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El comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó un proyecto de ley para reforzar las sanciones a Nicaragua y aumentar la presión sobre el mandatario Daniel Ortega.
El nuevo proyecto de ley, pendiente de aprobación en el pleno del Senado, tiene como objetivo “responsabilizar al régimen autoritario de Daniel Ortega por los crímenes y abusos de derechos humanos perpetrados contra el pueblo nicaragüense”, se lee en un comunicado transmitido por la oficina del senador republicano Marco Rubio, uno de sus impulsores.
El texto autoriza de nuevo las sanciones impuestas por la Nica Act, que entre otras cosas permite a Estados Unidos condicionar préstamos que Nicaragua gestione ante organismos financieros multilaterales, y la Ley RENACER.
Esta última permite, entre otras acciones, aumentar las sanciones contra miembros claves del gobierno de Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Además, el nuevo proyecto de ley bipartidista hace cumplir un decreto para “imponer sanciones sectoriales a la economía nicaragüense”, pide una estrategia para que se niegue financiamiento a Nicaragua a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), solicita que se revisen “los beneficios del régimen” bajo el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana (CAFTA-DR) y prohíbe nuevas inversiones de “entidades” de Estados Unidos en el país.
También autoriza “programas de promoción de derechos humanos y la democracia para apoyar a la oposición nicaragüense”.
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en elecciones puestas en entredicho por la comunidad internacional.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales siguen en la cárcel o se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
“La dinastía autoritaria de Ortega y Murillo ha redoblado sus tácticas represivas contra los nicaragüenses” mientras “se lucra ilegalmente de un esquema de trata de personas”, afirma el senador Rubio, citado en el texto.
“Lo que ocurre en América Latina nos afecta aquí mismo”, afirma por su parte su colega demócrata Tim Kaine, que pone como ejemplo un aumento de la migración, uno de los temas más candentes de las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos.
Varios congresistas han presentado un proyecto de ley similar en la Cámara de Representantes.
Organizaciones nicaragüenses en el exilio se pronunciaron
Organizaciones nicaragüenses en el exilio expresaron desde San José, Costa Rica, su “inquebrantable compromiso” de seguir luchando por la justicia, la libertad y la democracia en Nicaragua.
En una proclama conjunta, en ocasión del sexto aniversario de la rebelión popular contra el Gobierno de Ortega, que estalló en 2018, y en homenaje “solemne a las víctimas directas de la represión”, los organismos en el exilio explicaron que la resistencia del pueblo nicaragüense se resume en una sola demanda: “¡Que se vayan!” los gobernantes sandinistas del poder.
“La dictadura Ortega-Murillo, en su afán totalitario, ha demolido el Estado de derecho y puesto bajo su férreo control a todas las instituciones públicas”, denunciaron esos organismos en la proclama, leída por Azucena López, de la Asociación Madres de Abril.
El Ejecutivo nicaragüense ha ilegalizado a las organizaciones políticas, desmantelado a las organizaciones de sociedad civil y organizaciones comunitarias de los pueblos indígenas y afrodescendientes, indicó López.
La activista agregó que igualmente han confiscado a las universidades “poniendo al frente de ellas a personajes sumisos y abyectos que, participando de la gigantesca corrupción, quieren acallar y doblegar la voluntad del pueblo de Nicaragua”, pero que “no lo lograrán”, añadió.
De igual forma, las organizaciones en el exilio señalan que el Gobierno de Ortega “ha desatado una sistemática persecución a la Iglesia católica, incluyendo el encarcelamiento y destierro de sacerdotes y la prohibición de actividades religiosas”, manteniendo “a más de 130 personas presas políticas en sus mazmorras, incluido los 10 presos políticos que llevan más de 3.550 días injustamente detenidos”, señalaron.
Reiteraron que seguirán “luchando hasta lograr que la dictadura criminal, corrupta y mafiosa se vea obligada a abandonar el poder”.
“Abril continúa vivo cuando promovemos un espíritu de acción unitaria y de esperanza, seguros que más temprano que tarde saldremos de esta dictadura y volveremos a reunirnos como nación para construir una democracia firme, duradera y próspera”, remarcaron.
En esa misma línea, sostuvieron que “la dictadura Ortega-Murillo solo ofrece dolor, muerte, cárcel, exilio y miseria. Con la dictadura el pueblo de Nicaragua no tiene futuro. El futuro es del pueblo”.
En abril de 2018 miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron “más de 300″ y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
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