Entrar o salir de una cárcel en El Salvador es una lotería

Marcelo sentía que los dedos le iban a explotar, pues, en lugar de esposas, le ataron las manos con una abrazadera de plástico tan fuerte que se le pusieron rojas e hinchadas. Lo llevaban para el penal de Izalco, en El Salvador, donde solo hay personas retenidas en el marco del régimen de excepción que se declaró para enfrentar la violencia generalizada por las pandillas.

Él no sabía por qué lo capturaron. Los uniformados lo abordaron en la calle, revisaron sus documentos y le dijeron que tenía que acompañarlos a la delegación como parte de una rutina policial, pero después de dormir tres días junto a un hueco que los reos utilizaban como baño, lo trasladaron a la prisión donde aparecieron las torturas, que iban desde arrodillarse desnudos por cuatro horas frente al portón de la cárcel hasta interrogatorios sobre las pandillas mientras los obligaban a meterse a barriles llenos de agua con hielo.

El día de la audiencia, que fue compartida con otras 400 personas, Marcelo se enteró de que lo acusaban de “agrupaciones ilícitas” (hacer parte de una pandilla) y, aunque ni antes ni durante el transcurso de la audiencia pudo hablar con su abogado, quedó en libertad tras pagar una caución. Su caso es particular porque pudo salir de la cárcel, no por ser una denuncia aislada de abuso de autoridad. Y es que este es solo una de los cientos de experiencias que recopiló Human Right Watch en El Salvador en el informe “Podemos detener a quien queramos”, donde se evalúan los abusos del último año, cuando se han implementado políticas de mano dura y que terminó siendo corroborrado por la filtración de bases de datos del Ministerio de Justicia, que dan cuenta de las personas capturadas entre marzo y agosto de 2022 y que según cifras del gobierno han disminuido significativamente los homicidios.

El detonante de lo que ocurre hoy en El Salvador fue la oleada de violencia que se presentó el fin de semana del 24 al 27 de marzo de 2022, cuando se registraron 92 homicidios a manos de pandillas (la filtración confirma 32), luego de lo que al parecer fue un fallido intento de paz. Ante esto, el presidente Nayib Bukele declaró el régimen de excepción, poniendo como prioridad la seguridad del país.

📝 Sugerimos: España incauta 4.500 kilos de cocaína en barco que transportaba ganado de Colombia

Este mecanismo —creado para situaciones extremas, como una guerra, una catástrofe o graves perturbaciones del orden público— permite suspender derechos como la libertad de asociación y la privacidad de las comunicaciones, y flexibilizar los arrestos. Aplica por 30 días, pero en El Salvador la medida se ha prorrogado 10 veces y se mantiene.

“Son violaciones a los derechos humanos que no son aisladas ni ocurren en zonas determinadas del país. No solo se registran detenciones arbitrarias (en barrios humildes), sino que además algunas se constituyen como desapariciones forzadas, porque a los familiares se les niega información sobre el paradero de los capturados. Además, hay más de 90 casos de personas que murieron en las cárceles bajo custodia policial”, asegura Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch, quien lideró el informe.

El problema es que junto a Marcelo hay más personas que aseguran que las capturaron sin orden judicial ni justificación, más allá de tener un tatuaje, por una publicación en una red social o cuotas de arrestos que obligarían a cumplir a los uniformados. Es así como bajo el régimen de excepción han sido capturadas más de 60.000 personas, de las cuales 1.600 son menores de edad, por lo que sumadas a las cerca de 39.000 que ya estaban en la cárcel, hoy se habla de que el 2 % de la población adulta del país está detenida. El agravante es que las filtraciones demuestran que más de 39.000 personas han sido acusadas de agrupaciones ilícitas y 8.000 por integrar organizaciones terroristas, pero los acusados por delitos como homicidio o agresión sexual no alcanza a ser el 10 %.

En gran parte, de acuerdo con HRW, lo que ha facilitado el debilitamiento de la independencia judicial es que Bukele controla dos tercios del Legislativo y desde allí ha logrado reducir a 12 años la edad mínima para entrar a la cárcel, así ha sacado a cinco magistrados y facilitó el proceso para destituir fiscales y jueces que, considera, pueden “favorecer a los delincuentes”.

“Lo que ha logrado Bukele es una enorme tasa de popularidad y algunas veces fanatismo. Había enojo con los resultados de sus antecesores, con políticas de mano dura y negociaciones oscuras a puerta cerrada, en las que dejaron de matar a cambio de algunas prebendas. Hoy cuenta con una estrategia de comunicación muy buena, en la que él mismo se ha encargado de incitar actitudes agresivas o que permitan ignorar la violación de derechos humanos”, indicó Pappier.

Esto se ha evidenciado en contra de medios de comunicación independientes y sociedad civil. Además de que, en enero de 2022, Citizen Lab y Access Now determinaron que se espió a por lo menos 35 periodistas con el programa Pegasus, se han impuesto leyes que penalizan a los reporteros que reproduzcan mensajes de las pandillas, así como directamente Bukele ha acusado a medios digitales como “El Faro”, revista “Factum” y “Gato Encerrado” de “difundir noticias falsas o apoyar a las pandillas”.

Aunque las medidas represivas han reducido el accionar de las pandillas y tienen una directa relación con la popularidad de Bukele, a largo plazo no pareciera tan sostenible, pues ahora el país enfrenta el hacinamiento carcelario y deberá aumentar el presupuesto para atender a quienes están en la cárcel, no hay medidas de prevención que eviten el ingreso o retorno de integrantes a las maras ni estrategias de investigación para atacar a las cabezas de estos grupos, que, de acuerdo con una investigación de Insight Crime, se habrían trasladado a zonas rurales y países vecinos. “Hay un escenario donde las detenciones seguramente han ido disminuyendo. Ahora el gran desafío para ellos es tener excusas para mantener a los capturados presos, lo cual es preocupante con los detenidos arbitrariamente”, argumenta Pappier

Además de cifras claras y políticas que respeten los derechos humanos ante las causas estructurales de la violencia de las pandillas, HRW solicitó a gobiernos extranjeros e instituciones financieras internacionales, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (del que Colombia hace parte), establecer condiciones para dar préstamos y asistencia relacionada con la seguridad en El Salvador. “Ahora están revaluando algunos de los programas que tienen y esperamos tener más reuniones con otros gobiernos con incidencia en el Concilio en Ginebra y el Parlamento Europeo para que haya una mayor atención internacional de lo que ocurre en El Salvador”, dijo Pappier.

📌 Le puede interesar: Crisis en Perú: gobernador disparó contra manifestantes que atacaban su casa

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Marcelo sentía que los dedos le iban a explotar, pues, en lugar de esposas, le ataron las manos con una abrazadera de plástico tan fuerte que se le pusieron rojas e hinchadas. Lo llevaban para el penal de Izalco, en El Salvador, donde solo hay personas retenidas en el marco del régimen de excepción que se declaró para enfrentar la violencia generalizada por las pandillas.

Él no sabía por qué lo capturaron. Los uniformados lo abordaron en la calle, revisaron sus documentos y le dijeron que tenía que acompañarlos a la delegación como parte de una rutina policial, pero después de dormir tres días junto a un hueco que los reos utilizaban como baño, lo trasladaron a la prisión donde aparecieron las torturas, que iban desde arrodillarse desnudos por cuatro horas frente al portón de la cárcel hasta interrogatorios sobre las pandillas mientras los obligaban a meterse a barriles llenos de agua con hielo.

El día de la audiencia, que fue compartida con otras 400 personas, Marcelo se enteró de que lo acusaban de “agrupaciones ilícitas” (hacer parte de una pandilla) y, aunque ni antes ni durante el transcurso de la audiencia pudo hablar con su abogado, quedó en libertad tras pagar una caución. Su caso es particular porque pudo salir de la cárcel, no por ser una denuncia aislada de abuso de autoridad. Y es que este es solo una de los cientos de experiencias que recopiló Human Right Watch en El Salvador en el informe “Podemos detener a quien queramos”, donde se evalúan los abusos del último año, cuando se han implementado políticas de mano dura y que terminó siendo corroborrado por la filtración de bases de datos del Ministerio de Justicia, que dan cuenta de las personas capturadas entre marzo y agosto de 2022 y que según cifras del gobierno han disminuido significativamente los homicidios.

El detonante de lo que ocurre hoy en El Salvador fue la oleada de violencia que se presentó el fin de semana del 24 al 27 de marzo de 2022, cuando se registraron 92 homicidios a manos de pandillas (la filtración confirma 32), luego de lo que al parecer fue un fallido intento de paz. Ante esto, el presidente Nayib Bukele declaró el régimen de excepción, poniendo como prioridad la seguridad del país.

📝 Sugerimos: España incauta 4.500 kilos de cocaína en barco que transportaba ganado de Colombia

Este mecanismo —creado para situaciones extremas, como una guerra, una catástrofe o graves perturbaciones del orden público— permite suspender derechos como la libertad de asociación y la privacidad de las comunicaciones, y flexibilizar los arrestos. Aplica por 30 días, pero en El Salvador la medida se ha prorrogado 10 veces y se mantiene.

“Son violaciones a los derechos humanos que no son aisladas ni ocurren en zonas determinadas del país. No solo se registran detenciones arbitrarias (en barrios humildes), sino que además algunas se constituyen como desapariciones forzadas, porque a los familiares se les niega información sobre el paradero de los capturados. Además, hay más de 90 casos de personas que murieron en las cárceles bajo custodia policial”, asegura Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch, quien lideró el informe.

El problema es que junto a Marcelo hay más personas que aseguran que las capturaron sin orden judicial ni justificación, más allá de tener un tatuaje, por una publicación en una red social o cuotas de arrestos que obligarían a cumplir a los uniformados. Es así como bajo el régimen de excepción han sido capturadas más de 60.000 personas, de las cuales 1.600 son menores de edad, por lo que sumadas a las cerca de 39.000 que ya estaban en la cárcel, hoy se habla de que el 2 % de la población adulta del país está detenida. El agravante es que las filtraciones demuestran que más de 39.000 personas han sido acusadas de agrupaciones ilícitas y 8.000 por integrar organizaciones terroristas, pero los acusados por delitos como homicidio o agresión sexual no alcanza a ser el 10 %.

En gran parte, de acuerdo con HRW, lo que ha facilitado el debilitamiento de la independencia judicial es que Bukele controla dos tercios del Legislativo y desde allí ha logrado reducir a 12 años la edad mínima para entrar a la cárcel, así ha sacado a cinco magistrados y facilitó el proceso para destituir fiscales y jueces que, considera, pueden “favorecer a los delincuentes”.

“Lo que ha logrado Bukele es una enorme tasa de popularidad y algunas veces fanatismo. Había enojo con los resultados de sus antecesores, con políticas de mano dura y negociaciones oscuras a puerta cerrada, en las que dejaron de matar a cambio de algunas prebendas. Hoy cuenta con una estrategia de comunicación muy buena, en la que él mismo se ha encargado de incitar actitudes agresivas o que permitan ignorar la violación de derechos humanos”, indicó Pappier.

Esto se ha evidenciado en contra de medios de comunicación independientes y sociedad civil. Además de que, en enero de 2022, Citizen Lab y Access Now determinaron que se espió a por lo menos 35 periodistas con el programa Pegasus, se han impuesto leyes que penalizan a los reporteros que reproduzcan mensajes de las pandillas, así como directamente Bukele ha acusado a medios digitales como “El Faro”, revista “Factum” y “Gato Encerrado” de “difundir noticias falsas o apoyar a las pandillas”.

Aunque las medidas represivas han reducido el accionar de las pandillas y tienen una directa relación con la popularidad de Bukele, a largo plazo no pareciera tan sostenible, pues ahora el país enfrenta el hacinamiento carcelario y deberá aumentar el presupuesto para atender a quienes están en la cárcel, no hay medidas de prevención que eviten el ingreso o retorno de integrantes a las maras ni estrategias de investigación para atacar a las cabezas de estos grupos, que, de acuerdo con una investigación de Insight Crime, se habrían trasladado a zonas rurales y países vecinos. “Hay un escenario donde las detenciones seguramente han ido disminuyendo. Ahora el gran desafío para ellos es tener excusas para mantener a los capturados presos, lo cual es preocupante con los detenidos arbitrariamente”, argumenta Pappier

Además de cifras claras y políticas que respeten los derechos humanos ante las causas estructurales de la violencia de las pandillas, HRW solicitó a gobiernos extranjeros e instituciones financieras internacionales, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (del que Colombia hace parte), establecer condiciones para dar préstamos y asistencia relacionada con la seguridad en El Salvador. “Ahora están revaluando algunos de los programas que tienen y esperamos tener más reuniones con otros gobiernos con incidencia en el Concilio en Ginebra y el Parlamento Europeo para que haya una mayor atención internacional de lo que ocurre en El Salvador”, dijo Pappier.

📌 Le puede interesar: Crisis en Perú: gobernador disparó contra manifestantes que atacaban su casa

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.