Escasez de abogados, otro desafío que enfrentan solicitantes de asilo en EE. UU.

A principios de 2022, Jander Durán, estilista en Colombia, huyó de su país con su esposa e hija luego de que un grupo guerrillero se mudara a su barrio y les dejara claro que sus vidas corrían peligro si se quedaban ahí. Durán decidió que su mayor esperanza era solicitar asilo en Estados Unidos.

A principios de 2022, Jander Durán, estilista en Colombia, huyó de su país con su esposa e hija luego de que un grupo guerrillero se mudara a su barrio y les dejara claro que sus vidas corrían peligro si se quedaban ahí. Durán decidió que su mayor esperanza era solicitar asilo en Estados Unidos.

Lograron llegar hasta Texas y pronto se vieron abrumados por la complejidad que implicaba demostrar su caso: necesitarían pruebas concretas de las amenazas que recibieron y evidencia del activismo político del padre de Durán que, según la familia, era el motivo detrás de las amenazas. El proceso requeriría cientos de páginas de papeleo. La mayoría de los migrantes fracasan aquí; más del 80 por ciento de los casos de asilo son rechazados.

A sabiendas de que perder su caso podría significar la muerte, los Durán contrataron a un abogado de inmigración en San Antonio para que les ayudara con el proceso. Pero el día en que su caso por fin fue convocado ante un juez de migración en enero, su abogado apareció brevemente en una pantalla de video y le notificó al juez que ya no representaría a la pareja, ya que no habían podido llegar a un acuerdo respecto a sus honorarios.

Durán, quien contó que no había logrado reunir la suma que el abogado pedía, miró a su esposa con una expresión de confusión e incredulidad. El juez pospuso su caso para darles tiempo de encontrar una solución.

En los últimos años, los migrantes que huyen de situaciones de violencia y pobreza en todas partes del mundo han cruzado la frontera sur de Estados Unidos en cifras sin precedentes, un aumento que ha saturado los refugios, dejado a las ciudades sin recursos e incrementado los retrasos de casos pendientes en los tribunales de inmigración. Este aumento también ha creado un nuevo obstáculo para los migrantes que llegan con la esperanza de recibir asilo en Estados Unidos: una escasez grave de abogados migratorios que les ayuden a navegar un proceso jurídico que es infamemente complicado.

Sin ayuda legal profesional, muchos solicitantes de asilo que tienen motivos legítimos como los Durán enfrentan un riesgo real de ser deportados de vuelta a sus países de origen, donde muchos de ellos podrían ser detenidos, atacados o asesinados.

Según un análisis de The Transactional Records Access Clearinghouse, un grupo de investigación en la Universidad de Siracusa, en la actualidad, tan solo un 30 por ciento de los migrantes logran encontrar un abogado que los represente en procedimientos judiciales, en comparación con el 65 por ciento de hace cinco años.

“Las probabilidades de ganar un caso de asilo aumentan exponencialmente si tienes la suerte de encontrar representación legal, pero eso no es nada fácil”, dijo Christopher Ross, vicepresidente de servicios de migración y reasentamiento de refugiados en Catholic Charities USA, un grupo que ayuda a los migrantes recién llegados.

Los retrasos de los tribunales de inmigración se han incrementado de 300.000 casos en 2012 hasta más de 3,5 millones, pues se agregaron más de un millón de casos nuevos en el último año. Grupos de asistencia jurídica sin fines de lucro y miles de abogados voluntarios han proporcionado ayuda gratuita, pero los juristas afirman que el trabajo no remunerado que pueden hacer tiene un límite, y hay menos abogados acreditados que clientes.

“Siempre ha habido escasez de abogados de inmigración, pero en años recientes se ha vuelto más evidente”, señaló Amy R. Grenier, asesora de política y práctica en la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.

Grenier ejerció como abogada migratoria durante tres años bajo el gobierno de Donald Trump, donde vio de primera mano lo exigente que puede ser esta labor. Relató haber visto que se rechazaban las solicitudes de sus clientes por errores sin importancia, como no llenar todos los apartados de un formulario, aunque no aplicaran al caso. “Además de navegar el trauma de tu cliente y preservar sus esperanzas de tener un futuro en Estados Unidos, tienes que luchar contra la corriente del gobierno solo para que el caso se revise de manera justa”, expresó.

El Centro de Estudios de Migración, un grupo de investigación, halló que había 1413 personas indocumentadas en Estados Unidos por cada profesionista jurídico voluntario. Y hay mucha menos capacidad en estados como Alabama, Kansas y Georgia, donde no hay suficiente infraestructura para ayudar a los recién llegados.

Allison Hamilton, directora ejecutiva de la Coalición de Alabama por la Justicia para los Inmigrantes, comentó que la necesidad en el área de Birmingham era tal que el grupo se estaba preparando para empezar a prestar servicios jurídicos de inmigración ahí en el otoño.

Los casos atrasados también son evidentes en los tribunales de inmigración, donde cada juez tiene un promedio de 4500 casos pendientes, según los expedientes de la Universidad de Siracusa. El Servicio de Investigación del Congreso estimó que se necesitarían unos mil jueces más para resolver los retrasos actuales antes del ejercicio fiscal de 2032.

Los migrantes que necesitan contratar a un abogado pueden pagar desde 1000 hasta 7000 dólares para presentar una solicitud de asilo, y mucho más para lo que podrían ser años de comparecencias en el tribunal y otras tramitaciones. Grenier mencionó que un abogado experto suele tardar hasta 75 horas en preparar una solicitud de asilo.

Si los migrantes pueden demostrar que no pueden regresar a su país de origen por motivos de “persecución o un temor bien fundado de persecución debido a su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política”, pueden solicitar asilo, según los lineamientos del Departamento de Seguridad Nacional.

“Todo el sistema de asilo depende de que haya trauma de por medio y navegar el trauma toma mucho tiempo”, indicó Grenier.

Quienes tienen casos activos de asilo, como los Durán, que pidieron que se omitiera el apellido que usan en Colombia para evitar represalias contra los familiares que viven allá, suelen ver cómo sus casos se quedan atorados en un limbo legal durante años.

En virtud de la ley, aquellos que tienen una solicitud de asilo activa pueden quedarse en Estados Unidos y trabajar legalmente mientras esperan el día de su audiencia ante un juez de inmigración. Durán ha estado ganando unos 700 dólares a la semana como repartidor y su esposa, Omaria, trabaja de vez en cuando como niñera. Pagan 1400 dólares al mes por un departamento pequeño en Pflugerville, un suburbio de Austin.

La pareja cree que su solicitud de asilo está bien justificada. Afirmaron que los grupos guerrilleros amenazaron a su familia porque el padre de Durán es un activista bien conocido que ha alzado la voz en contra del reclutamiento de adolescentes por parte de los grupos armados. En su solicitud de asilo, afirmaron que, en un inicio, habían presentado una queja sobre las amenazas ante el equivalente del fiscal general en Colombia, pero decidieron huir en 2022 cuando las amenazas aumentaron y las autoridades no ofrecieron ninguna garantía de protección.

“Mi familia y yo vivimos con miedo. Sabemos hasta dónde pueden llegar y podrían venir a matarnos”, escribió Durán.

Después de llegar a Texas, la pareja contrató a su primer abogado, quien aceptó llevar su caso por unos 10.000 dólares. Les ayudó a conseguir permisos de trabajo temporales, pero luego dijo que necesitaría más dinero para tramitar su caso de asilo, detalles que el abogado confirmó en una entrevista. La pareja llamó a varios servicios jurídicos de caridad, pero nadie respondió. “Estábamos perdiendo la esperanza”, contó la esposa de Durán.

En las semanas posteriores, los Durán se dedicaron a preguntarle a todo migrante con el que se cruzaban si su abogado podía incluir a un cliente más. Finalmente, un migrante paisano llamó a su representante legal y abogó por la pareja.

Ese abogado, Jeff Peek, revisó el caso y aceptó llevarlo; también convinieron un plan de pagos. “Durán tiene un caso contundente y me emociona representarlo y argumentar a su favor”, dijo Peek.

Su próxima cita está programada para este verano.

“Esta vez, tendremos a un abogado de nuestro lado”, afirmó Durán. “No estaremos desamparados en el tribunal”.

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