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La Fiscalía de Estados Unidos inició formalmente el juicio contra Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de México. Dentro de sus acusaciones, el ente judicial señala a García de haber colaborado con el “Chapo” Guzmán a transportar cocaína a la jurisdicción norteamericana.
Tras iniciar la selección de 12 jueces que lleven a cabo el proceso, Estados Unidos mantiene que García conspiró “con miembros del cartel de Sinaloa para exportar y distribuir droga (...) entre 2011 y 2012″, según indicó la agencia AFP. García se convierte en el exfuncionario mexicano de más alto cargo en pasar por la justicia de EE. UU.
“Es el caso judicial más explosivo desde la caída de el “Chapo”, informó el diario El País.
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De acuerdo con las acusaciones, García participó en la distribución de 53 toneladas de cocaína desde México hasta Estados Unidos. Además, los cargos que la Fiscalía pretende llevar a juicio consisten en demostrar que García rindió declaraciones falsas para solicitar, en 2018, la nacionalidad estadounidense. En total, García enfrentará tres cargos de narcotráfico y un cuarto por declaraciones falsas.
García Luna fungió como el jefe de Policía de México en el gobierno del expresidente Felipe Calderón, que estuvo frente al ejecutivo entre 2006 y 2012. Desde 2001, el exsecretario de Seguridad “se convirtió en miembro de la conspiración del cartel de Sinaloa”, indicó AFP.
Según informa la Fiscalía, su papel consistió en ayudar a “no interferir en el tráfico de droga, informar de operaciones policiales, detener a miembros de carteles rivales (de Sinaloa) y colocando a otros funcionarios corruptos en puestos de poder”. A cambio, García recibió “millones de dólares”, asegura este órgano.
El juicio contra García
El primer paso que llevó a cabo la justicia de Estados Unidos fue la selección del jurado que decidirá la culpabilidad o inocencia de García. Este proceso de escoger a los jueces se llevó a cabo esta semana en Nueva York. De acuerdo con EFE, “400 personas fueron convocadas” para elegir “los 12 encargados de juzgar este caso”.
Así pues, tanto la defensa (de García Luna) como la Fiscalía deberán proponer la lista de candidatos que consideren “aceptables” para llevar a cabo el juicio.
Cabe mencionar que la persona que dirigirá el proceso será el juez Brian Cogan, el mismo funcionario que presidió los cargos contra Joaquín “El Chapo” Guzmán y lo condenó a cadena perpetua. Cogan será quien decida cuáles serán los demás jueces que lo acompañen en el proceso.
“Está previsto que los miembros del jurado permanezcan en el anonimato, aislados del público general y que sean escoltados por alguaciles. Por razones de seguridad”, indicó Cogan desde el año pasado.
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En caso de ser hallado culpable por los cargos, García podría enfrentar una pena que oscila entre 10 años de prisión o la cadena perpetua en una cárcel de EE. UU. El exsecretario de Seguridad lleva detenido desde diciembre de 2019 en una prisión de Dallas, Texas (Estados Unidos).
García Luna, un hombre “poderoso”
El exfuncionario “no solo fue el hombre más poderoso en temas de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, sino que fue un aliado de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) y de Joaquín “Chapo” Guzmán”, expuso Peniley Ramírez, periodista de la AFP. Su nombre fue detectado por la justicia norteamericana desde 2018, año en que se llevaba a cabo el juicio contra “El Chapo”.
Uno de los testigos es Jesús “Rey” Zambada, exmiembro del cártel de Sinaloa, quien contó que había entregado al exfuncionario en un restaurante maletas con entre seis y ocho millones de dólares en sobornos entre 2005 y 2007.
Este “hombre humilde que salió millonario” cuando concluyó su mandato, “tenía el apoyo del gobierno mexicano y del gobierno estadounidense”, aseguró Ramírez. “Tenía motivos para creer que nunca le iba a pasar nada”, agregó.
Cuando dejó el gobierno de México en 2012, se radicó en Estados Unidos.
El papel de la DEA
La defensa, dirigida por el abogado César de Castro, solicitó el 10 de enero al juez que le permita presentar pruebas de las reuniones de García Luna con responsables del gobierno estadounidense, así como “felicitaciones y premios” que recibió de Estados Unidos “por sus esfuerzos en combatir los cárteles de la droga mexicanos”.
“En este caso, las pruebas de la estrecha relación del Sr. García Luna con las fuerzas de seguridad estadounidenses y legisladores es muy relevante”, señaló el abogado.
A la fecha, México registra más de 340.000 homicidios, la mayoría atribuidos a las organizaciones criminales, desde el lanzamiento de la polémica ofensiva antidrogas de Felipe Calderón en diciembre de 2006 con participación de fuerzas militares.
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“No se ha hablado lo suficiente de cuánto sabía la DEA de las supuestas actividades criminales de García Luna ni cuándo lo supo”, sostiene Ramírez, quien se pregunta “por qué el gobierno estadounidense siguió confiando en él y durante tantos años a pesar de que había muchas pistas de que algo andaba mal”.
El actual gobierno de México, que ha pedido su extradición a Estados Unidos, también acusa a García Luna de desviar más de 200 millones de dólares del erario hacia empresas de su familia.
En septiembre de 2021 la administración de Andrés Manuel López Obrador presentó una demanda a Estados Unidos para recuperar activos de García Luna en ese país.
Además de García Luna, otro juicio de alto perfil también por cargos de narcotráfico aguarda al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en principio a partir de septiembre.
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