Algunos representantes del Gobierno de Estados Unidos anunciaron en Bogotá su apoyo financiero a los programas en Colombia que buscan prevenir el consumo de drogas y que promueven el “uso de alternativas a la encarcelación” por delitos menores relacionados con las drogas.
“La visión del Gobierno de Estados Unidos sobre el uso de sustancias es que debe ser abordado desde su contexto más amplio. Una estrategia de drogas debe ser integral y basada en evidencias que hayan demostrado que funcione”, aseguró el secretario adjunto de la oficina de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de Ley, Todd Robinson.
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Se trata de un nuevo enfoque a los programas contra el narcotráfico, que atajan el problema de las drogas desde un punto de vista sociosanitario, ya que “cuando hay consumo problemático se incrementan los problemas de salud pública (...) e inseguridad”, dijo el representante, que forma parte de una misión del Gobierno de Estados Unidos que visita el país andino tras la investidura de Gustavo Petro como presidente.
Por ello, anunció tres programas en los que colaborarán junto a los ministerios de Salud y de Justicia, con un presupuesto de US$2 millones, y que se enfocarán, los dos primeros, en evaluar los programas de tratamiento a drogadicciones. El tercero estará dedicado a la reducción de la demanda de drogas, con capacitaciones para los profesionales en adicciones, “para que mejoren el tratamiento en esta materia e implementen mejores prácticas para prevenir el consumo”. “Queremos trabajar en estrategias conjuntas para reducir el estigma del consumo y asegurarnos que más personas reciben el tratamiento adecuado”, dijo Robinson.
Buenas prácticas
Por su parte, el médico Rahul Gupta, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, aseguró que están enfocados, tanto en Estados Unidos como en Colombia, en la “prevención y el tratamiento de problemas de drogas y adicciones, y en los esfuerzos para dar alternativas a la encarcelación”.
“Es el momento de atajar la adicción y el tráfico de una forma comprensiva”, aseguró Gupta, quien aseveró que quieren apostar por invertir en tratamiento, medicación, servicios psicosociales y apoyos terapéuticos para bajar las altas tasas de jóvenes (y menores) en prisión por asuntos menores relacionados con las drogas. De ese modo, los representantes aseguraron que por cada dólar invertido en prevenir el consumo, se ahorran 18 dólares en problemas derivados.
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Por su parte, unos magistrados del Tribunal Superior de Cundinamarca, en Bogotá, les enseñaron una audiencia de seguimiento de un programa de justicia restaurativa en el que algunos menores de edad, con cargos relacionados con las drogas, son apoyados desde la Justicia para ayudarles en el proceso de prevención y adicción.
“Con estos programas de transformación personal logran que los adolescentes -y esperamos que trascienda a los adultos- que tengan conflictos con la ley se transformen, no reincidan y se puedan incorporar a la comunidad”, aseguró el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Max Alejandro Flórez.
El Gobierno de Gustavo Petro prometió un enfoque diferente al problema de las drogas, con una posición sociosanitaria, que incluye, incluso, la legalización de algunas sustancias, como la marihuana, saliéndose de las medidas punitivas, la persecución y la erradicación forzada de cultivos, que creen que no ha sido una solución efectiva.
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