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“Esto es un golpe de Estado”, afirmó el expresidente de Ecuador Rafael Correa luego de que Guillermo Lasso, actual mandatario, decretara la disolución de la Asamblea Nacional.
Lasso decretó la disolución del Congreso, de mayoría opositora, bajo el argumento de grave crisis política y conmoción interna un día después de que el Legislativo iniciara un juicio político contra el presidente, que habría podido terminar en su destitución.
Sin embargo, para Correa la movida del presidente, conocida como “muerte cruzada”, es “ilegal”.
Correa, que es requerido por la justicia ecuatoriana por una condena de ocho años por corrupción, se encuentra asilado en Bélgica. Desde allí, en Twitter, dijo: “Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución. En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su Gobierno y sus legisladores de alquiler”.
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En otra publicación agregó: “Esto es un golpe de Estado —no hay causales— pero es también el último clavo de su propio ataúd político”.
La equidad de género es impresionante😉
— Rafael Correa (@MashiRafael) May 17, 2023
…Y Borrero brilla por su ausencia.
Esto es un golpe de Estado -no hay causales- pero es también el último clavo de su propio ataúd político.#LosCorruptosSiempreFueronEllos https://t.co/9b4atRh6is
¿Qué es la “muerte cruzada”?
El movimiento ordenado por Lasso, introducido en 2008 durante el Gobierno de Correa, se conoce como “muerte cruzada”, pues así como disuelve el Congreso, también obliga al presidente a dejar su cargo. De ahí, el nombre que se le da al mecanismo, que nunca ha sido aplicado.
Para Lasso, “es una decisión democrática no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano la posibilidad de decidir”, dijo en una alocución.
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Según la Constitución, en un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el órgano electoral, por pedido del presidente, debe convocar a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años.
Las elecciones deben realizarse en un lapso de seis meses. Hasta la instalación de la nueva Asamblea, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, con el visto bueno de la Corte Constitucional.
Según analistas, la opción de la “muerte cruzada” no solo es el suicidio político de Lasso, sino que podría ser aprovechada por el correísmo.
“Piensan que si se celebran elecciones anticipadas en este contexto de descontento generalizado con el gobierno, podrían recuperar el poder”, dijo el periodista Arturo Torres a BBC.
¿Por qué el juicio político?
Lasso es acusado de un supuesto peculado en el manejo de la naviera estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
Según el correísmo, con 49 escaños, el presidente decidió continuar con un contrato que fue firmado antes de que asumiera, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado.
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El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker dejó pérdidas por más de 6 millones de dólares. El mandatario, que no ha sido procesado por el presunto peculado en la justicia, aseguró que en 2022 pidió a la Fiscalía que investigue el caso.
El proceso despierta los fantasmas de la inestabilidad política que vivió Ecuador entre 1997 y 2005, cuando tres gobernantes que surgieron de las urnas fueron derrocados.
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