuló la candidatura de Carlos Pineda, un empresario “outsider” (de poca tradición política) que venía liderando las encuestas presidenciales. Según el ente, Prosperidad Ciudadana, partido que dio el aval a Pineda, cometió irregularidades en las asambleas internas para designar el candidato.

El nombre de Pineda se suma al de Thelma Cabrera y Roberto Arzú como candidatos alejados del oficialismo que buscaban disputar la jefatura de Estado. Los tres excandidatos han cuestionado la arbitrariedad de las decisiones judiciales que los han excluído, siendo el más controversial el caso de Arzú.

A este se le anuló la candidatura por una acción legal del FCN-Nación, partido del expresidente Morales, argumentando que comenzó a hacer campaña demasiado pronto pese a las advertencias del Tribunal Supremo Electoral. Se le acusó de “rebeldía” y pese a que pagó las multas impuestas, no se le permitió presentarse a la contienda.

Arzú reaccionó definiendo los dispares criterios para validar las candidaturas como “fraude electoral moderno”.

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Los que lideran, afines al modelo Bukele.

Al frente de las cuestionadas contiendas quedaron respectivamente Sandra Torres, ex primera dama de Guatemala, presa entre 2019 y 2022 por acusaciones de financiamiento ilícito para su campaña presidencial de 2015 y perdedora de la segunda vuelta electoral contra Giammattei en 2019; Mulet, quien fuera embajador ante la ONU, y Zury Ríos, ultraconservadora e hija del exdictador guatemalteco Eduardo Ríos (1982-1984).

Cabal, movimiento que apoya la candidatura de Mulet, quien pese a su amplia trayectoria diplomática ha sido señalado de pragmatismo en estos comicios, está señalado de reunir una coalición de polémicos políticos de amplia trayectoria en cargos públicos y también mencionados en diferentes investigaciones por corrupción.

“Con tantos partidos de la “vieja guardia” en el trasfondo, quizá no sea sorprendente que la lista de Cabal esté repleta de candidatos a alcaldes y diputados, así como de asesores políticos, que han enfrentado acusaciones de corrupción y otros delitos. Algunos han sido encarcelados, entre ellos Mulet. Un asesor y un candidato al Congreso fueron investigados por la CICIG en el caso conocido como las Plazas Fantasmas; otro asesor fue nombrado en una investigación de la CICIG sobre la compra de votos en el Congreso. Un candidato a diputado de Cabal fue señalado por conflicto de intereses en 2017 por haber sido beneficiario de un contrato gubernamental mientras servía en la legislatura por un partido diferente”, asegura InSight Crime en un reportaje de siete partes sobre las elecciones guatemaltecas.

Según dijo a CNN Manuel Villacorta, también candidato presidencial, los partidos de Torres (UNE), los dos que apoyan a Ríos (Valor y Unionista) y Cabal mantienen conversaciones entre sí con el fin de asegurar un continuismo a la política conservadora de Giammattei. Torres y Ríos han mostrado afinidad con el fenómeno Bukele de represión contra la criminalidad que también ha sido replicado por Xiomara Castro en Honduras.

Ríos, la de tendencias más radicales, ha prometido poner a “Dios al centro del país”, apoya la pena de muerte y ha afirmado que también basó sus propuestas electorales en el modus operandi de Álvaro Uribe para combatir a las Farc en Colombia.

De no definir un claro ganador en los comicios de este domingo, se celebrará una segunda vuelta presidencial para el 20 de agosto de 2023.

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