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La familia real británica es objeto de críticas por la falta de transparencia sobre su patrimonio e ingresos. Informes de prensa revelaron que Carlos III y Guillermo reciben dinero de organismos públicos, estando exentos de ciertos impuestos.
No es de conocimiento público el alcance exacto de las posesiones y detalles de contratos, como los arrendamientos de alquiler, concluidos por los ducados de Lancaster, posesión del soberano Carlos III, y de Cornualles, del príncipe heredero Guillermo. Pero una investigación del Canal 4 y del Sunday Times publicada en los últimos días los ha sacado a la luz por primera vez.
Según estos medios, los dos ducados han obtenido millones de libras en ingresos procedentes de lucrativos contratos de alquiler de terrenos al NHS, el sistema de salud pública, actualmente en crisis tras años de falta de financiación, a otros ministerios o a organizaciones benéficas. Al mismo tiempo, los dos ducados, que poseen tierras, propiedades y otro patrimonio en Inglaterra y Gales, no pagan impuestos de sociedades ni de plusvalías.
La realeza está “estafando al público”
Para Norman Baker, exdiputado del centrista Partido Liberal Demócrata y crítico de la familia real desde hace mucho tiempo, esto confirma que los miembros de la monarquía están “estafando al pueblo”.
“Estas son tierras de la corona que pertenecen al pueblo (...) Todo este dinero debería ir al ‘Crown Estate’”, el patrimonio de la corona cuyos ingresos van al Tesoro Público desde una ley que data de 1760, se quejó a AFP.
Según esta ley, el 15 % de los beneficios del ‘Crown Estate’ van en una asignación anual (la subvención soberana) a la familia real para el mantenimiento de su patrimonio y remunerar a los más de 500 empleados de los Windsor. El año que viene, esta dotación ascenderá a 132 millones de libras (171 millones de dólares).
La familia real asegura que los beneficios de los ducados de Lancaster y de Cornualles financian las actividades públicas, caritativas y privadas del soberano y su heredero.
Estos dos ducados habían sido excluidos del acuerdo de 1760 porque en ese momento generaban muy pocos ingresos. Pero más de dos siglos después, están valorados en alrededor de 1.800 millones de libras (2.330 millones de dólares) y el año pasado obtuvieron 50 millones de libras (65 millones de dólares) en beneficios, según su informe anual.
La riqueza del rey
Gracias a ello, Carlos III es una de las personas más ricas del Reino Unido, con una fortuna personal estimada en 610 millones de libras (790 millones de dólares).
Su ducado de Lancaster recibirá 12 millones de libras (15,5 millones de dólares) en un período de 15 años, alquilando un depósito a un hospital de Londres para estacionar sus ambulancias.
Por su parte, Guillermo firmó un contrato por valor de 37,5 millones de libras (48,5 millones de dólares) con el Ministerio de Justicia para alquilar el terreno en el que se encuentra la prisión de Dartmoor.
Esta investigación “muestra cómo los ducados buscan sacar provecho siempre que pueden, en detrimento del pueblo”, denuncia Graham Smith, jefe del grupo antimonárquico Republic.
Ambos ducados rechazaron haber realizado cualquier incorrección. Pero esta no es la primera vez que la familia real tiene que defenderse respecto a sus propiedades.
En 2006, una influyente comisión parlamentaria cuestionó las importantes exenciones fiscales de las que se beneficia sobre este patrimonio. Pero el tema quedó entonces relegado a un segundo plano.
En 2013, el mismo comité pidió un mayor control por parte del Tesoro sobre las finanzas del ducado de Cornualles. Para Norman Baker, el Parlamento debería abordar este tema, al igual que el gobierno.
Pero para David Haigh, director de la consultora financiera Brand Finance, los ducados de Carlos III y Guillermo funcionan como “cualquier gran patrimonio perteneciente a una familia aristocrática”.
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