El nuevo gobierno de Colombia no puede olvidar a los migrantes

Llegó el momento de la integración migratoria. Ya han sido aprobados 605.220 Permisos por Protección Temporal, documentos que regularizan a los venezolanos en Colombia. Según la meta anunciada por el presidente Iván Duque, cerrará su administración en agosto con un 1′800.000 migrantes con permiso.

La xenofobia es un fantasma que ronda y se debe mantener controlado. Países como Ecuador y Chile han mostrado brotes preocupantes a partir de altercados o violencia entre locales y migrantes. La regularización de los casi dos millones de venezolanos debe presentarse a los colombianos como una oportunidad: habrá menos precarización, podrán aportar a seguridad social (por lo que la atención médica a migrantes irregulares no se restringe a servicios de urgencia que debe costear el sistema de salud), se reduce el riesgo de contratación de mano de obra por debajo del salario justo (lo que perjudica a los colombianos), crecen el trabajo formal y la economía, y confiere al Estado un mayor control que puede aumentar la seguridad y el acceso a la justicia para todos.

En este punto, a un año de haber comenzado el Estatuto, el gobierno que llega debe trascender de presentarlo como una medida solidaria a una ventana de acceso a mayor desarrollo. De esa forma, se deben crear políticas públicas que reduzcan el desempleo y, especialmente, estén planificadas de acuerdo con las particularidades de la población migrante en Colombia: mayormente joven, en edad de trabajar y con una proporción equitativa de hombres y mujeres, por lo que mitigar la brecha de género es crucial para que todos ellos se incorporen adecuadamente al mercado laboral y educativo.

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El próximo gobierno no puede olvidar lo urgente de abogar por la niñez migrante, que hará parte del futuro de nuestro país. Los niños y adolescentes venezolanos están enfrentando los mismos retos que los adultos, pero sufren una invisibilidad mayor al depender de los adultos y carecer de herramientas para abordar por sí mismos medios para mejorar sus condiciones de vida.

El Estatuto Temporal de Protección ofrece una herramienta muy útil para conocerlas y es la encuesta de caracterización socioeconómica. Todos los venezolanos que han aplicado a la medida han llenado un cuestionario de más de ochenta preguntas que informan al Estado colombiano sus perfiles, composición de su núcleo familiar y características demográficas, entre otros. Al próximo gobierno le corresponde liderar, a través de Migración Colombia, la publicación de los resultados de las encuestas y su difusión con las entidades correspondientes.

La articulación entre las secretarías de educación departamentales y municipales y con el Ministerio de Educación será necesaria para avanzar hacia una educación inclusiva que logre mitigar las dificultades coyunturales, culturales, económicas y sociales que dan lugar a la deserción o interrupción en el proceso escolar de los niños y adolescentes migrantes. Generar estrategias de seguimiento al proceso educativo de los venezolanos, quizá de la mano de organizaciones de la sociedad civil que sean cercanas a la comunidad, puede ser de ayuda.

De igual forma, las aulas escolares deben tener un modelo de enseñanza intercultural y sensibilización que sea congruente con el hecho de que Colombia es ahora un país de recepción migratoria. Esto previene la xenofobia en una generación en la que esto es fundamental.

Será clave para la integración el papel de los gobiernos locales, que es donde realmente aterriza la demanda y la oferta de servicios de todos los venezolanos. Por ejemplo, el sucesor de Duque enfrentará las tensiones con hospitales con los que tiene cuentas pendientes por la atención médica a migrantes. Precisamente ahí está el desafío. Y debe robustecer las entidades prestadoras de servicios en los municipios y ciudades para adecuarse y adaptarse a la población regularizada. Así, el riesgo de xenofobia y la sensación de competencia por recursos entre migrantes y locales podrán disminuir de forma sustancial.

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Lograr la integración tiene relación también con el éxito de la exportación del modelo de regularización migratoria que Colombia construyó con el Estatuto Temporal de Protección. La diáspora venezolana compete a todo el hemisferio y la región urge de coordinación para agenciarla.

El gobierno que llega en 2022 tiene espacio para tomar el liderazgo en este aspecto, teniendo la experiencia que le ha otorgado el Estatuto, y debe aprovechar los escenarios de diálogo que tiene con otros países para tomar sus buenas prácticas. El gobierno ecuatoriano, por ejemplo, está por anunciar su plan de regularización a venezolanos. Colombia puede actuar como un aliado que, además, sería un motivo de acercamiento con el vecino país, que cae muy bien en el contexto de la frontera colomboecuatoriana por la que pasan venezolanos a diario.

Políticas de largo y masivo alcance como las de Colombia y Ecuador dirigidas a los migrantes son una excusa para establecer un diálogo con la conferencia de donantes, Naciones Unidas y otras agencias. Las relaciones internacionales serán claves para que el próximo gobierno logre garantizar el desembolso de recursos necesario para la inclusión migratoria en Colombia por parte de la cooperación internacional.

La política exterior hacia Venezuela también es un asunto ineludible para la próxima administración. En los últimos meses no se han escuchado noticias alentadoras sobre la relación entre Colombia y Venezuela. La cercanía con Rusia para, supuestamente, perjudicar a Colombia y vigilar la región, la violencia que ejerce el Eln, la presencia de grupos armados organizados en la frontera y su refugio en Venezuela, son solo algunas de las razones por las que la relación entre Colombia y Venezuela ha sido más que tensa. Es un terreno que el siguiente gobierno deberá pisar con paso firme, pero prudente.

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Primero, porque la situación que se vive en la frontera colombovenezolana no da espera. No hay siquiera cuenta exacta sobre la cantidad de grupos armados que allí gobiernan, porque tanto Colombia como Venezuela perdieron influencia sobre la zona. Además, los combates también son contra los ejércitos venezolano y colombiano. La Defensoría alertó esta semana sobre 17 desplazamientos masivos que se presentaron solo en enero por cuenta de los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley, en especial, Eln y disidencias de las Farc. Como el conflicto no es respetuoso de los límites geográficos, ha generado migraciones forzadas, incluso desde el estado venezolano de Apure hacia Arauca. Según la Defensoría del Pueblo, este departamento, Casanare, Vichada y Norte de Santander son los principales afectados por los eventos de desplazamiento.

Las autoridades venezolanas y colombianas realizan operativos de forma autónoma para detener un fenómeno delictivo compartido. Quizás el factor que más entorpece la cooperación en temas de seguridad es la presunción desde el lado colombiano de que el gobierno de Maduro está aliado con los grupos al margen de la ley. Tampoco se ha consolidado la respuesta institucional que se requiere en Colombia. Mientras tanto, la violencia ha logrado trasladarse desde las zonas rurales e instalarse en los cascos urbanos.

La actividad de los grupos irregulares no solo se suscribe a los ataques frontales (asesinatos selectivos, desaparición y reclutamiento forzados), sino que gobierna cada aspecto de la vida y las actividades que desarrollan los habitantes de la frontera. La migración irregular hace parte de sus modos de financiación. Quien quiera pasar por las trochas paga un monto que aumenta de acuerdo con la cantidad de equipaje o mercancía que se lleve a cuestas. A pesar de que la frontera está parcialmente abierta desde el año pasado, aún hay restricciones y por eso continúa la circulación por los pasos informales, y los migrantes se ven expuestos a estafas, robos, violencia sexual y reclutamiento para narcotráfico.

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Con el fin de recuperar la gobernabilidad fronteriza es fundamental recobrar canales de comunicación para, al menos, asuntos operativos con el gobierno venezolano. Actualmente, las relaciones de Colombia con el país vecino se limitan a la Embajada de Juan Guaidó en Colombia, que no tiene la capacidad de solucionar temas de gran magnitud y están cooptados, naturalmente, por el gobierno de Maduro. La violencia en la frontera se alimenta de esta ruptura bilateral.

De ahí la importancia de que el próximo gobierno de Colombia logre reconstruir la relación con Venezuela, separar la posición política que pueda tener frente a la dictadura y recobrar los canales de comunicación mínimos para beneficiar a la población fronteriza. De igual forma, enmendar las relaciones diplomáticas para reanudar los servicios consulares. Si bien ya hubo concertación para lograr la reapertura de la frontera colombovenezolana para paso peatonal, el gobierno colombiano que llega debe dar garantías para el intercambio comercial que han impulsado los gremios y gobiernos locales de la frontera. El Congreso también ha incentivado la restitución de las relaciones entre Colombia y Venezuela pero por funciones, le corresponde al presidente tomar la decisión y ejecutarla a través de la Cancillería.

*Investigadora de la Bitácora Migratoria del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en alianza con la fundación Konrad Adenauer.

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Llegó el momento de la integración migratoria. Ya han sido aprobados 605.220 Permisos por Protección Temporal, documentos que regularizan a los venezolanos en Colombia. Según la meta anunciada por el presidente Iván Duque, cerrará su administración en agosto con un 1′800.000 migrantes con permiso.

La xenofobia es un fantasma que ronda y se debe mantener controlado. Países como Ecuador y Chile han mostrado brotes preocupantes a partir de altercados o violencia entre locales y migrantes. La regularización de los casi dos millones de venezolanos debe presentarse a los colombianos como una oportunidad: habrá menos precarización, podrán aportar a seguridad social (por lo que la atención médica a migrantes irregulares no se restringe a servicios de urgencia que debe costear el sistema de salud), se reduce el riesgo de contratación de mano de obra por debajo del salario justo (lo que perjudica a los colombianos), crecen el trabajo formal y la economía, y confiere al Estado un mayor control que puede aumentar la seguridad y el acceso a la justicia para todos.

En este punto, a un año de haber comenzado el Estatuto, el gobierno que llega debe trascender de presentarlo como una medida solidaria a una ventana de acceso a mayor desarrollo. De esa forma, se deben crear políticas públicas que reduzcan el desempleo y, especialmente, estén planificadas de acuerdo con las particularidades de la población migrante en Colombia: mayormente joven, en edad de trabajar y con una proporción equitativa de hombres y mujeres, por lo que mitigar la brecha de género es crucial para que todos ellos se incorporen adecuadamente al mercado laboral y educativo.

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El próximo gobierno no puede olvidar lo urgente de abogar por la niñez migrante, que hará parte del futuro de nuestro país. Los niños y adolescentes venezolanos están enfrentando los mismos retos que los adultos, pero sufren una invisibilidad mayor al depender de los adultos y carecer de herramientas para abordar por sí mismos medios para mejorar sus condiciones de vida.

El Estatuto Temporal de Protección ofrece una herramienta muy útil para conocerlas y es la encuesta de caracterización socioeconómica. Todos los venezolanos que han aplicado a la medida han llenado un cuestionario de más de ochenta preguntas que informan al Estado colombiano sus perfiles, composición de su núcleo familiar y características demográficas, entre otros. Al próximo gobierno le corresponde liderar, a través de Migración Colombia, la publicación de los resultados de las encuestas y su difusión con las entidades correspondientes.

La articulación entre las secretarías de educación departamentales y municipales y con el Ministerio de Educación será necesaria para avanzar hacia una educación inclusiva que logre mitigar las dificultades coyunturales, culturales, económicas y sociales que dan lugar a la deserción o interrupción en el proceso escolar de los niños y adolescentes migrantes. Generar estrategias de seguimiento al proceso educativo de los venezolanos, quizá de la mano de organizaciones de la sociedad civil que sean cercanas a la comunidad, puede ser de ayuda.

De igual forma, las aulas escolares deben tener un modelo de enseñanza intercultural y sensibilización que sea congruente con el hecho de que Colombia es ahora un país de recepción migratoria. Esto previene la xenofobia en una generación en la que esto es fundamental.

Será clave para la integración el papel de los gobiernos locales, que es donde realmente aterriza la demanda y la oferta de servicios de todos los venezolanos. Por ejemplo, el sucesor de Duque enfrentará las tensiones con hospitales con los que tiene cuentas pendientes por la atención médica a migrantes. Precisamente ahí está el desafío. Y debe robustecer las entidades prestadoras de servicios en los municipios y ciudades para adecuarse y adaptarse a la población regularizada. Así, el riesgo de xenofobia y la sensación de competencia por recursos entre migrantes y locales podrán disminuir de forma sustancial.

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Lograr la integración tiene relación también con el éxito de la exportación del modelo de regularización migratoria que Colombia construyó con el Estatuto Temporal de Protección. La diáspora venezolana compete a todo el hemisferio y la región urge de coordinación para agenciarla.

El gobierno que llega en 2022 tiene espacio para tomar el liderazgo en este aspecto, teniendo la experiencia que le ha otorgado el Estatuto, y debe aprovechar los escenarios de diálogo que tiene con otros países para tomar sus buenas prácticas. El gobierno ecuatoriano, por ejemplo, está por anunciar su plan de regularización a venezolanos. Colombia puede actuar como un aliado que, además, sería un motivo de acercamiento con el vecino país, que cae muy bien en el contexto de la frontera colomboecuatoriana por la que pasan venezolanos a diario.

Políticas de largo y masivo alcance como las de Colombia y Ecuador dirigidas a los migrantes son una excusa para establecer un diálogo con la conferencia de donantes, Naciones Unidas y otras agencias. Las relaciones internacionales serán claves para que el próximo gobierno logre garantizar el desembolso de recursos necesario para la inclusión migratoria en Colombia por parte de la cooperación internacional.

La política exterior hacia Venezuela también es un asunto ineludible para la próxima administración. En los últimos meses no se han escuchado noticias alentadoras sobre la relación entre Colombia y Venezuela. La cercanía con Rusia para, supuestamente, perjudicar a Colombia y vigilar la región, la violencia que ejerce el Eln, la presencia de grupos armados organizados en la frontera y su refugio en Venezuela, son solo algunas de las razones por las que la relación entre Colombia y Venezuela ha sido más que tensa. Es un terreno que el siguiente gobierno deberá pisar con paso firme, pero prudente.

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Primero, porque la situación que se vive en la frontera colombovenezolana no da espera. No hay siquiera cuenta exacta sobre la cantidad de grupos armados que allí gobiernan, porque tanto Colombia como Venezuela perdieron influencia sobre la zona. Además, los combates también son contra los ejércitos venezolano y colombiano. La Defensoría alertó esta semana sobre 17 desplazamientos masivos que se presentaron solo en enero por cuenta de los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley, en especial, Eln y disidencias de las Farc. Como el conflicto no es respetuoso de los límites geográficos, ha generado migraciones forzadas, incluso desde el estado venezolano de Apure hacia Arauca. Según la Defensoría del Pueblo, este departamento, Casanare, Vichada y Norte de Santander son los principales afectados por los eventos de desplazamiento.

Las autoridades venezolanas y colombianas realizan operativos de forma autónoma para detener un fenómeno delictivo compartido. Quizás el factor que más entorpece la cooperación en temas de seguridad es la presunción desde el lado colombiano de que el gobierno de Maduro está aliado con los grupos al margen de la ley. Tampoco se ha consolidado la respuesta institucional que se requiere en Colombia. Mientras tanto, la violencia ha logrado trasladarse desde las zonas rurales e instalarse en los cascos urbanos.

La actividad de los grupos irregulares no solo se suscribe a los ataques frontales (asesinatos selectivos, desaparición y reclutamiento forzados), sino que gobierna cada aspecto de la vida y las actividades que desarrollan los habitantes de la frontera. La migración irregular hace parte de sus modos de financiación. Quien quiera pasar por las trochas paga un monto que aumenta de acuerdo con la cantidad de equipaje o mercancía que se lleve a cuestas. A pesar de que la frontera está parcialmente abierta desde el año pasado, aún hay restricciones y por eso continúa la circulación por los pasos informales, y los migrantes se ven expuestos a estafas, robos, violencia sexual y reclutamiento para narcotráfico.

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Con el fin de recuperar la gobernabilidad fronteriza es fundamental recobrar canales de comunicación para, al menos, asuntos operativos con el gobierno venezolano. Actualmente, las relaciones de Colombia con el país vecino se limitan a la Embajada de Juan Guaidó en Colombia, que no tiene la capacidad de solucionar temas de gran magnitud y están cooptados, naturalmente, por el gobierno de Maduro. La violencia en la frontera se alimenta de esta ruptura bilateral.

De ahí la importancia de que el próximo gobierno de Colombia logre reconstruir la relación con Venezuela, separar la posición política que pueda tener frente a la dictadura y recobrar los canales de comunicación mínimos para beneficiar a la población fronteriza. De igual forma, enmendar las relaciones diplomáticas para reanudar los servicios consulares. Si bien ya hubo concertación para lograr la reapertura de la frontera colombovenezolana para paso peatonal, el gobierno colombiano que llega debe dar garantías para el intercambio comercial que han impulsado los gremios y gobiernos locales de la frontera. El Congreso también ha incentivado la restitución de las relaciones entre Colombia y Venezuela pero por funciones, le corresponde al presidente tomar la decisión y ejecutarla a través de la Cancillería.

*Investigadora de la Bitácora Migratoria del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en alianza con la fundación Konrad Adenauer.

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