En El Salvador hoy estás libre, mañana tal vez no

Era la temporada de la jícama. En el día la arrancaban y en la noche la lavaban. El pasado 11 de noviembre, la familia de Silverio Morales Rafael tenía ocho costales del tubérculo que lavar. Su hijo de 21 años se ofreció a hacerlo. Como no tenía agua, fue a una colonia vecina. Salió cinco minutos antes de las 9:00 p.m. y aún no ha regresado. Con él lejos y detenido, únicamente sabiendo que fue capturado mientras trabajaba, su familia, de Nahuizalco, al occidente de El Salvador, que lleva 40 años dedicada a la siembra, lo perdió todo. Los cultivos y los animales se fueron muriendo. Las aves, los conejos y algunas vacas quedaron en el pasado, uno que hace apenas cuatro años les permitía salir con algo de tranquilidad a hacer su oficio.

Era la temporada de la jícama. En el día la arrancaban y en la noche la lavaban. El pasado 11 de noviembre, la familia de Silverio Morales Rafael tenía ocho costales del tubérculo que lavar. Su hijo de 21 años se ofreció a hacerlo. Como no tenía agua, fue a una colonia vecina. Salió cinco minutos antes de las 9:00 p.m. y aún no ha regresado. Con él lejos y detenido, únicamente sabiendo que fue capturado mientras trabajaba, su familia, de Nahuizalco, al occidente de El Salvador, que lleva 40 años dedicada a la siembra, lo perdió todo. Los cultivos y los animales se fueron muriendo. Las aves, los conejos y algunas vacas quedaron en el pasado, uno que hace apenas cuatro años les permitía salir con algo de tranquilidad a hacer su oficio.

Ahora, su tiempo lo dedica a buscar la libertad de quienes están presos, porque no solo se trata de su hijo, también de su hermana, su yerno y dos de sus primos. “Lastimosamente, no nos escuchan, ni porque presentemos testigos. Logramos una audiencia el 10 de febrero, pero la jueza, alegando que mi hijo no tiene casa, esposa ni empleo, no quiso dejarlo libre. Su miedo era que saliera del país”, y así han pasado nueve meses. Hasta hace poco, estaba en el penal de Izalco. El 9 de agosto, día de los pueblos indígenas, “mire cómo son las cosas”, le escucho decir, pues es un líder de comunidades originarias, lo trasladaron al penal de Usulután, a quince horas de donde vive. “Me toca gastar de lo que no tengo, porque además debo comprar unos paquetes para que pueda comer donde está detenido”.

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Su hijo cumplió 22 años exactamente un mes después de que se lo llevaron del campo a una celda. Más que estar preso, Silverio cree que está secuestrado. Tiene un abogado particular que el Estado aceptó, a diferencia del resto de sus familiares, a quienes les negaron tener uno similar, pero poco o nada sabe de él. Escucha, como otros más, que los detenidos, sean pandilleros o no, estarían encerrados por dos o tres años. “Ellos hablan de un castigo, pero, ¿por qué si son inocentes? Esa es la pregunta”.

Él se ha sentido acechado, perseguido, “acosado por la autoridad”. Unas publicaciones en Facebook y en WhatsApp, a propósito de la detención de su hijo, bastaron para que empezaran a preguntar por él, como lo hicieron algunos miembros del Ejército y de la Policía, pero también a que una persona desconocida rondara a menos de diez metros de su casa. Nunca entró, nunca supo qué quería, pero sí lo vio cerca. “Esto ya no es un régimen de excepción, ya no califica como tal. Está bien el primer o el segundo mes, pero ya van dieciocho. Esto ya se sale de la normalidad”.

Como él, la periodista Carolina Amaya tampoco sabe nada de su papá desde el 28 de febrero de este año, cuando lo detuvieron. Él, agricultor y veterano de las Fuerzas Armadas, que también fue bombero en alguna época de su vida, defendía tierras. Ella supo de su detención cuando el periódico MalaYerba estaba publicando la investigación “Así ignoró Medio Ambiente la construcción ilegal en el cerro Afate”, en el cual trabajó durante un año. Su celular lo tenía en silencio. Una vez se hizo público el trabajo, le pareció raro ver una llamada perdida de la pareja de su papá. A las 8:15 p.m. escuchó el audio en el que le avisó que se lo habían llevado preso. Lo único que sabe es que él tiene hipertensión arterial, que sus abogados no pueden entrar a verlo y que fue trasladado de penal. “Para las personas que se dedican a decir ‘no estoy de acuerdo’ hay cárcel. Eso es lo que está pasando aquí en El Salvador y la gente ya no quiere hablar. A los demás les diría: no se dejen llevar por la primera imagen que ven. Mi papá creía en este gobierno, de hecho, cada vez que hablaba con él me decía que trabajara ahí. Ahora está preso y parece que hay una intención de mantenerlo como tal”.

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Más de 70.000 personas han sido detenidas en el marco del régimen de excepción de Nayib Bukele, vigente desde marzo de 2022. Unas 5.000 han sido liberadas, según las autoridades, y al menos 102 murieron bajo custodia policial, entre el 27 de marzo del año pasado y febrero de 2023, con cálculos estimados a partir de registros en redes sociales y en medios de comunicación. Quienes sean hallados responsables de liderar grupos delincuenciales podrían enfrentar una pena de 60 años de prisión, además de unos juicios que agruparían a cerca de 900 acusados en una misma audiencia.

Gabriela Santos, quien creció en el tiempo de la posguerra, que hasta ahora siente lo que es el miedo a expresarse, a decir lo que piensa, o al menos así lo confiesa, cree que “en El Salvador se detienen a personas inocentes. Todo eso que conocemos como el debido proceso y otros tecnicismos jurídicos, que a veces parecen lejanos, no lo son tanto: cuando una persona es encarcelada no vale si en verdad no pertenece a las pandillas, sino si se puso nerviosa ante un policía, si tiene quizás un aspecto que no está dentro de los cánones que al parecer se le asignan a ‘alguien bueno’. Prácticamente se asume su culpabilidad”.

Ella, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), como a varios más que trabajan en organizaciones sociales, la han llamado defensora de pandilleros. Siente frustración y le cuesta lidiar con lo que está pasando en su país. “Hay que reconocer el dolor que hemos vivido los salvadoreños por mucho tiempo, ese deseo de querer vivir en paz, de caminar tranquilos por las calles, de poder disfrutar donde vivimos, de no tener miedo de cruzar la calle equivocada, pero este modelo es represivo, no respeta las reglas del juego. Se preguntarán: ¿a mí eso por qué debe importarme, si al final puedo caminar libre? Si estoy bien y tengo seguridad, ¿por qué debo preocuparme? Sencillamente mañana me pueden detener a mí”.

Henri Fino no ha sufrido detenciones en carne propia, al menos no se ha dado alguna en su círculo más cercano, pero sí sabe que una compañera suya tiene a dos sobrinos detenidos. Además, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), donde trabaja como director ejecutivo, le hizo seguimiento al caso de unos jóvenes menores de 16 años, en la región de Bajo Lempa, al oriente de El Salvador, que fueron detenidos después de ensayar una obra de teatro sobre las acciones de la Fuerza Armada. Luego de diez horas de estar desaparecidos, fueron liberados. Piensa en que Bukele busca la reelección, a pesar de que la Constitución lo prohíbe, y en que, en medio del régimen de excepción, la figura de los jueces sin rostro deja dudas sobre quiénes juzgan a los encarcelados y si ellos tienen credenciales para ejercer como tal. “Estamos viviendo una ausencia total de institucionalidad, un retroceso total de la democracia. Posiblemente nunca la hemos tenido, pero íbamos construyéndola, paso a paso”.

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En 1992, con la firma de los Acuerdos de Chapultepec, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) pusieron fin a una guerra civil que cobró la vida de más de 75.000 personas y dejó a 8.000 desaparecidos. Los tíos de Bukele recibieron en su casa, en la clandestinidad, a algunos líderes subversivos durante el conflicto. Eran amigos, también con su papá, quien fue cercano a Schafik Jorge Hándal, uno de los líderes del Frente desde antes de la guerra, con quien compartió su pasado palestino. En el cambio de las armas por la política, el FMLN y Bukele trabajaron de la mano en la imagen del partido. Él era el encargado de la publicidad de las campañas políticas. Incluso, las alcaldías de Nuevo Cuscatlán y San Salvador las alcanzó bajo esas banderas, aunque poco a poco se distanció de los símbolos del partido, haciendo énfasis en su nombre y su figura, hasta el punto de que cuando alcanzó la Presidencia esa unión ya no existía. Su llegada al Palacio Nacional se dio gracias al apoyo de las personas que decían “rompimos el bipartidismo” o “estábamos aburridos de lo mismo”.

Lleva cuatro años en el poder, con el apoyo de nueve de cada diez salvadoreños, según las encuestas. Algunos le aplauden la sensación de seguridad en las calles, que le atribuyen a la guerra contra las pandillas, que se consolidaron en los últimos años del siglo XX, cuando él estaba pasando del colegio a la universidad. Apenas en mayo pasado celebraba en Twitter que El Salvador cumplía 365 días sin homicidios, “todo un año”, y eso es lo que le alaban algunos. Por ejemplo, Cristina Arévalo, de 71 años, tuvo que cerrar su negocio en la periferia de San Salvador por las amenazas de las pandillas. Ahora parece ser diferente: “Con la seguridad que se vive, pronto reabriré. Ya no me van a extorsionar”, dijo a la AFP.

Desde su despacho, Andrés Guzmán Caballero, abogado colombiano que ahora es comisionado de los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión de El Salvador, no duda cuando dice que allá “se vive totalmente en paz”. Sus amigos, cuando lo visitan, se sorprenden porque ven que pueden invertir, pueden conocer, algo que, según él, los mismos salvadoreños están haciendo. Es un confeso admirador de Bukele y cree que a su favor juega que “tiene una política de seguridad clara y una línea de respeto a los derechos humanos y al crecimiento de las personas (…). La percepción de él es la que muestra en sus redes sociales: un hombre que trabaja incansablemente, asiduo a la tecnología, que pertenece a la comunidad”.

Sobre las más de 4.000 denuncias recogidas por varias organizaciones sociales, entre ellas Idhuca y Fespad, que alegan que en el primer año del régimen de excepción conocieron 22 casos de tortura, 4.825 de detenciones arbitrarias y 1.233 de faltas al debido proceso, entre otras más, Guzmán Caballero “no ha encontrado un solo caso, pues no hay denuncias ante las autoridades competentes. Le puedo asegurar que en ninguna cárcel de El Salvador existe algún tipo de tortura”. Con respecto a las preocupaciones por la defensa de los detenidos: “Pese a que hay una norma que instituye los jueces sin rostro, le aseguro que casi todos los jueces dan la cara a los reos, administran justicia, firmando y colocando sus nombres. Esta medida, entiendo, fue instaurada por el miedo que generaban las pandillas, pero ahora, en la práctica, todos tienen rostro y las garantías procesales a las personas inocentes están dadas”.

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