La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, respaldó la “pausa” en la relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá que anunció este martes el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, por las advertencias de los diplomáticos sobre los riesgos de la reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial en México.
“Por supuesto que vamos a respaldar siempre al presidente de la República y eso no quiere decir que cambien las relaciones con Estados Unidos y Canadá, pero sí es importante que las y los embajadores de estos países (sepan) que hay temas que corresponden exclusivamente a las y los mexicanos”, dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa, como reacción a las declaraciones de López Obrador sobre una “pausa” en su relación con las embajadas de ambos países.
El presidente aclaró que la “pausa” es solo con los embajadores de Washington, Ken Salazar, y de Ottawa, Graeme C. Clark, pero no afectará a las relaciones con los gobiernos norteamericanos.
La futura mandataria enfatizó que temas como la conformación del Poder Judicial deben discutirse de manera interna por lo que, aseguró, “el presidente tiene su razón para tomar esta decisión” de pausar las relaciones.
No obstante, Sheinbaum dijo que no será hasta que tome protesta como presidenta constitucional, el próximo 1 de octubre, cuando defina su postura en la relación con Estados Unidos y Canadá.
“Nosotros podemos responder a partir del 1 de octubre, cuando entremos a la presidencia”, aseveró.
Reconoció que ha tenido un par de reuniones con el embajador Salazar, una de ellas cuando acudieron legisladores estadounidenses a México y la otra cuando visitó el país Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional del Gobierno de Joe Biden.
“Fueron las únicas dos que hemos tenido y, hasta ahora, no tenemos planeado por el momento ninguna relación con el embajador”, zanjó.
El jueves pasado Salazar alertó de que la reforma judicial del Gobierno pone en “riesgo” la democracia en México y la relación comercial con Estados Unidos, además de advertir de que la elección popular de jueces facilitaría la intromisión de los carteles en la justicia.
Ese mismo día, Clark informó a EFE de “preocupaciones” de inversionistas ante la reforma, que se aprobaría en septiembre, cuando la alianza de partidos de López Obrador tenga la mayoría necesaria, de dos tercios del Congreso, para modificar la Constitución.
De aprobarse la reforma, los mexicanos irían a las urnas a partir de 2025 para elegir a jueces, magistrados y a los ministros de la Suprema Corte, mientras que en 2026 el país afrontará la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que pide seguridad jurídica para las inversiones.
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