Es irresponsable hacer propias las narrativas del régimen venezolano (Opinión)

En momentos en los que empezaban a proliferar en el mundo los discursos xenófobos y de contención migratoria, años 2015 y 2016, cuando en los Estados Unidos Donald Trump ganaba las elecciones prometiendo muros y los partidos de extrema derecha antimigrantes crecían en Europa, el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos anunciaba medidas de protección para el creciente número de migrantes provenientes de Venezuela.

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Dicha actitud pragmática pero solidaria del presidente Santos se debió a que el inicio de la crisis migratoria ocurrió cuando el régimen de Nicolás Maduro arremetió contra los colombianos con las denominadas “Operaciones para la Liberación del Pueblo”, causando la “salida voluntaria” de más de 23.000 colombianos y sus familias venezolanas de la zona de frontera.

El chavismo que, había regularizado a la población colombiana para instrumentalizarla electoralmente, ya no quería a los colombianos cuando empezaron a votar por la oposición. Diez años después de la “Misión Identidad”, con la cual Chávez otorgó cédulas venezolanas a nuestros nacionales para que lo apoyaran en el referendo revocatorio de 2004, el gobierno de Maduro decidió arremeter contra los colombianos porque se estaban volviendo opositores. No les renovó las cédulas, que en Venezuela se vencen cada 10 años, lo cual afectaba el acceso a bienes y servicios.

En el año 2014 la crisis económica se precipitó sobre Venezuela, el gasto público exacerbado para aceitar la relación clientelar entre el chavismo y sus bases, para comprar la voluntad popular, en las campañas de 2012 y 2013, dejó al país no solo hipotecado sino incapaz de producir. Nicolás Maduro no estaba a la altura para dirigir a Venezuela en tiempos de escasez, causando una desbandada de electores chavistas que votaron por la oposición en las elecciones de Asamblea Nacional de 2015. El régimen intentó contener la derrota con diferentes medidas que incluyeron la cancelación de los derechos políticos a la población colombiana que ya no se sometía al chavismo.

Paradójicamente el hijo de una colombiana, el hijo de Teresa, Nicolás Maduro Moros, arremetía contra los colombianos en Venezuela. No les renovaba la cédula, les quitaba los derechos políticos y los obligaba a salir corriendo con sus pocos enceres por la frontera. El gobierno de Juan Manuel Santos temió lo peor, una expulsión masiva de nuestros nacionales de Venezuela.

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Por eso la respuesta ante la crisis fue de solidaridad, de atención y apoyo a los colombianos que salían y de protección a sus familias venezolanas, incluso se promovieron políticas de regularización exprés para no causar división familiar. La canciller María Ángela Holguín, el director de Migración Colombia, Christian Krüger, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil en el área de frontera, especialmente de la Iglesia católica, liderada por monseñor Víctor Manuel Ochoa, administraron la crisis con tanta efectividad que hoy pocos recuerdan lo complejo de la situación, al punto de que se atreven a negarla.

Los venezolanos que llegaron eran los familiares de los colombianos, esposos y esposas, abuelos y suegros, hijos binacionales, familias binacionales, a quienes se les derribó la casa por ser supuestamente parte de organizaciones criminales, pero que en realidad eran familias de colombianos y venezolanos que le resultaban incomodos a un régimen que no tenía cómo movilizar a sus electores.

Así las cosas, la solidaridad que orientó la acogida de los venezolanos durante la administración de Juan Manuel Santos fue una respuesta de protección a familias binacionales perseguidas por un régimen que, ante la incapacidad de poder extorsionarlos para las elecciones, prefirió desconocer sus derechos políticos y obligarlos a salir del territorio.

La crisis económica venezolana se inició un año antes, en 2014; sus primeros números negativos hoy no parecen relevantes si se comparan con lo que siguió. Sin embargo, en aquel momento parecía que un proyecto político que fundamentó su poder en una relación clientelar y de extorsión sobre la población sería imposible de sostener con números negativos en la economía.

En los Estados democráticos cuando se obtienen malos resultados de gestión, ocurren los cambios de gobierno; cuando los gobiernos no logran responder a las necesidades y demandas de la población, es normal el cambio, incluso es deseable: es el principio de la alternancia en las democracias.

Si bien la erosión democrática se inició desde el mismo ascenso de la Revolución Bolivariana hace un cuarto de siglo, Chávez se esforzaba por mostrarse como un líder demócrata que contaba con el apoyo popular. En ese tiempo el chavismo fingía democracia, ello no quiere decir que no se dieran casos de violación de los derechos humanos, por el contrario, arremetió ferozmente contra los técnicos y funcionarios del Estado venezolano que no se plegaban a sus caprichos: despidos, estigmatización, señalamientos sin evidencia, quizás uno de los casos más dolorosos fue el de la juez María Lourdes Afiuni, quien sufrió la inquina del chavismo por hacer su trabajo.

Sin embargo, con Nicolás Maduro se pasó del autoritarismo competitivo de Hugo Chávez a la constitución de una dictadura, que este año 2024 pretende consolidarse. Maduro perdió las formas, dejó de fingir democracia, usó el aparato represor del Estado en alianza con la criminalidad para someter y retener por la fuerza a un pueblo que ya no creía en el chavismo. En 2014 arremetió contra los jóvenes, las protestas de ese año significaron un escalón en la violencia promovida por el Estado contra la población civil. Y las sanciones internacionales contra los violadores de los derechos humanos fue el camino que usó la comunidad internacional para tratar de contener las prácticas del gobierno. Se sancionaron específicamente funcionarios del régimen que tenían responsabilidad en torturas y desapariciones de los ciudadanos que protestaban.

Eso en un primer momento tuvo un alto costo para el Gobierno, porque la izquierda democrática, especialmente la europea, tomó distancia de Maduro. La Revolución Bolivariana ya no era vista como ese proyecto de transformación política de Venezuela, se iniciaba una deriva autoritaria que significó el regreso de la dictadura a América del Sur. El primero de mayo de 2017, el régimen de Maduro anunció la “Asamblea Nacional Constituyente”, punto de quiebre institucional y fecha que se referencia como punto de partida de la dictadura.

El deterioro económico, social y político al que el chavismo somete a Venezuela es la sumatoria de malas decisiones, incompetencia, corrupción y sectarismo. El resultado fue la diáspora venezolana. En 25 años de Revolución Bolivariana el chavismo ha obligado a salir a más del 25 % de su población.

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Pero el chavismo en la era Maduro tiene pretensiones totalitarias. Como si se tratara de una versión tropical de 1984, de George Orwell, el Ministerio de la Verdad chavista construyó la narrativa de que la crisis era el resultado de las sanciones internacionales.

Pero basta solo revisar los diarios o conversar con uno de los 7.722.579 venezolanos que salieron de su país en los últimos nueve años para saber que la causa de la diáspora no fueron las sanciones, sino la incapacidad de un régimen para proveer salud, educación y acceso al alimento. Las sanciones sí han agravado la crisis, y sí deben ser levantadas las “sanciones sectoriales”, pero no porque hoy haya democracia en Venezuela, sino porque el régimen ha transferido todo el costo a la población y está dispuesto a inmolar al pueblo con tal de mantenerse en el poder.

Si bien Colombia tiene que convivir con la Revolución Bolivariana, y es una responsabilidad del presidente Petro mantener relaciones diplomáticas y consulares con nuestro vecino más importante y del que aún se cree que contiene la mayor cantidad de colombianos en el exterior, no puede el primer mandatario repetir las narrativas del régimen, menos en el tema migratorio: es un acto de irresponsabilidad que revictimiza a nuestros ciudadanos que fueron expulsados y a los 2.875.843 migrantes venezolanos que han hecho de Colombia su hogar. Ya es bastante negativo que el tema de la integración migratoria saliera de la agenda del gobierno nacional, que no se busquen los recursos internacionales que se requieren para la gobernanza migratoria o la incapacidad para dar la continuidad al proceso de integración que estábamos construyendo en el país, pero hacer propias las narrativas del régimen venezolano es desconocer el camino que hemos recorrido en los últimos nueve años y pone en riesgo el largo trecho que nos falta por andar para que Colombia se constituya en un ejemplo de acogida migratoria.

Si está interesado o interesada en un primer acercamiento al complejo tema migratorio consulte: La Migración Venezolana en Infografía aquí

*Investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y coordinador de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.

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En momentos en los que empezaban a proliferar en el mundo los discursos xenófobos y de contención migratoria, años 2015 y 2016, cuando en los Estados Unidos Donald Trump ganaba las elecciones prometiendo muros y los partidos de extrema derecha antimigrantes crecían en Europa, el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos anunciaba medidas de protección para el creciente número de migrantes provenientes de Venezuela.

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Dicha actitud pragmática pero solidaria del presidente Santos se debió a que el inicio de la crisis migratoria ocurrió cuando el régimen de Nicolás Maduro arremetió contra los colombianos con las denominadas “Operaciones para la Liberación del Pueblo”, causando la “salida voluntaria” de más de 23.000 colombianos y sus familias venezolanas de la zona de frontera.

El chavismo que, había regularizado a la población colombiana para instrumentalizarla electoralmente, ya no quería a los colombianos cuando empezaron a votar por la oposición. Diez años después de la “Misión Identidad”, con la cual Chávez otorgó cédulas venezolanas a nuestros nacionales para que lo apoyaran en el referendo revocatorio de 2004, el gobierno de Maduro decidió arremeter contra los colombianos porque se estaban volviendo opositores. No les renovó las cédulas, que en Venezuela se vencen cada 10 años, lo cual afectaba el acceso a bienes y servicios.

En el año 2014 la crisis económica se precipitó sobre Venezuela, el gasto público exacerbado para aceitar la relación clientelar entre el chavismo y sus bases, para comprar la voluntad popular, en las campañas de 2012 y 2013, dejó al país no solo hipotecado sino incapaz de producir. Nicolás Maduro no estaba a la altura para dirigir a Venezuela en tiempos de escasez, causando una desbandada de electores chavistas que votaron por la oposición en las elecciones de Asamblea Nacional de 2015. El régimen intentó contener la derrota con diferentes medidas que incluyeron la cancelación de los derechos políticos a la población colombiana que ya no se sometía al chavismo.

Paradójicamente el hijo de una colombiana, el hijo de Teresa, Nicolás Maduro Moros, arremetía contra los colombianos en Venezuela. No les renovaba la cédula, les quitaba los derechos políticos y los obligaba a salir corriendo con sus pocos enceres por la frontera. El gobierno de Juan Manuel Santos temió lo peor, una expulsión masiva de nuestros nacionales de Venezuela.

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Por eso la respuesta ante la crisis fue de solidaridad, de atención y apoyo a los colombianos que salían y de protección a sus familias venezolanas, incluso se promovieron políticas de regularización exprés para no causar división familiar. La canciller María Ángela Holguín, el director de Migración Colombia, Christian Krüger, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil en el área de frontera, especialmente de la Iglesia católica, liderada por monseñor Víctor Manuel Ochoa, administraron la crisis con tanta efectividad que hoy pocos recuerdan lo complejo de la situación, al punto de que se atreven a negarla.

Los venezolanos que llegaron eran los familiares de los colombianos, esposos y esposas, abuelos y suegros, hijos binacionales, familias binacionales, a quienes se les derribó la casa por ser supuestamente parte de organizaciones criminales, pero que en realidad eran familias de colombianos y venezolanos que le resultaban incomodos a un régimen que no tenía cómo movilizar a sus electores.

Así las cosas, la solidaridad que orientó la acogida de los venezolanos durante la administración de Juan Manuel Santos fue una respuesta de protección a familias binacionales perseguidas por un régimen que, ante la incapacidad de poder extorsionarlos para las elecciones, prefirió desconocer sus derechos políticos y obligarlos a salir del territorio.

La crisis económica venezolana se inició un año antes, en 2014; sus primeros números negativos hoy no parecen relevantes si se comparan con lo que siguió. Sin embargo, en aquel momento parecía que un proyecto político que fundamentó su poder en una relación clientelar y de extorsión sobre la población sería imposible de sostener con números negativos en la economía.

En los Estados democráticos cuando se obtienen malos resultados de gestión, ocurren los cambios de gobierno; cuando los gobiernos no logran responder a las necesidades y demandas de la población, es normal el cambio, incluso es deseable: es el principio de la alternancia en las democracias.

Si bien la erosión democrática se inició desde el mismo ascenso de la Revolución Bolivariana hace un cuarto de siglo, Chávez se esforzaba por mostrarse como un líder demócrata que contaba con el apoyo popular. En ese tiempo el chavismo fingía democracia, ello no quiere decir que no se dieran casos de violación de los derechos humanos, por el contrario, arremetió ferozmente contra los técnicos y funcionarios del Estado venezolano que no se plegaban a sus caprichos: despidos, estigmatización, señalamientos sin evidencia, quizás uno de los casos más dolorosos fue el de la juez María Lourdes Afiuni, quien sufrió la inquina del chavismo por hacer su trabajo.

Sin embargo, con Nicolás Maduro se pasó del autoritarismo competitivo de Hugo Chávez a la constitución de una dictadura, que este año 2024 pretende consolidarse. Maduro perdió las formas, dejó de fingir democracia, usó el aparato represor del Estado en alianza con la criminalidad para someter y retener por la fuerza a un pueblo que ya no creía en el chavismo. En 2014 arremetió contra los jóvenes, las protestas de ese año significaron un escalón en la violencia promovida por el Estado contra la población civil. Y las sanciones internacionales contra los violadores de los derechos humanos fue el camino que usó la comunidad internacional para tratar de contener las prácticas del gobierno. Se sancionaron específicamente funcionarios del régimen que tenían responsabilidad en torturas y desapariciones de los ciudadanos que protestaban.

Eso en un primer momento tuvo un alto costo para el Gobierno, porque la izquierda democrática, especialmente la europea, tomó distancia de Maduro. La Revolución Bolivariana ya no era vista como ese proyecto de transformación política de Venezuela, se iniciaba una deriva autoritaria que significó el regreso de la dictadura a América del Sur. El primero de mayo de 2017, el régimen de Maduro anunció la “Asamblea Nacional Constituyente”, punto de quiebre institucional y fecha que se referencia como punto de partida de la dictadura.

El deterioro económico, social y político al que el chavismo somete a Venezuela es la sumatoria de malas decisiones, incompetencia, corrupción y sectarismo. El resultado fue la diáspora venezolana. En 25 años de Revolución Bolivariana el chavismo ha obligado a salir a más del 25 % de su población.

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Pero el chavismo en la era Maduro tiene pretensiones totalitarias. Como si se tratara de una versión tropical de 1984, de George Orwell, el Ministerio de la Verdad chavista construyó la narrativa de que la crisis era el resultado de las sanciones internacionales.

Pero basta solo revisar los diarios o conversar con uno de los 7.722.579 venezolanos que salieron de su país en los últimos nueve años para saber que la causa de la diáspora no fueron las sanciones, sino la incapacidad de un régimen para proveer salud, educación y acceso al alimento. Las sanciones sí han agravado la crisis, y sí deben ser levantadas las “sanciones sectoriales”, pero no porque hoy haya democracia en Venezuela, sino porque el régimen ha transferido todo el costo a la población y está dispuesto a inmolar al pueblo con tal de mantenerse en el poder.

Si bien Colombia tiene que convivir con la Revolución Bolivariana, y es una responsabilidad del presidente Petro mantener relaciones diplomáticas y consulares con nuestro vecino más importante y del que aún se cree que contiene la mayor cantidad de colombianos en el exterior, no puede el primer mandatario repetir las narrativas del régimen, menos en el tema migratorio: es un acto de irresponsabilidad que revictimiza a nuestros ciudadanos que fueron expulsados y a los 2.875.843 migrantes venezolanos que han hecho de Colombia su hogar. Ya es bastante negativo que el tema de la integración migratoria saliera de la agenda del gobierno nacional, que no se busquen los recursos internacionales que se requieren para la gobernanza migratoria o la incapacidad para dar la continuidad al proceso de integración que estábamos construyendo en el país, pero hacer propias las narrativas del régimen venezolano es desconocer el camino que hemos recorrido en los últimos nueve años y pone en riesgo el largo trecho que nos falta por andar para que Colombia se constituya en un ejemplo de acogida migratoria.

Si está interesado o interesada en un primer acercamiento al complejo tema migratorio consulte: La Migración Venezolana en Infografía aquí

*Investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y coordinador de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.

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