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El ataque en contra de la prensa en Panamá se ha convertido en un motivo de “preocupación” para Estados Unidos. A través de un comunicado, la embajada de EE. UU. en el país norteamericano expresó que “los ataques contra los medios de comunicación” son “parte de una alarmante tendencia” que se viene dando desde hace algunos años.
En el texto, la embajada hace referencia a que en Panamá se ha utilizado “la ley para intimidar a los medios” de comunicación. Además, dijo que estos actos de acoso contra la prensa y los periodistas “priva al ciudadano de su derecho de estar informado”.
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El comunicado de la embajada se da días después de que Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU., anunciara sanciones en contra del exmandatario Ricardo Martinelli por haber estado “implicado en importantes casos de corrupción”. Incluso desde Washington se prohibió la entrada de Martinelli “luego de que intentara secuestrar bienes del medio digital Foco y de personas allegadas a esta publicación, por lo que ni él ni sus “familiares cercanos” son elegibles para entrar a territorio estadounidense.
Vemos con preocupación los ataques contra los medios de comunicación en Panamá, parte de una alarmante tendencia. Cuando se usa la ley para intimidar a los medios, se priva al ciudadano de su derecho a estar informado. La #LibertaddePrensa es esencial para una democracia próspera pic.twitter.com/kxax4k4VXK
— U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) February 9, 2023
“Cuando a usted le hacen toda clase de cuestionamientos falsos, tendenciosos, malintencionados, uno tiene que reaccionar, uno qué hace, ¿pone el otro cachete? Uno usa lo que permite la ley (...) y que prueben lo que han dicho”, manifestó Martinelli al canal panameño Telemetro.
Aunque no hay sentencia judicial, la ley panameña permite el allanamiento de bienes previo a la presentación de una demanda.
Sin embargo, por distintos motivos legales, los abogados de Martinelli no lograron los secuestros, aunque sí ocuparon instalaciones del antiguo domicilio de su director y residencia de sus hijos.
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Varios dirigentes políticos y gremios periodísticos criticaron estas acciones de Martinelli, que tiene intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2024.
“Esto simplemente es una manera más de amedrentar, Martinelli busca que no se informe los señalamientos de corrupción que han hecho contra él”, señaló a la AFP Mauricio Valenzuela, director de “Foco”.
Martinelli y dos de sus hijos están imputados en Panamá por presunto cobro de sobornos a la empresa brasileña Odebrecht, además de otros escándalos de corrupción.
Por el caso Odebrecht los hijos de Martinelli cumplieron una condena en Estados Unidos tras declararse culpables de cobrar comisiones millonarias. Sus abogados señalaron al exmandatario de haberlos inducido a cometer los delitos.
“Nosotros tenemos más de 30 querellas penales interpuestas por Martinelli y personas allegadas a él, y todas se las ha ido cerrando el ministerio público por ausencia de delito”, dijo a la AFP, Annette Planells, cofundadora de “Foco”.
“Esto es evidentemente una persecución, el uso del sistema judicial para amedrentar, pero nosotros no vamos a parar de seguir denunciando la corrupción”, añadió.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció en el octubre pasado durante su 78 Asamblea General que el acoso judicial, con demandas millonarias contra medios y periodistas, además de medidas discrecionales del Gobierno, son la principal amenaza a la libertad de prensa en Panamá.
Entre otros, la SIP citó el caso del medio digital Foco que, precisó, ha sido querellado penalmente por calumnia e injuria en 26 ocasiones desde 2019.
La mayoría de estos expedientes contra el medio digital fueron archivados de manera provisional o definitiva por el Ministerio Público, excepto seis de ellos, por lo que enfrenta demandas por US$510.000, dijo la SIP.
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La Corporación La Prensa (Corprensa) enfrenta por su parte 12 demandas civiles por presuntos daños y perjuicio por calumnia e injuria por un total de US$44 millones, señaló la SIP en el informe de octubre pasado.
La SIP recordó que, en el ámbito civil, la legislación de Panamá permite que, ante un proceso por daños y perjuicios, el demandante pueda promover el congelamiento de activos de los medios o el secuestro de su administración, aun cuando no se haya dictado sentencia a su favor.
Ante esta realidad, “se ha expresado en distintos foros y reuniones con autoridades judiciales, la necesidad de eliminar el delito penal de calumnia e injuria y establecer límites a los montos que se reclaman en demandas civiles, vetar el secuestro de activos y que se pueda solicitar la caducidad de la demanda tras un periodo en que el caso no tenga avance en los tribunales”.
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